Exigen que sea revocado el auto de libertad de los integrantes de la UPOEG acusados de secuestro

*Pide el abogado José Sánchez Sánchez a la Codehum medidas cautelares para la agraviada, Romana Campos Vega. Demanda al gobernador, Ángel Aguirre Rivero que no intervenga a favor de la organización dirigida por Bruno Plácido Valerio

La víctima de privación ilegal de la libertad por parte de integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Romana Campos Vega y su abogado, José Sánchez Sánchez, informaron que solicitaron la revocación del auto de libertad que el juez Leoncio Molina Mercado dictó el pasado 18 de este mes para nueve personas.
Sánchez Sánchez dijo que también solicitó medidas cautelares a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para proteger la vida de la afectada; mismas que esperan empiecen a surtir efecto a partir de hoy lunes; y pidió al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, no intervenga porque a la UPOEG le dan todas las facilidades y a la CRAC la persiguen y hostigan.
En conferencia de prensa, Campos Vega contó como fue privada de su libertad el 4 de junio, cuando se dirigía a la escuela. Estuvo cautiva durante 12 días, e incluso dijo que ha recibido amenazas de muerte en su teléfono, porque los reconoció a pesar de que el día que la secuestraron le rociaron gas en los ojos para que no los distinguiera.
Campos Vega explicó que el grupo de policías encabezados por Maximino Moreno Acuña, la mantuvieron retenida en la comunidad de Mazatlán, en Chilpancingo; y después la llevaron a Xaltianguis, en Acapulco; que pedían 3 millones de pesos a su familia para que la liberaran y que negociaron en 200 mil pesos y las escrituras de su casa.
Aseguró que durante su estancia sufrió abusos deshonestos y el corte de cabello, además de ser amenazada con causarle daño, hasta que la liberaron el 18 de junio en el poblado Kilómetro 48, municipio de Acapulco; además que le preguntaron por su medio hermano, “yo les decía que estaba desaparecido, todos los que estaban ahí me manosearon”.
“En Mazatlán estuve cuatro días, no me dejaban ir al baño, no me daban de comer, al cuarto día le hablaron a mi mamá, quien les dijo que tenía 50 mil pesos para darles, ellos dijeron que era una miseria y que no se lo iban aceptar, entonces decidieron moverme de lugar, eran las 3 de la mañana, quinto día y me llevaron a Xaltianguis donde estuve siete días”, dijo.
Agregó que la fueron a dejar en el poblado Kilómetro 48 y le dijeron que después de media hora se quitara la venda para que no los fuera a ver, cuando escuchó el arranque de la camioneta se quitó el trapo, vio que era una camioneta Explorer o una Cherokee, que empezó a caminar hasta llegar a carretera y se subió a un taxi donde unas señoras la ayudaron.
“Nos hablaban y nos amenazaban que nos iban a desaparecer, a mi familia y a mí si no retirábamos la denuncia sobre ellos, hay grabaciones, incluso que ellos dicen que no piden el dinero, hay grabaciones donde el pide el dinero y las escrituras de mi casa, a mi hermana también la amenazaban con matar a su hijo y esposo, que los tenían en la mira” dijo.
La agraviada dijo que hay temor porque eso lo hacían cuando estaban presos, pero ahora que los dejaron en libertad el miedo aumenta; y consideró que el motivo de su secuestro fue para pedir dinero, porque negociaron con 200 mil pesos, más las escrituras que no entregaron porque intervino la Policía Ministerial del Estado.
El abogado aseguró que el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio presionó al gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero para que dejaran en libertad a los integrantes de la UPOEG, o de lo contrario efectuarían bloqueos carreteros en el estado.
Reprochó que el juez otorgó libertad en 72 horas a pesar de los indicios que había, que eran “suficientes” para que siguieran en la cárcel, recordó que no valoró las declaraciones de los inculpados que confesaban el ilícito, porque según el juez no había delito ni pruebas.
“Ni un juez puede atreverse a hacerlo si no es por el mandato del Ejecutivo o de la mano que mece la cuna, indigna porque en algunos medios quieren tergiversar la supuesta relación de un medio hermano de ella que se dice que pertenece a la delincuencia organizada, suponiendo que así fuese, que lo investiguen y detengan al hermano”, indicó.
Detalló que “apelamos el auto de término ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y vamos a exhibir las pruebas para que este auto de término sea revocado y encarcelen como debe ser a esas personas, porque se acredita el cuerpo del delito y la probable responsabilidad a criterio del Ministerio Público y de la defensa”.
Abundó que “la señorita Romana ha sufrido amenazas de muerte, como decimos en las denuncias expresivas, en las pancartas, es paradójico que la UPOEG, que inicialmente surgió en Ayutla, ya estaba la CRAC, se dividieron, pero había una tranquilidad en la población”, dijo, pero “ahora resulta que los salvadores son los verdugos del pueblo”.
Sánchez Sánchez cuestionó que el dirigente de la UPOEG traiga una camioneta blindada, con policías estatales cuidándolo, “¿de qué se trata, yo me preguntó si Arturo Campos traía camionetas blindadas, Nestora Salgado, entonces aquí la justicia y la ley se tuerce, policías malos y policías buenos, por eso decía que los frutos de Colombia se dan en Guerrero”. (Aurora Harrison).