Buscan impedir que se investigue la verdad de la guerra sucia: Afadem

* La organización de familiares de desaparecidos afirma que advirtió a la Fiscalía que el testigo Zacarías Barrientos Peralta corría peligro

El asesinato del testigo Zacarías Barrientos Peralta es una muestra de que los autores de la guerra sucia en Guerrero pretenden impedir que se investigue la verdad, afirman la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de las Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), y seis organizaciones no gubernamentales más.

En una carta dirigida al presidente Vicente Fox, al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Anders Kompass y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las ONG se refieren al asesinato del campesino de El Rincón de Las Parotas, ocurrido el miércoles 26 de noviembre en esa comunidad de la sierra de Atoyac.

Zacarías Barrientos Peralta, en los años 70 había actuado como informante del Ejército para reprimir a campesinos presuntamente vinculados a la guerrilla de Lucio Cabañas. Voluntariamente se había acercado a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, para dar sus testimonios sobre casos de desaparecidos, y en este mes de diciembre iba a ampliar sus declaraciones.

Según la Afadem, el asesinato tuvo por objeto impedir que (Barrientos Peralta) atestiguara e identificara a algunos de los criminales responsables de la guerra sucia.

Señala: “El asesinato de Zacarías Barrientos Peralta es expresión de que los criminales de la guerra sucia siguen activos como criminales de lesa humanidad y genocidio, y con este nuevo crimen se pretende impedir averiguar la verdad respecto a toda la era genocida que hemos mencionado. Este nuevo acto de lesa humanidad es un reto a la ley, al gobierno, al Estado de derecho y es una demostración de fuerza para aplastar a quienes estamos interesados en que se hagan las investigaciones judiciales respectivas, para conocer la verdad sobre la guerra sucia, y este nuevo crimen demuestra que el genocidio está activo, continuado, presente y amenaza hacia el futuro y es un esfuerzo para impedir que el pueblo mexicano ejerza y goce sus derechos humanos”.

La Afadem pide a los destinatarios de la carta su intervención para que se investiguie este asesinato, que –afirma– está ligado a los otros crimenes de lesa humanidad ejecutados en la guerra sucia.

Además, plantea que en México “requerimos de una adecuada legislación, que refleje ampliamente las disposiciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Desaparicion Forzada aprobada por las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992”.

Afirman: “Ese nuevo crimen demuestra que hay continuidad en la serie de crímenes de la guerra sucia y por lo tanto no se puede alegar prescripción, puesto que los criminales organizados continúan ejecutando sus delitos para impedir la investigación y por otro lado que los escribas pretendan que no hay crímenes de lesa humanidad, sino simplemente asesinatos”.

Además de la Afadem firman la carta El Barzón, Movimiento Juridico Nacional; el Consejo Nacional de Derechos de la Mujer; Frente Mexicano Pro Derechos Humanos; Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera; Poder Ciudadano; Movimiento Social-Organización Ciudadana Independiente y Consejo de Comerciantes Alvaro Obregón.

La Afadem había pedido a la Fiscalía protección para el testigo, afirma

Antes, en una carta enviada al presidente Fox el primero de diciembre, la Afadem informó sobre el testigo asesinado:

“Zacarías Barrientos, era habitante de la Atoyac de Alvarez, Gro., privado ilegalmente de la libertad por el Ejército federal mexicano, torturado y obligado a vestir uniforme militar, lo llevaban a retenes, cárceles clandestinas, para que señalara a supuestos disidentes del Estado, durante dos años.

“La Afadem en compañía de la Fundación Diego Lucero, de Graciela Mijares y Antonio Hernández fuimos claros al decirle al fiscal Ignacio Carrillo Prieto que era necesario que les dieran protección a los testigos porque estamos enfrentando a delincuentes dentro de la estructura del Estado, y en el caso de Zacarías Barrientos en reiteradas ocasiones se le dijo al Lic. Pontón y a la Sra. Landa que no era conveniente que lo entrevistaran en su casa, que era necesario llevarlo a declarar a Acapulco o la Ciudad de México, porque corría peligro”.

Con este asesinato, afirma, “nuevamente se demuestra la mala fe de la Fiscalía y la total indefensión en que se encuentran los familiares, los testigos y los denunciantes de los crímenes cometidos por el Ejército federal mexicano, las policías judiciales federal y estatal y sus órganos paramilitares”. (De la Redacción)