Ponen a disposición del MP a cuatro policías por la muerte del detenido

 * La ley responsabiliza al juez calificador de la integridad física de los arrestados en los separos

 Jorge Nava * Mientras que  los cuatro agentes de la Policía Preventiva que detuvieron al cajero general del hotel Avalón Excalibur, José Manuel Rodríguez del Castillo, que falleció durante la madrugada del jueves en los separos de la SPyV, fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Sector Central, la Codehum anunció que inició una queja por su muerte; en tanto su familia pidió que se castigue a los responsables.

Al Servicio Médico Forense (Semefo) acudió la familia de Rodríguez del Castillo, originario de Guanajuato y quien llevaba radicando 20 años en el puerto con su hermano.

Al ser entrevistado por reporteros, Eduardo Rodríguez del Castillo pidió castigo para los responsables de la muerte de su hermano.

Explicó que se enteró de la muerte de su hermano porque su mamá le llamó por teléfono desde Guanajuato para informarle que su hermano murió.

Afirmó que desconoce los hechos y que su hermano era adicto a beber alcohol, sin embargo pidió que se castigue al o los culpables y que la averiguación previa Tab/I/0844/2003 no se deje archivada.

Por la mañana a petición del agente determinador del Ministerio Público del Fuero Común, la Secretaría de Protección y Vialidad puso a su disposición a los policías Raymundo Lorenzo Leyva, Angel Hernández Almazan, Carlos Alberto de la Cruz Herrera y Jesús Hernández Miranda.

Los policías al ser entrevistados se dijeron inocentes de la muerte del ciudadano, además revelaron que no querían dar entrevistas porque su jefe operativo, Humberto Hernández García, se los pidió.

Al respecto, el agente determinador de la Primera Agencia del Ministerio Público (MP), Enrique Gil Mercado, indicó que los cuatro detenidos quedaron a su disposición como probables responsables del delito de homicidio y abuso de autoridad.

Aclaró que cuentan con 48 horas para que en el transcurso de ese tiempo se declare si son o no responsables de esos delitos.

Agregó que incluso llamará a declarar al jefe operativo de la Policía Preventiva, Humberto Hernández García.

Aseguró que el caso no será cerrado porque se va a investigar y que por el momento la averiguación previa se encuentra en la etapa de aportación de pruebas.

Las declaraciones de Antonio Valenzuela

El secretario de Protección y Vialidad, Antonio Valenzuela Valdez, lamentó el hecho porque argumentó que “hay que cuidar la vida humana”.

Señaló que están dando las garantías al MP, las facilidades, porque están “interesados en que se aclare la situación”.

Describió que están preocupados desde que hicieron el parte informativo porque quieren que se cumpla la ley, desde el momento en que fue detenido Rodríguez del Castillo.

Detalló que la dependencia a su mando investiga los hechos también desde el lugar donde tomó licor Rodríguez del Castillo, si tuvo algún problema, si fue golpeado por un vehículo, “algún indicio”, resumió.

Habló de que se pusieron a disposición del MP, a los cuatro agentes “preocupados de que se cumpla la ley”.

Planteó que tras este hecho, al que calificó de “lamentable”, buscará la manera de cuidar más a la gente que se encuentre en estado de ebriedad.

Afirmó que no encubren a nadie porque acatará a lo que le solicite el MP, para el esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, el coordinador regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Eusebio Saldaña Moreno dijo que se inició desde ayer una queja de oficio porque en los hechos “hay violaciones a sus derechos humanos” del occiso.

Invitó a los familiares de Rodríguez del Castillo a fin de reunir y aportar más datos para que puedan aclarar esta situación.

Luego de exponer que durante todo el tiempo el organismo ha pugnado por la erradicación de la tortura, que es “más empleada por la Policía Judicial”, pero asintió que en esta ocasión nos “inconforma” porque subrayó que “no se había dado” esa situación.

Sin embargo recordó que hace un año una familia se quejó porque agentes de la Policía se excedieron en la detención de uno de sus familiares quien falleció.

Observó que dentro de la dependencia hay un área de Derechos Humanos –puesta en marcha desde la administración zeferinista–, la cual dijo está a cargo de Mariana Orozco, con quien mantiene coordinación.

Saldaña Moreno reveló que “no le dan mucha importancia a esa jefatura, porque no le dan el realce que merece, el apoyo”.

Especificó que el apoyo de ese departamento es para identificar a los policías preventivos por quienes se ha presentado alguna queja.

Criticó que encuentran resistencia por parte de “superiores” de la funcionaria Mariana Orozco, para que se desenvuelva profesionalmente y pueda haber resultados positivos.

No sin descalificar el “mal comportamiento” de la policía, Saldaña Moreno consideró que esto depende de sus superiores, porque hay casos en los que los ciudadanos son extorsionados.

Sugirió que debe haber un supervisor en la policía que vigile a los agentes, porque este problema “se agudiza”.

Lo que dice El Bando de Policía y Buen Gobierno

De acuerdo con el Bando de Policía y Buen Gobierno, en su capítulo II, de la Policía Municipal, expedida por el ex presidente municipal 1980, René Juárez Cisneros, en el artículo 63, se señala que los centros de detención municipal, estarán a cargo de un juez calificador, auxiliado por el número de policías suficientes para la custodia de los detenidos.

En el artículo 64, se indica que el juez calificador al recibir a una persona consignada, hará constar en el Libro de Ingresos de Detenidos, el nombre de la persona de que se trate, su domicilio y demás generales, hora y lugar, infracción o delitos cometidos, nombre y número del agente policiaco que lo haya remitido y observaciones análogas.

En tanto en artículo 65, se agrega que los jueces calificadores deberán impedir el maltrato de los internos en los centros de detención a su cargo. Asimismo está prohibido introducir en ellos armas, bebidas embriagantes, drogas, enervantes y otros artículos restringidos por la ley, dando parte a las autoridades correspondientes en caso de enfermedad o lesiones de los detenidos.