Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan*

   Guerrero, lejos de la libertad de expresión

 El estado de Guerrero presenta indicadores sociales alarmantes; pobreza extrema en sus siete regiones económicas,  migración masiva de jóvenes, campesinos y maestros a Estados Unidos, desempleo galopante (ocupaba en 1990 el segundo lugar nacional después de Zacatecas), analfabetismo en las zonas rurales y suburbanas, monolingüismo en las regiones indígenas, población altamente desinformada, que no tiene posibilidades para acceder a la información a través de algún medio de comunicación;  agricultura de bajos rendimientos, economía fincada en el sector terciario, campesinos sin tierra, conflictos agrarios añejos, regiones incomunicadas, inseguridad pública, violencia endémica, cacicazgos regionales y estatales, impunidad, corrupción, militarización y   casos graves de violaciones a los derechos humanos como  tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

Estos rezagos nos  hablan de un régimen autoritario que lleva más de setenta años en el poder, en nuestro estado, y que se acostumbró a manejar las leyes de manera discrecional y  a utilizar los recursos financieros como parte del patrimonio del partido oficial.

Hay un gran abismo entre las normas internacionales que protegen los derechos humanos y el marco jurídico estatal. A pesar de las cifras altas sobre casos de tortura que han sido constatadas por el relator de la Organización de Naciones Unidas contra la tortura, hasta la fecha en Guerrero no existe el delito de tortura. Tampoco se ha tipificado el delito de desapariciones forzosas, no obstante de que existen en nuestro estado mas de quinientos desaparecidos,  conforme a los datos de sus familiares que desde hace mas de treinta años siguen demandando justicia y la presentación de sus hijos, sus hermanos y esposos.

Recientemente el congreso local aprobó una ley que atenta contra las libertades fundamentales consagradas en nuestra constitución. Sin consultar a la ciudadanía y sin tomar en cuenta  el sentido profundo de las normas internacionales que buscan el respeto absoluto a los derechos humanos, se aprueba una modificación al código penal del estado para que se  tipifique como delito cualquier manifestación o protesta que recurra  a la obstrucción de vías de  comunicación, calles o toma de edificios. En el fondo se busca criminalizar al movimiento social de Guerrero que no ha encontrado los espacios  adecuados para ser escuchados y atendidos y para manifestar sus reclamos y exigencias de justicia y respeto a los derechos humanos.

Sabemos también de una iniciativa de ley denominada “ley de transparencia y de acceso a la información” propuesta por el partido acción nacional que solo circula en los cubículos de los diputados,  evitando que  la ciudadanía la conozca  y que mucho menos cuestione y participe. El nombre de esta iniciativa nos indica la visión que se tiene sobre  la libertad de expresión  que se entiende como una concesión graciosa del gobierno que decide los mecanismos de control y toma de decisiones y no la ve como un derecho pleno del que gozamos todos los ciudadanos y ciudadanas. 

Si tomamos en cuenta que México de por si se ubica dentro de los siete países que  cuentan con un marco jurídico atrasado, en materia de comunicación, lo que sucede en nuestro estado en cuanto al derecho a la información, nos puede ubicar   por debajo de lo que pasa en Libia, Irak, Katar y Cuba.

La guerra sucia de los años setenta que se incubó en Guerrero y que cobró centenares de víctimas, es un acontecimiento doloroso que las autoridades federales y estatales en turno se han empeñado en ocultar la verdad y no se comprometen, ni apoyan a las víctimas  para que los responsables sean castigados. La fiscalía especial creada para investigar estos delitos está muy acotada y  muy  acorralada jurídica, política y financieramente, además de la falta de confianza  de los familiares de los desaparecidos.

Este conflicto político-militar marcó en las autoridades federales y estatales, un modo de abordar y atender  las actuaciones del ejército. Se ha restringido la información sobre el papel que desempeña el ejército en las regiones pobres de México y del Estado. Las autoridades militares se niegan de manera sistemática a brindar información sobre acontecimientos dolorosos en los se encuentran involucrados, como la matanza del Charco, las violaciones sexuales a mujeres indígenas, los casos de tortura donde algunas víctimas los han señalado como responsables, las detenciones arbitrarias, cateos y cerco a las comunidades.

