Condena el gobierno federal el crimen de la reportera de Proceso

Agencia Proceso

Xalapa

Mientras el gobierno federal se sumó a la condena por el crimen de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que abrió una investigación de oficio sobre el caso, al margen de la que realiza el gobierno estatal. En tanto, el gobierno de Veracruz solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que participe en las indagatorias.
Durante un encuentro con el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, el fundador de la revista Proceso, Julio Scherer García, expresó que el crimen de Regina Martínez ocurrió en el clima de descomposición en el estado.
En la reunión, realizada en la casa de Gobierno en Xalapa, el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, señaló que en el estado también ha existido un “ambiente de hostilidad” hacia el semanario.
Como muestra, mencionó la reciente incautación de ejemplares de la publicación en el esta-do.Según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Martínez Pérez, de 49 años, murió alrededor de las 4 de la mañana del sábado, asfixiada y golpeada.
La necropsia determinó que el agresor o agresores le rompieron el maxilar y dos costillas. Los primeros peritajes reportaron la desaparición de la computadora y dos celulares de la reportera.
Hasta la tarde del domingo, la PGJE sólo contaba con la declaración de dos personas que fueron llevadas al Ministerio Público en calidad de presentadas.
Se trata de la vecina que avisó a la policía sobre circunstancias extrañas en el domicilio de Regina Martínez y la de un hombre que eventualmente le hacía trabajos de mantenimiento.
Duarte de Ochoa aseguró que su gobierno solicitó a la PGR, a la CNDH y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que participen como coadyuvantes en la investigación.
Hasta la noche del domingo, la PGR no había respondido. Jaime Sepúlveda, director general del Programa de Agravios a Periodis-tas de la CNDH, informó a Proceso que el organismo abrió de oficio un expediente para hacer su propia investigación.
Explicó que el propósito es verificar que la Procuraduría del Estado integre la averiguación previa como debe ser. Además, la revista Proceso será coadyuvante en las indagatorias.
Por la tarde, un centenar de personas entre periodistas y miembros de organizaciones sociales se concentraron en la Plaza Lerdo de Xalapa, frente al Palacio de Gobierno, para repudiar el crimen. Reunidos a un lado de las escalinatas de la catedral, criticaron al gobierno de Duarte por el asesinato de tres periodistas en lo que va de su administración, que inició en enero de 2011
Ayer por la tarde, la Secre-taría de Gobernación indicó en un comunicado que la muerte de la periodista representa un atentado a la libertad de expresión y a los derechos humanos.
Agrega que el gobierno federal “lamenta y condena enérgicamente el asesinato de la periodista Regina Martínez”.
El comunicado indica que el gobierno de la República tiene plena disposición para colaborar, en caso de ser necesario, en las investigaciones que realicen las autoridades de Veracruz.
En este sentido, la Segob aseguró que estará pendiente del desarrollo de las indagatorias del caso. La dependencia señala que funcionarios de la Secretaría establecieron contacto ayer con los familiares de la periodista para externarles las condolencias del titular, Alejandro Poiré, y del gobierno federal por tan condenable hecho.
Piden comisión

En reunión con el gobernador Javier Duarte, el director fundador de Proceso, Julio Scherer García, el director, Rafael Rodríguez Castañeda, y Salvador Corro, director de información, solicitaron la integración de una comisión especial para investigar el homicidio de la periodista Regina Martínez, ocurrido el sábado pasado.
Las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos, así como personal de la revista Proceso, se sumaron a la investigación por el asesinato de su corresponsal en Veracruz.
Por acuerdo, intervienen las comisiones de Derechos Humanos y se espera la respuesta de colaboración de la Procuraduría General de la República (PGR).