El caso El Sur, periódico de Guerrero

 Dinero, cerrazón informativa y demandas legales contra la libertad de expresión

 1. Subsidios encubiertos

Desde su surgimiento, en mayo de 1993, el El Sur ha sufrido agresiones del gobierno de maneras diversas, como la obstaculización en la circulación, pero la más frecuente es mediante el manejo de contratos de publicidad.

En un estado de los más pobres de México, como Guerrero, los principales anunciantes que demandan espacios para insertar su publicidad en los medios, y que indebidamente se transforma en un tipo de subsidio, son los organismos gubernamentales.

Es la publicidad la principal fuente de ingresos de los medios, y aquí se vuelve determinante para la vida o las condiciones en que se desarrolla una publicación la obtención de contratos de publicidad gubernamental.

Por lo general, éstos se otorgan no por el número o las características de los lectores ni por su influencia o su importancia social, sino por las afinidades con los gobernantes que manejan a su conveniencia los recursos públicos destinados a los medios, pues no existe reglamentación en esa materia.

Este manejo vulnera la libertad de expresión de los medios que son excluidos de los recursos procedentes de contratos de publicidad, con lo que el gobierno trata de aniquilarlos económicamente, y también de los medios que tienen esos contratos, que se vuelven un instrumento de control del gobierno sobre lo que se publica en ellos, o caen en la autocensura.

El Sur, que desde su nacimiento tuvo lectores, no tuvo publicidad del gobierno, que además, por su peso disuasivo, determina que otros anunciantes se alejen.

Los gobiernos estatales de los últimos diez años en Guerrero actúan como si al comprar espacios para anunciarse compraran también su línea editorial.

Actualmente El Sur vive una de sus crisis recurrentes provocadas por esta política.

En septiembre de 2002, el gobierno del estado suspendió los pagos a El Sur correspondientes a anuncios publicados desde julio, y desde ese momento eliminó sus inserciones pagadas en este periódico.

Fue una respuesta a la cobertura de las campañas políticas para las elecciones municipales de octubre, en las que se pusieron en evidencia los métodos arcaicos de compra de votos en favor del PRI, partido político al que pertenece el gobernador, René Juárez Cisneros, con recursos públicos, principalmente en Acapulco, donde por segunda ocasión ese partido perdió el gobierno municipal.

Para sobrevivir, el periódico se vio obligado a reducir gastos, recortar una tercera parte de sus trabajadores, reducir salarios comenzando por los directivos, y buscar otras fuentes de ingresos.

La empresa que edita El Sur, Información del Sur, S.A de C.V., presentó una demanda ante los tribunales contra el gobierno de Guerrero para el pago de los adeudos facturados.

No es propio de la democracia que el gobierno utilice los recursos públicos que destina a medios de comunicación para influir o determinar lo que se publica, las condiciones en que se desarrollan los medios o su misma existencia.

El resultado de esta política es la existencia de empresas periodísticas que se desarrollan porque responden a los intereses del gobierno, que se caracterizan por la permenente autocensura y, por otra parte, la práctica inexistencia de espacios en los que se informa de manera independiente y se ejerce la libertad de expresión. 

Demandas al relator:

–Establecer un mecanismo de seguimiento y observación de este caso y otros similares.

–Recomendar fórmulas legales para hacer transparente el manejo de los recursos públicos destinados a los medios de comunicación.

2. Cerrazón informativa

En Guerrero, instancias gubernamentales federales y estatales obstaculizan con frecuencia el acceso a la información de los periodistas e impiden el acceso de reporteros a sitios oficiales donde se generan noticias.

Los casos más frecuentes se dan en sitios donde está el Ejército, realizando labores que de acuerdo con la Constitución no corresponden a la institución castrense, como la vigilancia, espionaje y el acotamiento en áreas donde supuestamente hay presencia de grupos guerrilleros, retenes en caminos, o la ejecución de órdenes de aprehensión, como ocurre en el área donde se desarrolla el movimiento ambientalista que se expresa en la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.