 Es muy común la instalación de  retenes realizados por el ejército o por las brigadas de operación mixta (bom) donde participan diferentes corporaciones policíacas y ministerios públicos, con el fin de aplicar la ley federal de armas y explosivos y para combatir el narcotráfico. El operativo consiste en revisar los vehículos,  interrogar a los pasajeros, pedir en algunos casos una identificación, revisar en una lista que traen el nombre de la persona para verificar si no está dentro de los que son buscados, investigados o que tengan alguna orden de aprehensión, en algunas ocasiones registran las placas del vehículo. Además de violentar el libre tránsito y de exigir información personal, ellos se niegan a proporcionar sus nombres y si algún ciudadano se inconforma por el acto de molestia, se le intimida. Lo peor es que se impide  hacer registros fotográficos o de video para dar a conocer estos operativos. Argumentan con las armas en la mano que está prohibido hacer algún registro o reporte  sobre su trabajo y su actuación. Para  hacer este registro  el pasajero tiene que armarse de valor y correr el riesgo de que lo detengan y le quiten su cámara. La respuesta de los miembros del ejército y de las corporaciones policíacas  es amenazar al ciudadano de que no siga tomando fotografías o filmando, le intentan quitar el rollo o el casette, le toman sus datos y  le toman fotografías para tenerlo bien identificado. Estos operativos violentan gravemente el derecho  al información y ponen en grave riesgo a la ciudadanía que  exige que se le respeten sus derechos humanos.

 A  pesar de las quejas y denuncias interpuestas  las autoridades siguen apoyando estos operativos ignorando los reclamos justos de las víctimas. En Guerrero  el fuero militar se extiende y expande más allá de los derechos ciudadanos porque nadie tiene derecho a saber sobre el actuar del ejercito y nadie les puede pedir que rinda cuentas o que sean procesados y juzgados en el fuero civil.

La militarización en el estado de Guerrero es un factor estratégico para la seguridad nacional que viene a violentar el derecho a la información y a inhibir el ejercicio pleno a la libertad de expresión.

En nuestro estado empieza a ser una práctica recurrente por parte de los ministerios públicos de citar a los periodistas para que  confiesen sus fuentes y para que presenten formalmente la denuncia sobre su información publicada. Se desconoce el criterio jurídico que aplica el ministerio público

para citar a los periodistas. Estos recursos que utiliza el órgano investigador viene a atentar contra la libertad de expresión ya que los citatorios a los periodistas es con el fin de inducirlos para que revelen sus fuentes. Es muy lamentable que las autoridades desconozcan y no respeten el artículo ocho de la declaración de principios sobre la libertad de expresión que establece que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

Las amenazas anónimas a defensores y defensoras de derechos humanos de Guerrero derivadas del ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión  son acciones que  ponen en riesgo otros derechos. En nuestro estado se han denunciado tres casos de amenazas a defensores de  derechos humanos y ninguna de ellas ha prosperado . No se toman medidas para  prevenir, investigar y castigar a los responsables de estos actos, lo que provoca un incentivo para los violadores de los derechos humanos y genera un efecto intimidatorio para quienes defendemos esos derechos.

Garantizar la libertad de expresión implica no sólo la libertad de emitir y recibir información, sino también  garantizar  la vida y la integridad física de los periodistas, defensores de derechos humanos,  lideres magisteriales de organizaciones campesinas de mujeres e indígenas, colonos, lideres estudiantiles, para   que sigan ejerciendo su labor de información mediante el ejercicio de su libertad de expresión, que es un requisito indispensable para la consolidación de un estado verdaderamente democrático.

Recomendaciones

–Que el estado Mexicano cumpla con las recomendaciones que en materia de libertad de expresión hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 1998.

–Que legisle de una manera abierta y democrática la protección del secreto profesional de los periodistas.

–Que se homologue la legislación interna con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, en particular que se revise los artículos 6 y 7 constitucional.

–Que se tipifiquen las agresiones y en especial los asesinatos de periodistas como delitos del ámbito federal.

–Que se garantice el derecho de libre asociación de los periodistas que les permita defender sus derechos, para ello se debe reconocer al periodismo como una profesión.

–Que se legisle en materia de otorgamiento de publicidad a los medios de comunicación para evitar la discrecionalidad y afectación del derecho a la libertad de expresión mediante este medio.

–Que se establezca un régimen simplificado de permisos a través del cual los pueblos indígenas, puedan operar y administrar sus propios medios de comunicación.

–Que se promueva la apertura de la información sobre los casos de violaciones a los derechos humanos, de manera especial los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,  la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobernación.

–Que se  forme un órgano autónomo  que incluya la participación ciudadana, que se encargue de otorgar concesiones y permisos, así como de regular y aplicar las normas de la materia a todos los medios de comunicación.

–Solicitamos el pronunciamiento del relator en torno a la  militarización que violenta el derecho a la información e inhibe el ejercicio pleno de la libertad de expresión y solicitar al Estado Mexicano que no limite la información relacionada con las actuaciones del Ejército Mexicano.

 * Exposición del director de Tlachinollan, Abel Barrera, ante el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo A. Bertoni.