* Cuauhtémoc Sandoval Ramírez *

Guerrero a la venta en la Bolsa de Valores

Este martes 2 de septiembre, el gobierno de René Juárez Cisneros ha consumado un acto anticonstitucional, al colocar en la Bolsa Mexicana de Valores un segundo paquete de Certificados de Participación Ordinarias (CPO), por un monto de 479.9 millones de pesos de la deuda pública del estado de Guerrero. El primer paquete se colocó el 16 de mayo del presente año por un monto de 859 millones de pesos, lo cual acumula la cantidad de mil 338.9 millones de pesos.

El miércoles 3 de septiembre, la oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado inundó de espacios pagados en la prensa nacional con fotos de René Juárez y anunciando que “Bursatiliza Gobierno de Guerrero su deuda pública”, con diferentes redacciones, según el periódico que se trate, destacando las bondades de esta acción financiera, cuyos recursos servirán para financiar “actividades productivas y combatir la pobreza”, así como un “hospital de especialidades en Chilpancingo”.

En estas gacetillas pagadas, se evitó informar tres hechos severamente cuestionables: por un lado, en caso de que prospere una controversia constitucional que se debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declararía inconstitucional el refinanciamiento vía Mercado de Valores, de la deuda de entidades gubernamentales estatales y municipales, ya que viola los artículos 73 y 74 de la Constitución, se demandaría la “amortización anticipada”, que dicho en palabras coloquiales, se cobrarían a “lo chino” y por lo tanto se cobrarían con las participaciones federales que se destinan a Guerrero.

Tampoco se informó que 160.8 millones de pesos se destinarían a la deuda de la Promotora Turística (Protur), encargada de la promoción y venta de los terrenos en Punta Diamante, que todos sabemos es un gigantesco fraude. O sea, que es falso que estos recursos se vayan a destinar a “diversas obras de beneficio social”, sino a pagar con los recursos de los guerrerenses, la poca transparente operación financiera de esta urbanización turística.

En tercer lugar, sin ningún recato se informa que esta cantidad se bursatilizó a un plazo de 12 años, eso si se agrega, “con tres años de gracia, ubicándose como una de las emisiones de mayor plazo y monto en el mercado de valores nacional”. La pregunta que surge de inmediato, es de por qué René Juárez Cisneros y su gobierno, ya en la parte final de su mandato, asume compromisos que no le competen. Digámoslo con todas las letras. Si a partir del 1º de abril, se instala un nuevo gobierno del PRD en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, será quien asumirá las consecuencias de esta errónea y anticonstitucional decisión del actual grupo gobernante en nuestro estado.

A este asunto, me referí en un artículo publicado en El Sur, “Guerrero en la Bolsa de Valores”, (viernes 22 de agosto de 2003), donde señalaba que esta decisión del gobierno priísta guerrerense, estaba en perfecta armonía con los lineamientos de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional quienes diseñaron un programa de descentralización fiscal y financiera que establecería una estructura de mercado de la deuda pública subnacional similar a la que ya existe en Estados Unidos y en los países desarrollados,

Esta conducta es compartida por los gobiernos priístas y panistas de los estados de Guerrero, México, Chihuahua, Nuevo León, Morelos, Hidalgo y Veracruz, así como por los municipios de Aguascalientes, Garza García, Zapopan, Monterrey, Guadalajara y Tlanepantla quienes ya han bursatilizado su deuda por un monto de más de 10 mil millones de pesos.

Lo más paradójico es que al mismo tiempo que el gobierno de Guerrero se pavoneaba y se ufanaba de esta anticonstitucional medida, se publicaban dos noticias atribuibles a las famosas empresas calificadoras como Merrill Lynch y la empresa holandesa ING, quienes dan certificados “de buena conducta”, o dicho en términos tecnocráticos “grado de inversión” que quiere decir que un país, empresa y en este caso el gobierno de Guerrero tienen la categoría de “muy fuerte capacidad de pago”.

Por un lado, Merill Lynch  desde Nueva York nos informaba que “no tiene una razón poderosa para tener una visión más constructiva sobre México”, ya que nuestro país ha tenido un desempeño insuficiente y demorado en el progreso de las reformas estructurales, y en parte, por “la debilidad del peso”.

En otra información, otra empresa calificadora, la ING-Comercial América protestó por la decisión de un juez mexicano por su decisión de asegurar sus cuentas bancarias por 300 millones de dólares, suma que le debe por indemnización a la empresa agrícola Fertinal, por un desastre en sus empresas en Baja California Sur, por un ciclón que azotó ese estado en el año 2001. Esta valiente decisión de un juez de Morelos se basa en que la ING alteró las pólizas para no pagarle a Fertinal, o dicho en pocas palabras le ha “chicaneado” la indemnización por el paso del huracán Juliette en la península bajacaliforniana.

Y aquí cabe una pregunta: ¿Cuánto cobraron las seis empresas calificadoras de las que presume el gobierno del estado de Guerrero por los certificados de buena conducta o de buena paga? Existe la información proporcionada por el Colegio Nacional de Economistas, de que estas empresas cobran el 10%, que de ser ciertas se adjudicarán por sus certificados que deben estar en las oficinas de Rene Juárez, enmarcadas a todo lujo, la nada despreciable cantidad de 144 millones de pesos.

El 5 de mayo de 1997, por invitación de la ING-México, participé en mi calidad de diputado federal en un debate en Miami, Florida, para una evaluación, en aquel entonces, de tres años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del cual como es conocido, el PRD ha sido un crítico, tanto en su diseño, como su puesta en marcha. Me preguntaron, si me atrevía a plantear en una reunión internacional de la ING nuestros argumentos en contra del TLCAN, a lo cual accedí sin ninguna duda.

Posteriormente, cuando fungí como senador de la República, constantemente recibí las visitas de los representantes de estas empresas calificadoras, cada vez que se discutían los aspectos financieros del presupuesto de la Nación, de tal modo que he podido seguir su actuación tanto en México como en el extranjero. Por ejemplo, estas mismas empresas calificadoras otorgaron todo tipo de certificados, hasta el último día antes de la quiebra, a la gigantesca empresa estadounidense energética, la Enron, sabiendo claramente que era una empresa quebrada y en plena bancarrota.

En síntesis, se ha consumado un cuantioso fraude al pueblo de Guerrero, al someter a los vaivenes del mercado, de la Bolsa Mexicana de Valores, los exiguos recursos de los guerrerenses. Hace algunos años, el entonces secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, les prometió a los inversionistas japoneses, que la “generación del cambio” como se autollamaba el equipo salinista, gobernaría hasta el año 2024. Hoy se asumen compromisos financieros a 12 años, como si el mismo equipo va a seguir gobernando Guerrero, y no hubiera elecciones de por medio, en las cuales el pueblo de Guerrero tendrá la última palabra.

Ha sido un error que la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local haya aprobado esta antipatriótica decisión. Sin embargo, se puede subsanar, uniendo nuestra voz, a quienes ya han planteado lo anticonstitucional de esta medida y evitar que en lo sucesivo se hipoteque el futuro de los guerrerenses.

 

[email protected]