Arturo Martínez Nateras

 Fábrica de Letras

  Aguas Blancas  

 Hoy se cumplen ocho años de la masacre del vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez donde fueron asesinados 17 humildes campesinos sin filiación política y heridos por lo menos 24. Los sucesos de Aguas Blancas están ya suficientemente documentados en la historia política y social. El movimiento unitario agrupado en torno al lema y a la demanda ¡Que se vaya! consiguió una serie de victorias incuestionables. Los sucesos están ampliamente documentados en infinidad de textos, entre ellos el imprescindible de María de la Luz Núñez cuyo testimonio valiente y veraz constituyó  el mayor y el más contundente argumento legal, y político. Su libro Palabra de mujer documenta mejor que ningún otro, la realidad de los sucesos, de los prolegómenos y del desenvolvimiento de acontecimientos cuya herida aún sangra y es motivo de conflicto en la vida nacional y suriana.

El debate no ha concluido. La Fiscalía Especial como instancia especializada de la PGR, tiene la misión y la responsabilidad de consignar lo ocurrido ante un juez para responder a los reclamos de justicia. Recibí un oficio del fiscal especial, doctor Ignacio Carrilllo Prieto, cuyo párrafo final me asombra pues se atreve a la aventura de cuestionar a la misma Suprema Corte de Justica de la Nación. Dice:

“Dado que aún no se cuenta con la totalidad de las constancias solicitadas (averiguaciones previas, proceso, apelaciones amparos, etcétera), y que dentro del expediente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo obran algunas partes de aquéllas y no expedientes completos, en una primera instancia se lleva a cabo un análisis encaminado a ubicar los nombres de las personas, los posibles delitos existentes, las determinaciones en las etapas en que fueron sujetas a investigación, consignación, procesamiento, otorgamiento de algún amparo, etcétera y la situación jurídica actual de cada una de ellas”.

De inmediato respondí señalando que a mi juicio parece que la Fiscalía pretende ganar tiempo, pues si procediese con base en el derecho debería acatar el acuerdo de la SCJN y consignar a los señalados como responsables por el órgano máximo del poder judicial. El acuerdo del 23 de abril de 1996 no es atacable y está contenido tanto en los medios de la SCJN como en el libro de su sello editorial, recientemente editado.

En resumen, nos dicen los magistrados,  existió violación grave a las garantías individuales.

Reproduzco lo esencial de los puntos del acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no se olvide y nadie se confunda:

 * Primero.- Téngase por recibido el informe que rinden los comisionados de este Tribunal Pleno.

 * Segundo.- Existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados, en los acontecimientos del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, en “El Vado” de Aguas Blancas, Municipio de Coyuca, Estado de Guerrero y en los posteriores relacionados con los primeros.

* Tercero.- Se concluye que de dicha violación resultan responsables los licenciados Rubén Figueroa Alcocer, Gobernador con licencia indefinida, José Rubén Robles Catalán, Ex Secretario General de Gobierno, Antonio Alcocer Salazar, Ex Procurador General de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino, Primer SubProcurador de Justicia, Gustavo Olea Godoy, Ex Director de la Policía Judicial, Rosendo Armijo de los Santos, Ex Subsecretario de Protección y Tránsito, Adrián Vega Cornejo, Ex Fiscal Especial y Esteban Mendoza Ramos, Ex Director General de Gobernación, todos ellos del Estado de Guerrero.

 * Cuarto.- Como lo solicita el Ciudadano Presidente de la República, por conducto del Ciudadano Secretario de Gobernación, en el segundo punto petitorio de la comunicación de fecha cuatro de marzo del año en curso, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sugiere que se tomen por parte de las autoridades competentes, las medidas y las acciones que se deduzcan de las necesarias providencias que a continuación se examinan:

 * a) Notifíquese al Presidente de la República, por conducto del Secretario de Gobernación de estos acuerdos, acompañándole una copia certificada de ellos, para que esté en posibilidad de tomar las determinaciones que motivaron su solicitud para que interviniera esta Suprema Corte de Justicia en los términos ordenados por el artículo 97 constitucional.

* b) Copia certificada de esta resolución debe hacerse llegar al Congreso de la Unión, para su conocimiento y efectos consiguientes.

* c) Igualmente cúrsese una copia al Procurador General de la República, para los efectos de su representación.

* d) También debe tomar noticia de esta resolución el Gobernador en funciones del Estado de Guerrero, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, mediante copias de la misma…

Hasta aquí el texto de los ministros.

El movimiento por la verdad y la justicia tiene en el acuerdo de la SCJN su instrumento clave. La inteligencia aconseja reclamar de la Fiscalía el acatamiento inmediato del contenido.

Durante la lucha de 1995-96 prevaleció el espíritu unitario del lema ¡Que se vaya! Hoy podemos coincidir en la demanda de que el doctor Ignacio Carrillo Prieto consigne ya ante el juez a quienes la Suprema Corte declaró responsables sin lugar a dudas.

Existe un amplio catálogo de pendientes, de interrogantes a dilucidar. Tienen razón quienes reclaman no medrar más con el dolor y la pobreza de la víctimas de la masacre.

La memoria está fresca y la herida duele y sangra.

Por ello las acciones de inconformidad tienen razón y justificación.

Cajita de Olinalá

El Encuentro en Acapulco: Política Ambiental para Guerrero se realizará los días 18 y 19 de julio. El comité organizador ya lanzó formalmente la convocatoria. El objetivo es asumir compromisos y propuestas de políticas y gestión a partir de las propuestas presentadas en Zihuatanejo en enero de este año. Los temas ambientales son asunto de vida. Todos tienen un lugar en el evento. Esperamos superar la calidad y el número de participantes de la sociedad, de los partidos, de la empresa y de los tres órdenes de gobierno.

El alcalde Alberto López Rosas y el director general de la CFE, Elías Ayub se reunirán para analizar el megaproyecto de La Parota. Poco a poco el alcalde se entera pero aún no se define. “Es sin duda un proyecto ambicioso que sin duda va a revolucionar positivamente parte de la zona rural” (El Sur 26-06-03). Muy bien por el presidente inteligente, avanza lentamente, con cautela, pero avanza. Si otro fuera ya andaría al frente de las gestiones, no de las aclaraciones.

El vocero del mercenarismo y del plagio ya inició su campaña contra la posibilidad de La Parota. Ya apareció el peine y esto es ganancia pública.

¿Leyó usted el reclamo de renuncia lanzado por Manuel Añorve contra José Woldenberg? El pertenece al selecto club de los colgados de la brocha… Justo se pronuncia el día cuando el IFE obtiene una victoria moral y política que multiplica su credibilidad y en la historia la biografía de Woldenberg registrará este acontecimiento como una de sus mejores cartas de servicio a la nación y a la democracia…

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