Son frecuentes los casos de negación del acceso a lugares donde se generan noticias. Uno de tantos ejemplos ocurrió el 11 de febrero de este año, cuando se impidió la entrada a la residencia oficial del gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, al reportero de El Sur, Zacarías Cervantes, y otros reporteros, para la cobertura de un acto público relacionado con el combate a los incendios forestales, a pesar de que la invitación había llegado a las redacciones por conducto de una institución del gobierno federal.

Otro caso, el primero de abril también de 2003, en la comunidad de Banco Nuevo, sierra de Petatlán, efectivos militares trataron de impedir que la reportera Maribel Gutiérrez tomara fotografías de un retén en la entrada del pueblo, acto que vulnera el derecho al libre tránsito de los campesinos y es contrario a la Constitución, y en cambio, en un acto con claros fines intimidatorios, los militares grabaron con cámaras de video y en audio a la reportera. 

Demandas:

–Proponemos establecer un sistema de observación de quejas que los afectados hagan llegar al relator.

3. El secreto de las fuentes y denuncias penales

Es cada vez más frecuente el llamado de los agentes del Ministerio Público a reporteros a declarar dentro de expedientes de investigaciones penales, sobre notas publicadas.

Muchas veces estos citatorios son para que el reportero revele sus fuentes de información, que por razones de seguridad piden el anonimato.

Un caso es el de la reportera y editora de El Sur, Maribel Gutiérrez, que después de la publicación el 5 de junio de 2002, de la versión de un testigo que dio informes sobre el asesinato de la abogada Digna Ochoa, fue citada a declarar por la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de Justicia del DF, en colaboración con la Procuraduría General de Justicia de Guerrero.

Los citatorios para declarar fueron hechos por medio de la presencia intimidatoria de policías judiciales en la redacción de El Sur en Acapulco.

El 11 de junio de 2002 la reportera fue citada como “testigo” a la agencia del MP de Acapulco, a petición del agente del MP de la Procuraduría General de Justicia del DF sobre el caso Digna Ochoa.

El interrogatorio en principio era para que revelara el nombre, domicilio y datos del testigo anónimo que dio una versión sobre el asesinato de la abogada. Pero al final de un interrogatorio de 94 preguntas hay algunas que se refieren al trabajo de la reportera: “¿Qué comunidades de la sierra ha visitado usted y con qué fin? , ¿qué información buscaba usted en esas comunidades?”

El 24 y 28 marzo de 2003, nuevamente fue citada a declarar en el mismo expediente.

Con la asesoría de la abogada Adriana Carmona, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Huamanos, por escrito, la reportera pidió que le fijaran nueva fecha, lo que la Procuraduría del DF ya no hizo.

Los citatorios a declarar en averiguaciones penales, además de vulnerar el derecho al secreto de las fuentes, son manejados como una forma de inhibir el trabajo de los reporteros en problemas relacionados con expedientes de investigaciones o juicios abiertos.

Por el mismo trabajo acerca de una versión sobre los sicarios que asesinaron a la abogada Digna Ochoa, la reportera Maribel Gutiérrez fue denunciada ante la Procuraduría General de Justicia de Guerrero por el ex presidente municipal de Petatlán y presidente de la Asociación Ganadera Regional de Guerrero, Rogaciano Alba.

La Procuraduría abrió el expediente DGAP/059/2002, el 27 de junio de 2002, contra Maribel Gutiérrez, con la denuncia de hechos de Rogaciano Alba, por los delitos que resulten.

El 17 de marzo de 2003 la indiciada solicitó por escrito al procurador general de Justicia del Estado, Jesús Ramírez Guerrero, decretar el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, la averiguación sigue abierta.

 Demandas:

–Recomendar que se legisle para garantizar el derecho de los periodistas al secreto de las fuentes, y que la labor informativa no sea objeto de demandas penales.   

* Presentado por el director, Juan Angulo, en reunión de periodistas con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Eduardo A. Bertoni, el 20 de agosto en Chilpancingo.