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Condena Calderón atentados contra la Libertad de expresión

Agencia Proceso

 

Ciudad de México

 

Aunque de manera tardía, el presidente Felipe Calderón reaccionó y condenó todo acto que atente contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

A cinco días del asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso y a  uno del hallazgo de los restos de tres reporteros gráficos y una empleada administrativa del diario El Dictamen, en el estado de Veracruz, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que destaca que el jefe del Ejecutivo ha estado al tanto de la comunicación entre el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y el gobernador Javier Duarte, con el fin de fortalecer la colaboración entre los órdenes de gobierno para mejorar las condiciones de seguridad en esa entidad.

En el texto se destaca asimismo que Calderón fue informado sobre los trabajos realizados en el marco de la averiguación previa AP/35/FEADLE/2012, así como de las primeras diligencias realizadas por esos casos.

Lo anterior, con base en la petición para que la Procuraduría General de la República coadyuve en las investigaciones que encabeza la Procuraduría General de Justicia de Veracruz para el esclarecimiento de los homicidios de los comunicadores.

 

Marchas en Chiapas, Chihuahua, Michoacán y Nuevo León

 

La organización Amnistía Internacional, así como periodistas de Chiapas, Nuevo León, Michoacán y Chihuahua condenaron el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, y de los tres periodistas ejecutados ayer; además, exigieron garantías para el ejercicio periodístico.

En una declaración pública, Amnistía Internacional (AI) exigió al gobierno de Felipe Calderón brindar seguridad eficaz para periodistas en riesgo, así como a sus familiares.

El organismo destacó que los recientes asesinatos, entre ellos los de los reporteros gráficos Guillermo Luna y Gabriel Huge, así como el ex fotoperiodista Esteban Rodríguez y su novia Irasema Becerra, “no ocurrieron sin previo aviso”.

Recordó que los nombres de estos periodistas figuraban en una lista que desde el año pasado circulaba con amenazas en su contra.

“A pesar de que las autoridades estaban informadas de esta situación no tomaron medidas para asegurar la protección de los periodistas en riesgo, varios de los cuales se vieron obligados a salir del estado por motivos de seguridad”, señaló AI.

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