Esperan que la CIDH resuelva medidas cautelares urgentes a favor de Nestora

*Un incidente de libertad abierto en los juzgados de Tlapa podría ser la vía para su liberación, afirma la abogada Alejandra Gonza

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría resolver en cualquier momento una solicitud de medidas cautelares para la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, recluida en una prisión federal en Tepic, Nayarit, luego de que el Estado mexicano rindió su informe del caso y los representantes de la luchadora social entregaron sus observaciones, informó la abogada Alejandra Gonza.
En consulta telefónica desde Estados Unidos, la abogada informó que en conjunto con la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, también solicitaron un pronunciamiento del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, por la detención ilegal de Salgado García en un amplio operativo militar en agosto de 2013, y están en espera de la resolución.
Reconoció que el proceso puede ser lento, pero implica presión para las autoridades mexicanas, porque el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, declaró hace dos días su disposición para alcanzar su liberad mediante un acuerdo político.
Destacó que en la reunión con diputados federales y el gobernador se acordó otro encuentro el próximo lunes con los abogados en México de Salgado García, para discutir con representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado la situación que guarda el proceso penal.
Recordó que hace dos meses se interpuso un incidente de libertad en los juzgados de Tlapa, para que los jueces locales tomen en cuenta los argumentos del Juzgado de Distrito, donde se le exoneró del delito de delincuencia organizada por secuestro, de lo que fue acusada en el fuero común.
Confió en que esta sea la salida jurídica del acuerdo con el gobernador.
De la solicitud de medidas cautelares en la Coidh, explicó que como aún no ha sido sentenciada ni se han agotado los recursos legales internos, pidieron medidas de protección inmediata por las condiciones de reclusión, lejos de su familia y sin posibilidades de ver a sus abogados.
Aclaró que no es un proceso contencioso, sino de medidas cautelares, para que la pongan en libertad y la lleven a un hospital para una valoración médica y psicológica, porque presenta problemas de salud por consumir agua sucia, por el aislamiento en la prisión y porque no tiene interacción social significativa.
Además, señaló que su traslado inmediato a un penal federal en Nayarit, luego de su detención en Guerrero por delitos del fuero común, le impidió recibir visitas de su familia durante cuatro meses, y a la fecha no ha podido entrevistarse con sus abogados.
Recordó que en noviembre de 2013, la familia de Salgado García contactó a la clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle y comenzó el análisis sobre su aprehensión ilegal, la brutalidad con que fue detenida y el aislamiento al que la sometieron para evitar que tuviera una defensa.
Indicó que en diciembre solicitaron medidas precautorias, y la Coidh requirió más información sobre su estado de salud, que fue muy difícil de documentarlo porque no podían obtener un certificado médico de la prisión, así que reunieron información a través de los servicios consulares que la visitaron en prisión, por su doble nacionalidad.
Añadió que el Estado mexicano solicitó una prórroga para responder a la COIDH, y hace dos días los abogados entregaron sus observaciones al informe del gobierno de México.
Sin embargo, señaló que hay muchas líneas de trabajo abiertas para obtener su libertad, pues en Guerrero organizaciones sociales también están discutiendo con las autoridades estatales la posibilidad de una Ley de Amnistía para liberar a presos políticos.
Subrayó que la detención de Nestora Salgado tiene un origen político, por la aprehensión del síndico del municipio de Olinalá por parte de la Policía Comunitaria, que se negaron a liberar a petición del gobierno del estado, porque no lo iban a procesar por los delitos de los que estaba señalado.
Confió en que el lunes las autoridades estatales den prioridad al caso de Salgado García, entre otros integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) detenidos en penales federales, porque su proceso penal está muy avanzado.
Por otro lado, el esposo de Salgado García, José Luis Ávila, indicó que ella sigue en las mismas condiciones de reclusión, “en ratos parece que tratan de mejorar y luego vuelve a lo mismo, no le dan medicamentos, no le permiten su terapia de columna, sigue en una celda que tiene la luz encendida todo el día”.
Recordó que está en trámite su traslado a un penal en el Distrito Federal para que esté más cerca de su familia, pero no quieren que la lleven a Guerrero porque desconfía en el sistema penitenciario estatal.
Sobre su estado anímico, indicó que a ratos se muestra tranquila, pero vive en la incertidumbre, se pregunta por qué si hay avances importantes en el proceso legal, campañas políticas en Estados Unidos y en México, además de las acciones de protesta por su libertad, sigue prisionera.