Presenta un policía judicial queja ante la Codehum contra la PGJE

* Me arraigaron 30 días por el asesinato del industrial Félix Alfredo Bello, dice Sulpicio López Lozano

Jorge Nava * El agente judicial Sulpicio López Lozano presentó ayer una queja en la Codehum contra funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por su privación ilegal de la libertad tras haber sido arraigado por 30 días en el mes de mayo pasado.

Al agente se le arraigó junto con su compañero Francisco Martín Vértiz Lara en el mes de mayo pasado por estar acusado del asesinato del industrial de la masa, Félix Alfredo Bello Navarrete, ejecutado por presuntos narcotraficantes de cinco balazos en la cabeza la madrugada del 4 de mayo.

Tras ser liberado López Lozano, el 19 de junio pasado, dijo que su detención fue “un complot de la delincuencia organizada debido a que los deudos son familiares del secuestrador Juan Carlos Miranda Castro, sobrino del ex comandante fugitivo Víctor Castro Valente, ambos ex judiciales acusados de secuestros”.

Los ex comandantes de la PJE Víctor Castro Valente y Fortunato Zamora Paz, y el ex jefe de grupo Juan Carlos Miranda Castro, enfrentan una orden de aprehensión girada por la juez cuarto de lo penal, Leonor Arroyo Mojica, por el delito de secuestro en agravio del comerciante de Tixtla, José Rodríguez Román, ocurrido el 6 de julio del 2000, quien hasta la fecha continúa desaparecido, dijo el liberado.

Al ser entrevistado en ese entonces al término de su arraigo, Sulpicio López también acusó al agente del Ministerio Público de la colonia Jardín Azteca, Mario López Dorantes, de “corrupción”, por haber recibido la declaración de “un testigo comprado”, e indicó que sus abogados analizan una posible contrademanda.

En tanto, el agente Francisco Martín Vértiz Lara se limitó a agradecer que “se imponga la razón y que prevalezca la justicia y el estado de derecho aun para los humildes como nosotros”, y al procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, por permitirles defenderse.

En esa ocasión el director general de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Fernando Monreal Leyva, en conferencia de prensa dijo que los agentes fueron liberados y exonerados del asesinato, porque el día del crimen, Sulpicio López custodiaba al entonces arraigado Rogelio Gómez Torrescano en la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio.

Abundó que el otro agente, Vértiz Lara, el día del asesinato estaba de guardia en la comandancia de la PJE del sector Jardín.

Pero lo más importante, destacó el funcionario, es que el testigo de calidad de Adela Navarrete Salas, madre de la víctima, el taxista Eddie Ramírez García, se retractó y reveló a las autoridades que le pagaron cuatro mil 500 pesos para acusar a los dos policías de haber participado en el asesinato.

Por ese antecedente, el agente judicial se quejó en la Coordinación Regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), porque señaló que después de advertir de que denunciaría a todos aquellos que lo involucraron en la muerte de Bello Navarrete, el comandante Ricardo Camacho Mondragón, y otros lo amenazaron de fabricarles delitos por medio de la PGJE.

Sulpicio López y Vértiz Lara fueron arraigados el pasado 18 de mayo en las habitaciones 5 y 6 del hotel Villa Nirvana, ubicado en el corredor turístico de Pie de la Cuesta. Pero el miércoles 18 de junio, por la tarde, el secretario de Acuerdos del juzgado quinto, Vicente Guerrero Ramos, levantó el arraigo y fueron liberados.

En ese entonces, el testigo de los deudos, el taxista Eddie Ramírez, solicitó a la Procuraduría de Justicia “protección y auxilio”, pues la madre del molinero y cuatro hombres lo amenazaron de muerte porque se retractó de su acusación contra los judiciales, y dijo que incluso le pidieron que regresara el dinero.

Tras obtener su libertad, Sulpicio López solicitó al procurador Jesús Ramírez Guerrero que “vea qué hacer con el agente del MP Mario López Dorantes, corrupto; no debe estar en la corporación porque mancha su papel y el de los agentes”.

Molesto, Sulpicio López consideró que su detención se explica porque “las agraviadas, Adela Navarrete y Claudia Sotelo, tienen parentesco con Juan Carlos Miranda Castro, a quien hemos perseguido porque tiene orden de aprehensión por secuestro, y ese es el coraje de ellos, porque en la Jardín no pudieron estar tranquilos mientras nosotros trabajamos”.

Agregó que “nosotros mismos detuvimos a Agustín Miranda Castro, hermano del secuestrador, con una orden de aprehensión por robo a transeúntes, quitándole celulares y cinco mil pesos a una señora de 50 años; este es el complot que nos pusieron, y son los consejeros de la madre y la viuda”.

Luego dijo que el ex comandante prófugo Víctor Castro es tío de Juan Carlos y Agustín Miranda Castro, quienes enfrentan una orden de aprehensión junto con el ex comandante Fortunato Zamora Paz  por el secuestro del comerciante José Rodríguez Román.