Bloquean marquesanos por una hora el acceso al desarrollo Quinta Real

* A pesar de que el gobernador aceptó pagar 250 millones, ahora nos dicen que sólo nos darán 500 mil pesos en dos partes, se quejan los hermanos César y Eugenio Palma Salinas, quienes se dicen propietarios 

Maricela Santos * El gobernador René Juárez Cisneros empezó negociaciones con marquesanos que se dicen propietarios del terreno donde está gran parte del desarrollo Punta Diamante, justo cuando en más de dos ocasiones ha abordado públicamente el problema de los adeudos relativos a éste, el cual promete incluir en su próximo informe de gobierno.

Quienes se dicen herederos del sitio donde está el desarrollo ayer colocaron piedras sobre la carretera y con un machete empezaron a desbrozar el área que pretenden lotificar hoy a seguidores, con el argumento de que son herederos del terreno y pueden dárselo a quien mejor les convenga.

César y Eugenio Palma, acompañados por una veintena de personas, colocaron las piedras a las 11:30 horas de ayer, pero como una hora después llegaron tres policías preventivos las retiraron.

En tanto, sus seguidores seguían con el desbroce de una zona donde hay una leyenda que, con letras naranjas, dice que el predio es propiedad de César Sabino Palma.

Eugenio Palma señaló que el martes a las 13:30 horas se entrevistaron en Casa Guerrero, en Chilpancingo, con el gobernador Juárez Cisneros, quien luego de aceptar y mostrar su disposición para cubrir el adeudo delegó la reunión al secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve; el secretario de Finanzas, Rafael Acevedo Andrade, y el secretario de Seguridad Pública, Luis León Aponte.

El disgusto de los Palma Salinas –que los hizo decidirse a repartir una hectárea del terreno, la cual no concretaron ayer porque no llegó suficiente gente a apoyarlos– fue porque los funcionarios estatales ofrecieron pagar 500 mil pesos en dos partes, cuando el gobernador había hablado de darles hasta 250 millones, como dicen que consta en un audio que tienen guardado y que podrían exhibir próximamente.

Narró que la reunión la programaron luego del desencuentro que tuvieron con el gobernador el 18 de febrero, cuando el mandatario quitó con sus propias manos las piedras que tenían atravesadas los Palma Salinas, y una treintena de seguidores que exigen la solución de una sucesión testamentaria por el valor de los terrenos que se expropiaron cuando se creó Punta Diamante, en donde se ubican el hotel Quinta Real, Villas Cactus y el condominio Oceanic, así como trabajos previos de obras proyectadas por Grupo Mexicano de Desarrollo, como la Marina Majahua.

Eugenio Palma dijo que cada hectárea en Punta Diamante tiene un valor de 35 millones de pesos, y que ellos son herederos 70 hectáreas y media que le expropiaron a César Sabino Palma cuando se planeó Punta Diamante, “y por lo tanto el gobierno nos debe una millonaria suma de dinero”.

Aseguró que el hecho de que los funcionarios mostraran “cerrazón” en las negociaciones cuando el gobernador “mostró apertura”, los hace pensar que quieren “jinetear el dinero” o “quedarse con su mochada”.

El 18 de febrero, los Palma Salinas bloquearon el acceso al complejo turístico Quinta Real, pero en esa ocasión el gobernador retiró las piedras y –de acuerdo a la versión de los que presenciaron aquel desencuentro– mostró copias de dos cheques que entregó a César Sabino Palma Salinas, como pago por los terrenos que alegan suyos.

Luego de reunirse el martes con los hermanos Palma Salinas y tomarse una foto con ellos, el gobernador tocó el tema de Punta Diamante en una entrevista que concedió un par de horas después, con presentadores de noticias de las estaciones radiofónicas de Acapulco. Adelantó que en su tercer informe de gobierno tocará “el problema” del libramiento Acapulco, en Punta Diamante, así como las deudas millonarias del orden de los 736 millones de dólares que tiene el gobierno estatal con empresas, tanto en Tres Vidas como en Punta Diamante.

Del asunto habló también en Zihuatanejo, donde detalló que en Punta Diamante, “las empresas” que allí participaron piden que se les liquiden unos 600 millones de pesos aproximadamente, y que considera injusto que los asuma su administración.