Pide el Congreso protección a testigos y aclarar el caso de Zacarías Barrientos

 * Acuerdan por unanimidad enviar la demanda a Fox, al gobernador, a las autoridades militares, y a las civiles * La perredista Adela Román y el priísta Elías Salomón demandan castigar a los responsables de la guerra sucia

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Los diputados del  Congreso del Estado demandaron ayer al presidente Vicente Fox Quesada que “pongan a disposición de las autoridades civiles a los generales Francisco Humberto Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite, para que respondan por los delitos que se les imputan con motivo de la detención ilegal, secuestro, tortura, desaparición forzada o asesinato de ciudadanos mexicanos que luchaban por la justicia y la democracia en los años 70.

Además exigen a las autoridades federales y estatales proteger y dar garantías de ley a los ciudadanos dispuestos a denunciar y testificar acerca de los delitos cometidos en contra de movimientos sociales y políticos del pasado.

Y solicitaron el esclarecimiento del asesinato del ciudadano Horacio Zacarías Barientos Peralta, ejecutado el miércoles de la semana pasada en la sierra de Atoyac de Alvarez.

Fue el diputado de Convergencia, ex miembro de la guerrilla de Lucio Cabañas, Félix Bautista Matías, quien en la sesión logró el consenso de los coordinadores parlamentarios del PRI, PRD, PAN, PRS y PT (el del PVEM no acudió a la sesión) para presentar su punto de acuerdo como una postura del Congreso del Estado, dirigido al presidente Vicente Fox; al secretario de la Defensa Nacional, Clemente Ricardo Gerardo Vega; al procurador general de Justicia Militar, Jaime Antonio López Portillo Robles Gil, a quienes hacen la petición de poner a disposición de las autoridades civiles a los dos generales procesados por narcotráfico y homicidio.

Además, piden al presidente Fox; al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón; al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha; al fiscal Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto; al secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero; y al presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, que den la protección a los ciudadanos que decidan declarar sobre crímenes del pasado.

En tanto, al gobernador René Juárez; al secretario general de Gobierno, Luis León Aponte; al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez; al procurador general de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero y al presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Juan Alarcón Hernández, les piden que intervengan para dar seguridad y protección a los guerrerenses que denuncien o testifiquen en contra de quienes intervinieron en la detención de luchadores sociales y esclarezcan el crimen del testigo, Zacarías Barrientos Peralta.

En este asunto intervinieron los diputados del PRD y PRI para dar su postura sobre el tema.

Los represores siguen asesinando; la Fiscalía, un fracaso: Adela Román

Con lágrimas por los recuerdos, la diputada perredista Adela Román dijo en tribuna que el asesinato de Horacio Zacarías Barrientos es una muestra de que “los emisarios de la represión, siguen presentes, persiguiendo y asesinando en una especie de prolongación de la guerra sucia”.

Consideró que así como nació la Fiscalía Especial para investigar el asunto de los desaparecidos y a los responsables “ha sido un fracaso, porque tal parece que nació para proteger a los delincuentes de aquella guerra sucia, a los criminales de hoy y al gobierno de siempre, el gobierno que asesina y masacra al pueblo”.

Dijo que el asesinato de Horacio Zacarías es a todas luces una señal de evitar el esclarecimiento de la desaparición forzada de Jacob Nájera.

Afirmó que la decisión de la SCJN de declarar que no prescriben los crímenes del pasado, revive la esperanza de saber el paradero de los desaparecidos, y lanzó: “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”

Recordó a sus familiares desaparecidos: Bedo Ríos Ocampo y Agustín Ríos Ocampo, detenidos y desaparecidos, el primero recluido en el cuartel militar en Atoyac.

Ante resultados nulos en las investigaciones, Adela Román cuestionó la eficacia de la Fiscalía Especial y cuestionó si realmente hay voluntad de hacer justicia.

Demandó al gobierno federal y estatal impedir una nueva guerra sucia, “porque Guerrero ha soportado los más cruentos embates de los cacicazgos, del autoritarismo, del atraso”. Por eso reiteró el grito de lucha: ¡Ni perdón, ni olvido!

En tanto que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en nombre de la fracción parlamentaria del PRD, Rómulo Reza Hurtado, dijo que su partido demanda castigo a los responsables de la muerte de Horacio Zacarías Barrientos.

Demandó además que la Fiscalía Especial se maneje con discreción y reserva en los procesos de investigación.

Que se investigue y castigue a quienes desde la Fiscalía Especial o el Tribunal al que fue consignada la investigación actuaron con “irresponsabilidad” al no manejar con reserva la información de que testificaría Horacio Zacarías Barrientos o para permitir la fuga de responsables de las desapariciones como la del comandante de la Policía Judicial del Estado, Isidro Galeana Abarca, Chiro Galeana.

Esclarecer las desapariciones y castigo a los responsables: PRI

Contrario a su postura histórica de oponerse a combatir la impunidad y quizá porque en los años 70 vivió en su pueblo el dolor de los familiares de desaparecidos, sorprendió que del PRI haya subido a tribuna el ex alcalde de Atoyac, José Elías Salomón Radilla, a fijar la postura de su partido.

Dijo que el tema de la guerra sucia “es un asunto de la conciencia nacional que no pueden ignorar”, por eso dijo que “las desapariciones y muerte, por las causas que hayan sido, no se justifican, por el contrario, para los priístas son sucesos lamentables que en ninguna circunstancia compartimos”.

Señaló que el PRI “se pronuncia en contra de todos aquellos excesos que atropellan la dignidad humana…y estamos porque se castigue conforme a la ley a quienes resulten responsables” y exhortó a la Fiscalía Especial a seguir indagando con rigor a fin de que quienes estén dispuestos a declarar, aporten elementos para ayudar a esclarecer ese “oscuro episodio que vivió nuestro estado”.

Y añadió que “en Guerrero significa que la justicia debe actuar, aun tratándose de una política de Estado como lo definió la CNDH, porque al Estado le corresponde velar por la integridad de la sociedad y de las personas, por lo que el monopolio de su poder no le da derecho al abuso ni a los excesos”.

Luego vino la votación del punto de acuerdo y se aprobó por unanimidad.