Colonos de Esquipulas, dispuestos a derribar cercos que pusieron ejidatarios

Gregorio Urieta, corresponsal, Ciudad Altamirano * Lejos de terminar, el conflicto entre el ayuntamiento y ejidatarios de Pungarabato recibió este lunes un empujón más de parte de un grupo de colonos de Esquipulas, encabezados por Carime Orozco, a los que acompañaban dos de los hijos de los ejidatarios que originalmente donaron los terrenos hoy en disputa al general Lázaro Cárdenas del Río, vocal ejecutivo de la Comisión del Río Balsas, para construir en ese espacio el campamento de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Los colonos fueron recibidos por el alcalde, Ambrosio Soto Duarte, al que le expusieron su disposición de derribar los cercados que los ejidatarios de Pungarabato, que se dicen propietarios de los terrenos de la Avenida Las Américas, construyeron con alambre de púas y postes de madera, lotificando cada uno de los espacios que cada quien reconoce como de su propiedad.

Por su parte, el presidente municipal les pidió que aguarden la resolución judicial que el ayuntamiento interpuso en contra de los ejidatarios con el objeto de restituir los terrenos al municipio y se comprometió a construir en ese espacio un centro de esparcimiento familiar, a pesar de que el espacio está destinado a ser una avenida que desfogue el tránsito vehicular de Altamirano.

Apenas la semana pasada, el presidente Soto Duarte determinó pagar más de 40 mil pesos a los ejidatarios como indemnización por haberles derribado en ese mismo espacio con un trascavo, un cerco perimetral construido por los ejidatarios con malla ciclónica.

El proyecto del General Cárdenas

Georgina y Antonio Aguilar, hijos de Gerardo Aguilar, manifiestan que su padre y Manuel Reynoso fueron los donadores originales de esos terrenos que el general Lázaro Cárdenas del Río  –entonces vocal ejecutivo de la Comisión del Río Balsas, que construía los proyectos hidráulicos Hermenegildo Galeana, Vicente Guerrero y El Gallo, que irrigarían la región de Tierra Caliente– les pidió los terrenos para  construir las oficinas del campamento de la Comisión.

De acuerdo con su versión, luego de terminado el proyecto hidráulico, les serían entregadas algunas de las viviendas allí construidas.

Sin embargo, no fue así y el 22 de julio de 1991 se emitió un decreto expropiatorio mediante el cual se expropiaron por “causas de utilidad pública 84 mil 805.09 metros cuadrados de monte de uso colectivo del ejido de Pungarabato por el cual la SARH le pagó al ejido 3 millones, 816 mil 229 pesos a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Los hermanos Aguilar señalan que no están de acuerdo con que se halla escriturado esos terrenos a favor de personas que ni son ejidatarios, pues se incumplió el decreto expropiatorio y se le está dando un uso indebido.