Aprueba el Congreso una ley para atender a los desplazados “por diversas causas”

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la nueva ley para prevenir y atender el desplazamiento interno en el estado, aunque en ningún momento hubo un reconocimiento expreso de que el problema es generado por la violencia causada por grupos criminales.
Ayer los 35 diputados asistentes a la sesión aprobaron la iniciativa que el petista Jorge Salazar Marchán presentó al pleno el 7 de enero de este año.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos que él preside y posteriormente el 20 de marzo el gobernador Ángel Aguirre Rivero envió la iniciativa de ley para la prevención y atención de los desplazados en el estado de Guerrero.
Ambas iniciativas del mismo tema llegaron a la Comisión de Derechos Humanos y ayer se presentó el dictamen por el que se aprueban las normas jurídicas orientadas a proteger a las personas desplazadas dentro del estado.
En tribuna Salazar Marchán recordó que en los últimos años en Guerrero “un número importante de personas se han visto obligadas a dejar su lugar de residencia habitual por diversas causas que son ajenas a su voluntad, abandonando no sólo su patrimonio sino también poniendo en riesgo la vigencia de sus derechos más elementales como lo es la vida y su seguridad jurídica”.
No se mencionó en el Congreso local que la causa por la que se generan los desplazamientos internos en Guerrero es la inseguridad y la violencia provocada por los grupos de la delincuencia organizada, pero la iniciativa sí menciona a comunidades de municipios que han tenido crisis de inseguridad, como Coyuca de Catalán, Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan y Pungarabato, en la región de Tierra caliente.
También Coahuayutla, La Unión y José Azueta, en la región de Costa Grande.
Salazar Marchán mencionó otras poblaciones de la región Norte, como Teloloapan, Apaxtla de Castrejón y Cuetzala del Progreso, “por mencionar sólo algunas poblaciones que se han visto amenazadas por este fenómeno social”.
El motivo de la nueva legislación es la “problemática de reciente surgimiento” en Guerrero, para incorporar derecho positivo estatal que permita conocer las condiciones objetivas de los desplazados, “ya que a la fecha no existen registros fidedignos sobre la cantidad de personas en esta situación, tampoco se cuenta con un padrón oficial que nos indique realmente estadísticas o cifras oficiales certeras sobre las personas afectadas en situación de desplazamiento interno”.
Porque dijo que institucionalmente el problema es abordado de manera parcial por diversas “organizaciones públicas y sociales”, sin mayor coordinación e intercambio de información, lo que insistió hace complejo su análisis y estudio, sin embargo, existen condiciones que “nos hablan de la presencia, recurrencia e incluso de la inevitabilidad del desplazamiento interno”.
En los asuntos de trámite en correspondencia se notificó al pleno de la recepción de dos denuncias de juicio político y su respectiva ratificación, promovidas por la ciudadana María Felícitas Sáenz Colín y la otra por Faustino Bustos López, en contra del presidente municipal y el síndico procurador de Taxco, Salomón Majul González y Oscar Díaz Aranda.
También se informó que el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, envió al Poder Legislativo la iniciativa de ley orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Verónica Muñoz Parra, convocó la próxima sesión para mañana jueves y clausuró la sesión, lo que provocó molestia entre algunos diputados como el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, que desde su lugar pidió que se citara para hoy miércoles, porque en la Comisión de Gobierno no se había acordado el cambio, pero no fue atendido su llamado y sólo hubo risas y gritos.