Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan

De cómo aplicar la ley con violencia en Ayutla y Tecoanapa

 (Segunda parte)*

Las seis detenciones de campesinos, ocurridas el 21 de mayo del presente año en los municipios de Ayutla y Tecoanapa, nos pone de manifiesto la estrategia policiaco-militar de escudarse en la ley federal contra la delincuencia organizada para criminalizar a ciudadanos, que para la población que los conoce son personas que trabajan en el campo y algunos de ellos militan en el Partido de la Revolución Democrática. La operación aparatosa y violatoria de sus derechos humanos implementada por más de 30 agentes de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), fue con el fin de intimidar y someter a las familias, inmovilizar física y jurídicamente a los detenidos, suspenderles sus garantías constitucionales, incomunicarlos y presentarlos como miembros de grupos armados dedicados al secuestro y a cometer homicidios.

Primero se les acusa y luego se les investiga. El arraigo no es más que una muestra clara de lo endeble de las investigaciones y de la tendencia inquisitorial del Ministerio Público federal.

Estas detenciones arbitrarias son el inicio de una serie de violaciones de derechos humanos que caen como cascada sobre los detenidos, quienes quedan bajo el mando de las corporaciones policiacas que se encargarán de arrancarles confesiones bajo torturas físicas y psicológicas y de negarles una defensa apropiada.

Para las autoridades ministeriales, la delincuencia organizada es un delito continuo. Por eso las personas que son señaladas como probables responsables pueden ser detenidas en cualquier momento, sin que medie alguna orden de aprehensión, porque supuestamente cualquier acción que hagan está relacionada con este delito.

Por eso a los agentes judiciales no les importó que el señor José Concepción Ramírez Ramírez de 69 años de edad, anduviera de compras en el mercado. Lo esperaron en la entrada de su casa y sin que mediara alguna orden de aprehensión lo detuvieron, lo subieron a uno de los vehículos y lo trasladaron a la ciudad de México, desconociendo hasta la fecha quién lo está acusando porque se trata de un testigo protegido. Por otra parte, el Ministerio Público federal le niega las copias de su expediente.

Estamos ante hechos de una violencia organizada de carácter oficial, amparada en una ley secundaria, que lucha contra los grupos armados catalogados como delincuentes peligrosos. La violencia se ejerce de manera selectiva y belicista, se detiene y somete a los indiciados sin mediar orden de aprehensión, se intimida a todos los que habitan en sus domicilios, se opera con base en declaraciones de un testigo protegido a quien le dan todo el valor probatorio y se les juzga sumariamente ante los medios de comunicación como secuestradores y homicidas.

Se provoca también el enfrentamiento y la división comunitarias. Se siembra la cizaña por medio de un miembro de la comunidad que es utilizado para criminalizar el trabajo de un militante político. Se daña el tejido comunitario y se altera la vida familiar. No es casual que la esposa de José Concepción prefiera mejor morir a su lado a seguir sufriendo este calvario que la mata poco a poco en su soledad.

Los rastros de la violencia

Trece días antes del levantamiento armado de los indígenas zapatistas en Chiapas, los indígenas tlapanecos, ante la indolencia de las autoridades estatales para atender los problemas de inseguridad pública, decidieron hacerse justicia por propia mano, colgando a cinco asaltantes en el paraje El Columpio en los terrenos de Ayotoxtla y cerca de Escalerilla Lagunas, municipio de Zapotitlán Tablas.

La respuesta de las autoridades estatales fue aumentar el número de efectivos policiacos en la zona y desplegar tropas del Ejército para instalar retenes y patrullar los caminos. Por su parte la Procuraduría de Justicia del Estado determinó detener a seis indígenas, siendo cinco de ellos autoridades comunitarias, cuatro comisarios y un comandante.

Estas acciones tardías y superficiales indignaron más a la población indígena, que en torno a la demanda de la liberación de sus autoridades, lograron articular un movimiento regional que a través de marchas, mítines, plantones, tomas de ayuntamientos, bloqueos de carreteras y una huelga de hambre en Chilpancingo doblegaron la mano dura del gobernador, Rubén Figueroa Alcocer. En el primer bloqueo de carreteras que hicieron en Tlapa, los indígenas distribuyeron este mensaje al pueblo de Guerrero:

“También nuestras ramas y nuestras hojas han sido arrojadas por los vendavales de los que están en el poder. También hemos sido heridos por esas leyes que no son nuestras.

“Y así hemos vivido durante siglos. Sin techo, sin pan, sin salud, sin vida.

“La muerte vive con nosotros por la Montaña. Sube y baja y cada vez que sube y baja perdemos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres y abuelos. No tenemos clínicas para curarnos.

“Lo mismo que se paga al querer comprar un vestido o un pantalón nuevo, así pasa con la justicia; tampoco la podemos comprar porque no tenemos dinero, no tenemos trabajo, no hay donde ganar.

“Los caciques nos roban nuestros productos, nuestras artesanías, y pueden comprar las leyes porque es mercancía de ellos. Nosotros somos Montaña y tierra, les gusta vernos pomposamente y nos pisotean las entrañas.

