Que investigue el gobierno el asesinato del policía comunitario para evitar un enfrentamiento, pide Eliseo

*La tortura a los integrantes del grupo contrario de la CRAC de San Luis Acatlán fue porque los que los detuvieron se “alteraron” al ver a un compañero muerto, justifica. Se deslinda del Cecop porque “de manera equivocada se están coordinando con el grupo armado de Abad”

Mariana Labastida

El coordinador de la Casa de Justicia paralela a la matriz de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y al gobernador Ángel Aguirre Rivero que investiguen el asesinato del policía comunitario Felipe Lorenzo Salinas para evitar un enfrentamiento con el “grupo armado”, como llamó a quienes son afines al coordinador Abad García García.
Exigió al gobierno del estado que intervenga porque fueron engañados por el subsecretario de Asuntos Políticos, Misael Medrano Baza, cuando confiaron en su justicia al entregarle a los detenidos que tenían como responsables del homicidio y los dejaron en libertad.
Reiteró que él y los que lo apoyan son la única Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) reconocida, y que esta avalada por las autoridades de 120 comunidades que firmaron la petición para que el gobierno del estado respete sus derechos, les den el recursos correspondiente a seguridad y que inicie el proceso de credencialización para que el Ejército y la Marina les permitan transitar armados de una comunidad a otra.
En conferencia de prensa en Acapulco, acompañado de la coordinadora Adelaida Hernández, Villar Castillo pidió que no quede impune el homicidio, que se investigue y “se aplique la ley al grupo armado de civiles que representa Abad García García”.
Al preguntarle si no es contradictorio que siendo un sistema de seguridad y justicia estén pidiendo que una instancia de gobierno estatal sea la encargada de la investigación, Villar Castillo dijo que tienen la capacidad para hacerlo pero que en esta ocasión daría motivo a un enfrentamiento armado por el desconocimiento que existe de la otra parte a ellos.
El coordinador recordó que detuvieron a diez personas, entre ellos “supuestos” coordinadores, consejeros y policías comunitarios del grupo de Abad García, “los que tuvieron que ver en la muerte del policía comunitario caído”.
Acusó que el gobierno del estado tiene “mucha culpabilidad” de darse un enfrentamiento por el incumplimiento de los acuerdos que hicieron con Medrano Baza dejando en libertad a los detenidos una vez que fueron entregados.
Por lo que dijo Villar Castillo fueron engañados cuando confiaron en la justicia del gobierno, “es por esto que exigimos al gobierno que tome cartas en el asunto para evitar un enfrentamiento armado entre nosotros porque no es el propósito de la Policía Comunitaria” sino el de dar seguridad con paz “y no en enfrentamiento como ellos lo están haciendo”.
De la acusación de tortura de los integrantes del grupo de Abad García a él, Villar Castillo justificó los golpes que recibieron los detenidos porque los policías comunitarios que los detuvieron se “alteraron” al ver un compañero muerto, “pero en ningún momento los privaron de la vida, fuera como fuera están regresando con su familia pero nuestro compañero jamás lo hará”.
Argumentó que el grupo de Abad García está asesorado por “los profesionistas en mentir Pablo Guzmán, Valentín Hernández y Sabás Aburto y otros más” que dijo “manejan muy bien a los medios” y están haciendo lo posible por desmentir el delito del homicidio de Felipe Lorenzo.
Del acuerdo del grupo de Abad García para recuperar la Casa de Justicia matriz, Villar Castillo reiteró que por eso están pidiendo al gobierno estatal y federal que “tome cartas en el asunto porque no pueden permitir a un grupo de homicidas así se siga organizando y transitando armados libremente en el municipio de San Luis Acatlán”.
Recordó que hay una denuncia de él contra el otro grupo por la agresión a su persona, y advirtió que si les permiten regresar a la Casa de Justicia entonces ellos tomarán la justicia por su mano.
De la petición del arzobispo de Acapulco, Carlos Garfías Merlos de que se priorice el diálogo para resolver la división en la CRAC, Villar Castillo dijo que “a estas alturas no vamos a permitir ningún diálogo con ellos porque la vida no se negocia ni la justicia tampoco”, agregó que estuvieron abiertos al diálogo en un principio pero no se dio y ahora “no vamos aceptar porque no hay como remediar la muerte de un policía comunitario”.
Enfatizó que el grupo de Abad García está apoyado por la minoría de los pueblos de San Luis Acatlán, reiteró que él fue nombrado con otros coordinadores en la asamblea regional con integrantes de las casas de justicia de San Luis Acatlán, El Paraíso, Zitlaltepec y Cochoapa, que no puede haber dos CRAC, “hay una sola y la representamos nosotros porque tenemos 120 comunidades coordinando”.
Puntualizó que están trabajando con base en el reglamento interno de la Policía Comunitaria y respaldados por la Ley 701 del estado.
También exigió al gobierno del estado que entreguen el recurso que corresponde a seguridad para su sistema que es de un millón de pesos mensuales, además de que se inicie el proceso de credencialización para que sean respetados los policías comunitarios por las fuerzas armadas del Estado.
En otro tema, el coordinador volvió a deslindarse del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), “claro que reconocemos que es una ciudadanía organizada defendiendo sus derechos, por ahora no están coordinando con nosotros, de manera equivocada se están coordinando con el grupo armado de Abad y por eso nos deslindamos de la lucha que encabezan”.