Soberanis: la alcaldía malinforma sobre la responsabilidad patrimonial del Estado

 * López Rosas debe avalar reformas “innovadoras” que benefician a la gente al enfrentarse al poder público, opina

 Ricardo Castillo Díaz * La firma de abogados Alonso y Asociados SC, criticó que el ayuntamiento de Acapulco difunda voces como las del doctor en derecho y director de la maestría en Derecho del ITAM, José Roldán Xopa, sobre la reforma al artículo 113 Constitucional que permitirá que cualquier ciudadano que compruebe daños en los que tenga responsabilidad el gobierno, sea indemnizado.

La socia directora de la firma, Guadalupe Soberanis Stephens, dijo a El Sur en entrevista, que resulta “grave” que un gobierno que se dice democrático “confunda” a los ciudadanos difundiendo “aberraciones”, como las que expuso Roldán Xopa en una conferencia que dictó en el Palacio Municipal el pasado viernes 18 de julio. Llamó al alcalde Alberto López Rosas a fijar una posición clara al respecto y “como abogado que es” a difundir y avalar las leyes y reformas “innovadoras” que benefician a la gente al enfrentarse al Estado.

Con esta reforma al 113, cualquier ciudadano podría demandar a los gobiernos, por ejemplo, cuando los vehículos sufran algún daño por caer en baches; por pagar impuestos que se comprueben excesivos, o anticonstitucionales como el DAP, o sin haber violado alguna ley; por accidentes ocasionados por vehículos oficiales contra los particulares; por acciones u omisiones que causen daños al ciudadano; por suspensiones de servicios públicos sin adeudos; por enfermedades ocasionadas por focos de infección alrededor de contenedores de basura no vaciados; por abuso de poder, actos administrativos sin sustento y otros.

Roldán Xopa, expresó el día 18 sobre este tema conocido ya como la responsabilidad patrimonial del Estado, que el presupuesto municipal sería insuficiente para pagar las indemnizaciones a quienes, con dolo, acusen con daño a una autoridad. Citó como ejemplo que en Colombia, las indemnizaciones alcanzan hasta el 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto. “Eso es altísimo, es casi el crecimiento que tiene México”, dijo el especialista. Asimismo advirtió que esta nueva disposición podría derivar en lo que llamó “prácticas ilícitas” de los ciudadanos, pues a partir del1 de enero de 2004 cuando entre en vigor dicha reforma, cualquiera podrá demandar una indemnización, lo que podría afectar a las finanzas públicas.

A través de su socia directora Guadalupe Soberanis Stephens la firma Alonso y Asociados SC –que cuenta con oficinas en este puerto– entregó a este diario un documento en el que fija su posición sobre las reformas al 113 y responde a lo que considera “tres aberraciones” expresadas por Roldán Xopa en la conferencia auspiciada por el ayuntamiento.

La primera aberración, indica, es acerca de que la entrada en vigor de la reforma “podría poner en riesgo los recursos financieros de los municipios”. Esto, según el despacho de abogados, es falso, “puesto que habrá una partida presupuestal para cubrir las indemnizaciones”, y que esta propuesta está a cargo “del Ejecutivo federal quien propondrá a la Cámara de Diputados el monto de la partida presupuestal para cubrir las erogaciones derivadas de la responsabilidad patrimonial” del Estado.

Agrega que en caso de agotarse el monto aprobado, las indemnizaciones que no puedan pagarse deberán cubrirse con el presupuesto del siguiente ejercicio fiscal, de acuerdo con el registro que lleven las entidades públicas, que asegura, “será de consulta pública”.

También rechaza que vayan a disminuir los presupuestos municipales como lo dijo Roldán Xopa, lo cual considera la firma como “la segunda aberración”. Explica que según el procedimiento que se seguirá, el concepto de gasto por indemnizaciones por responsabilidad patrimonial será ajustado anualmente en los presupuestos de egresos “en la misma proporción que registre el incremento de ese presupuesto”.

Y “la tercera aberración” es la de decir que “el pago de las indemnizaciones puede limitar los recursos públicos”, sostiene la firma. Señala que por lo explicado anteriormente, dichas indemnizaciones “son independientes” del erario ya destinado para obras y servicios públicos.

En entrevista, la abogada Soberanis Stpehens pidió que el ayuntamiento no se sume a esas posiciones “que confunden al pueblo”, porque la reforma al 113 “es considerada como garantía constitucional en defensa del particular, ya que responde a un imperativo de justicia” que pretende establecer “la igualdad que se vulnera por la actividad lesiva del Estado”. Asimismo, busca “fortalecer la libertad y la justicia de otorgar mayor seguridad jurídica a los gobernados”, lo cual era “urgente e indispensable”.

Por otra parte, lamentó que en Guerrero ni en el gobierno del estado ni en el Congreso local conozcan de estas reformas ocurridas en la Cámara de Diputados federal desde el año pasado. “Es más lamentable cuando sabemos que en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que aprobó esta adición al segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución, fue un guerrerense el que firmó el decreto como secretario de la mesa directiva”, expresó Soberanis Stpehens refiriéndose al diputado federal del PRI Manuel Añorve Baños.

En Guerrero el Congreso local debe emitir una ley estatal sobre la responsabilidad patrimonial del estado, para aplicar la reforma constitucional que entra en vigor desde el 1 de enero de 2003.