“Pero ya no estamos dispuestos a seguir así. Otros hermanos nos han llamado a luchar en esta alborada y por eso ya nos estamos organizando, por eso ya estamos luchando. Queremos justicia, libertad y pan para nuestros hijos, para todos nuestros hermanos que nos llaman indígenas y a los que no son pero también son pobres”.

En la madrugada del primero de enero de 1996 en las comunidades nahuas del Crucero de Oztocingo y Ocotequila, municipio de Copanatoyac, cuatro personas fueron ejecutadas por un grupo de civiles armados que se autodenominaron Ejército de Ajusticiamiento del Pueblo Indefenso que, después de matar a su última víctima afuera del atrio de la iglesia, dejaron escrito el siguiente mensaje: “aplicaremos la justicia a todos los rateros, asesinos, violadores, madrinas autoridades rateras y corruptas”.

Estas ejecuciones desencadenaron una ola de asesinatos que hicieron de Copanatoyac un municipio sin ley, el más inseguro y violento donde los delincuentes controlaban los caminos, asaltaban, violaban y ejecutaban a sus enemigos en plena luz del día.

Fue tan grande su poder que lograron extender su red criminal a otras comunidades y parajes, causando más de diez muertes de comerciantes dedicados a la venta de refrescos, dos muertes de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y la ejecución del ex presidente municipal de Malinaltepec de extracción perredista, el profesor Valentino Carrasco, junto con su esposa en la carretera Tlapa-Marquelia.

En el crucero de Tepeyahualco, comunidad náhuatl del municipio de Copanatoyac, el 27 de enero de 1997 tres encapuchados ejecutaron a cuatro personas por haber denunciado a una persona vinculada con las bandas de asaltantes.

En la región de Olinalá cerca de Chaucingo, municipio de Cualac fueron ejecutados otros dos maestros, Heriberto Moreno Romano y Marcial Salvador Ortega, por varias personas que vestían ropas tipo militar, el 3 de marzo de 1997.

El 31 de marzo del mismo año el Ejército mexicano emboscó a la Policía Preventiva de Metlatónoc en el cerro del Chupamirto, privando de la vida a Eloy Ramón Ortiz. A pesar de la queja interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se emitió ninguna recomendación.

El 16 de diciembre de 2001 cinco personas con el rostro cubierto emboscaron a una familia que recién había celebrado una boda en Copanatoyac, privando de la vida a Porfirio Navarrete Pomposo, Pedro Morales Barrera, Diego Enrique Luna y los hermanos Diego y Juventino Ramírez Salazar, originarios de la comunidad nahuatl de Ocotequila.

 El 12 de mayo de 2003 de nueva cuenta reaparece la violencia en Escalerilla Lagunas, municipio de Zapotitlán Tablas, protagonizada por Antorcha Campesina que ahora le tocó agredir a miembros de la Liga Agraria Revolucionaria del sur Emiliano Zapata (LARSEZ), encabezando esta acción el presidente municipal Silvino Mosso, el síndico y un regidor que, acompañados de la Policía Preventiva, fueron a rescatar por la fuerza a unos detenidos de Antorcha Campesina, dejando en la trifulca un saldo de cinco muertos y 42 heridos.

Las cuatro muertes de Escalerilla Lagunas, municipio de Zapotitlán Tablas, fueron desgraciadamente muertes anunciadas y las autoridades no hicieron lo necesario para evitarlas. Se trata de un conflicto político que fue alentado desde el centro al permitir la creación de una delegación política con sede en Escalerilla Lagunas, que en la práctica funcionó como una presidencia municipal paralela. Se quiso sobrellevar a las dos organizaciones sociales a la usanza tradicional, dosificándoles los apoyos para poder mantener las clientelas bajo control.

Lo que en realidad ha pasado es que se han dividido varias comunidades a causa del control político y económico que cada organización quiere imponer. Se han dado casos de desconocimiento y cambio de comisarios o de la creación de comisarías paralelas que sólo están incubando de manera gratuita más conflictos, que lo único que hacen es empeorar las precarias condiciones de vida de los  tlapanecos.

Algo que preocupa hondamente son los conflictos agrarios y políticos que enfrentan los pueblos indígenas desde  hace décadas y que las autoridades estatales y municipales no han querido resolver. Existen casos donde las partes en conflicto, al no encontrar una adecuada interlocución con las autoridades y al constatar que no hay seguimiento a los acuerdos firmados, emprenden acciones unilaterales para imponer su postura y forzar una negociación que sólo los coloca en el filo de la navaja.

Los conflictos agrarios de Zapotitlán Tablas con Acatepec, de Xitopontla, municipio de Olinalá con ganaderos de  la misma cabecera municipal, de Amatlicha con otros ganaderos de Olinalá, de Alacatlatzala con Cuatzoquitengo, municipio de Malinaltepec, y de Arroyo San Pedro con Tilapa, del mismo municipio, son casos que requieren un tratamiento integral donde las autoridades deben entender  que existen agravios muy profundos que tienen la obligación de reparar para poder entrar a una etapa blanda de diálogo y reconciliación.

 **Tomado del noveno informe de labores del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, titulado La Montaña de Guerrero: entre las entrañas de la impunidad y el olvido, que fue presentado el 14 de junio, en Tlapa, por el presidente de esa organización no gubernamental, Abel Barrera Hernández