Incumplen acuerdos los gobiernos estatal y federal, denuncian Inés Fernández y la OPIM

Redacción

La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) denunció que el gobierno del estado no ha cumplido con los acuerdos que firmaron luego de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh) sobre la violación de soldados en contra Inés Fernández Ortega.
En un comunicado firmado por Inés Fernández y la OPIM, dan a conocer “que los gobiernos no respetan ni su firma ni su palabra; en el acto público del día 6 de marzo del presente año, cuando estuvo el secretario de gobernación y el gobernador en Ayutla de los Libres, Guerrero, para ofrecer disculpas a Inés Fernández Ortega por la violación de sus derechos humanos por parte de militares del Ejército federal mexicano”.
Recuerda que ahí, Inés dijo claramente que no creía en los gobernantes pues a 10 años de lucha siempre la estuvieron atacando a ella y a su organización, “que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene más de dos años y no la han cumplido totalmente”.
“Ese día 6 de marzo, se firmó un acuerdo con el secretario de Gobernación (Alejandro Poiré) y el gobernador (Ángel Aguirre Rivero) para que el centro comunitario de atención a las mujeres y el albergue para estudiantes indígenas de secundaria y bachillerato sea construido en Ayutla y operado por Inés y su Organización; después del acto público, se hizo uno privado con el gobernador, el secretario de Gobernación, el subsecretario de Gobernación y el de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, ambos de la Segob, así como la procuradora general de la República, en éste se firmó un acuerdo para llevar a cabo un programa de desarrollo en la zona indígena de Ayutla y efectuar una reunión para el mismo fin el día 20 de marzo en Casa Guerrero”.
Y recuerda que “el 20 de marzo, se realizó la reunión con la presencia del gobernador, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y derechos humanos de la Segob, y la coordinadora del gabinete social y proyectos especiales de la presidencia de la República, en dicha reunión el gobernador entregó un cheque por 1 millón de pesos al presidente municipal de Ayutla para la compra del terreno donde se construirá el centro y el albergue, y que Inés Fernández Ortega ya lo había señalado, el otro millón restante se comprometió el gobierno federal a entregarlo”.
“Se acordó también elaborar un plan de trabajo con acciones inmediatas relativo a efectuar obra social y proyectos productivos en la zona indígena en un mes, con un procedimiento de supervisión y participación de la comunidad”.
“Algo importante fue el acuerdo para definir un mecanismo del ejercicio del recurso para que el plan sea transparente y participativo, se levantó la demanda de 32 comunidades indígenas me´phaa y mixtecas de Ayutla conjuntamente con los gobiernos y acordamos que el 3 de mayo se definiría que obras y proyectos se llevarían a cabo”.
Relata que ese día las autoridades “y en especial el enviado de la Presidencia de la República, Oscar Arcos Moreno, que obviamente no actúa por cuenta propia sino bajo las órdenes de sus jefes, estuvo en total oposición al acuerdo firmado, dando evasivas y encubriendo deficiencias y corruptelas, no sólo eso, desde el 10 de abril esta persona empezó a enviar personal del gobierno federal a las comunidades con el objetivo de echar abajo los compromisos y dividir a las comunidades ofreciendo dádivas”.
“Tienen también el propósito de no construir el centro comunitario y albergue en Ayutla, sino hacerlo en la comunidad de Barranca Tecoani, donde no tendrá ningún impacto social y educativo, pues es para estudiantes de secundaria y bachiller, y en las comunidades no existe este nivel educativo. Todo indica que para el gobierno no es necesario invertir en educación para los indígenas, pues les parece mucho dinero comprar un terreno en Ayutla”.
Exigen “el cumplimiento de los compromisos firmados, el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un plan de desarrollo verdaderamente articulado con visón, acordado conjuntamente, claramente definido en cuanto a que obras y proyectos que se van a ejecutar en lo inmediato y trabajar otro de mediano y largo alcance, de lo contrario, en los hechos, los gobiernos están demostrando nuevamente su falta de seriedad en sus compromisos”.