Rafael Aréstegui

 SEG: urge la solución  

Hacía mucho tiempo que no se presentaba una movilización como la llevada a cabo el jueves pasado en la capital del estado. La respuesta de rechazo al plan de austeridad de la SEG nos muestra con claridad la negativa de las organizaciones sindicales a que sean los trabajadores los que paguen los costos de una administración incorrecta del presupuesto educativo.

El presupuesto educativo en el estado alcanza el monto de 9 mil 200 millones de pesos, de los cuales se destinan al pago de salarios el 97 por ciento y el 3 restante se destina al gasto corriente de la Secretaría.

En mayo, el secretario de Educación en el estado, el Contador Público Daniel Pano, en comparecencia ante el Congreso local manifestó que la situación en la dependencia que dirige era favorable; cuatro meses después declaró la quiebra de la dependencia, declaración que posteriormente fue rectificada.

Un primer elemento de análisis del problema nos muestra la incapacidad del contador en su ramo, no es posible que en mayo no hubiera detectado el déficit, como contador falló y si lo había detectado y lo ocultó, faltó a la verdad e incurrió en responsabilidad que amerita sanción legal.

Si  la pregunta que se formula uno del porqué, se colocó a un contador en una Secretaría tan compleja, que tiene como gran responsabilidad la tarea de remontar el rezago educativo del estado que nos tiene en los últimos lugares del desarrollo educativo del país, fuera por su alta capacidad administrativa, lo cual se ha puesto en entredicho, queda la duda de cuál fue entonces el criterio que se tomó para su designación.

En su declaración de quiebra, el secretario atribuyó la responsabilidad a las corrientes  sindicales, a los partidos políticos, a los dirigentes y a los normalistas que insensatamente pretenden trabajar como docentes después de haber estudiado para maestros. En la lógica del secretario, quizás deberían solicitar empleo como soldados, dedicarse al comercio ambulante o irse de mojados al otro lado de la frontera y contribuir con el envío de dólares a aliviar la deteriorada economía familiar de cientos de hogares que hoy tienen al menos un familiar trabajando en Estados Unidos.

Sería bueno que el contador revisara las cifras de cobertura educativa en el estado para que se diera cuenta que hacen falta escuelas y maestros, y que la necesidad de educación y el déficit educativo en la entidad es mucho mayor que las finanzas de su dependencia.

Si existen, como se afirma 6 mil 500 plazas que fueron otorgadas sin contar con presupuesto para ello, es un problema serio y más serio si de ellas 4 mil están comisionados para realizar labores partidistas. Algunas fuentes nos señalan que el dispositivo electoral para asegurar un resultado favorable al partido en el gobierno, descansa en una estructura profesionalizada a cargo de la nómina de la dependencia. Si así fuera ello ameritaría juicio político a los responsables de un monstruoso fraude y de un daño irreparable a la educación en el estado.

Por ello, la marcha que llevaron a cabo los sindicatos y los normalistas, lejos de ser una molestia a los ciudadanos es la expresión más significativa de la sociedad en rechazo a una política educativa no sólo deficiente, sino también incapaz administrativamente y se puede presumir, sumida en la corrupción.

La transparencia que se demanda no puede tener otra solución que la de llevar a cabo una auditoría operativa, que en cada escuela y centro de trabajo verifique que las plazas asignadas son reales y se están laborando, pero también se hace necesario revisar las cuentas de la administración del gasto corriente, se presume también un exceso de gastos en celulares, viáticos, alimentos y bebidas, etc.

La auditoría debe necesariamente ser externa y de confirmarse las acusaciones que existen los funcionarios que estén involucrados deben ser sancionados, la claridad del manejo del gasto educativo en un estado que ocupa los últimos lugares en casi todos los indicadores, no puede por ningún motivo esconderse, las voces que se han alzado en contra de la corrupción en la SEG deben de ser escuchadas, atendidas y la respuesta debe darse de manera pública.

La sospecha de que exista un aparato electoral financiado a costa del erario, debe ser motivo de preocupación de todos los partidos y del mismo IFE. La auditoría académica administrativa externa, con carácter operativo, que incluya revisión de nómina de confianza y análisis del ejercicio del gasto corriente no sólo es correcta; es obligada para limpiar desde ya el camino de lo que se anuncia como el proceso electoral más competido de toda la historia electoral contemporánea en el estado de Guerrero.

Si a la Universidad Autónoma de Guerrero el Congreso le ha exigido cuentas claras y la institución ha entregado informes a la Auditoría General del Estado, lo menos que se puede esperar es que la auditoría que se demanda por la comisión de la verdad también se lleve a cabo.