Exonera la Contraloría al gobierno de Zeferino por la compra fraudulenta de un helicóptero

*La dependencia no pudo establecer quién fue el responsable de la adquisición irregular y archivó el expediente. El aparato iba a ser utilizado por la Policía Ministerial, pero nunca funcionó debido a que era muy viejo, pues fue fabricado en 1966. Costó 39 millones 526 mil 937 pesos y un peritaje de la PGR comprobó que no servía

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A más de dos años de que el ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas, solicitó a la Contraloría General del Estado una investigación a la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, por el fraude de casi 40 millones de pesos cometido en la compra del helicóptero Bell UH-IH HUELL, matrícula LLK, modelo 1966, que sería destinado para operativos de la Policía Ministerial, pero que no funcionó, la dependencia estatal absolvió recientemente de responsabilidad a funcionarios de la administración anterior.
La resolución en ese sentido fue a pesar de que existe un peritaje de la Procuraduría General de la República (PGR), que comprobó que el aparato fue comprado con fallas.
El caso forma parte del expediente RS/PA/006/20014, en el que se vieron involucrados directamente el subsecretario de Finanzas de la administración zeferinista, José Antonio Bajos Valverde, y la directora de Adquisiciones, Patricia Margarita Díaz Hernández, contra quienes en su momento fueron libradas órdenes de aprehensión por la compra irregular del aparato, con número de serie 6616049, pero no se ejecutaron por un amparo que solicitó a su favor el despacho Sodi y Asociados de la ciudad de México.
Funcionarios de la Contraloría del estado revelaron que el expediente ha sido archivado, entre otras causas porque los recursos con que se adquirió el aparato no fueron solamente del estado, sino también de la federación y “hubo corresponsabilidad administrativa” en el uso de los recursos por el gobierno estatal y federal.
Otro argumento es que no se logró establecer quién fue el directamente responsable de autorizar la compra del helicóptero, pues ésta se hizo con cargo a un programa denominado “de Colaboración Técnica y Operativa para la Coordinación de Acciones Conjuntas e Integrales en la Investigación y Persecución del Delito de Narcomenudeo y en la Desarticulación de Redes Delictivas”, que era manejado por el gobierno de Guerrero y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
La actual administración estatal detectó las irregularidades en la compra del helicóptero en agosto del 2011, cinco meses después de que tomó protesta el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Según copias de las facturas 383 y 384, de fecha 21 de mayo de 2009, el helicóptero Bell UH-IH HUELL tuvo un costo de dos millones 530 mil dólares, pero adicionalmente el gobierno estatal pagó otros 20 mil 125 dólares sólo por el traslado de Washington DC a Chilpancingo, lo que a un tipo de cambio de 15 pesos por dólar (como se pagó en la factura), suma un total de 39 millones 526 mil 937 pesos. Pero además del costo pagado por un aparato que no estaba en condiciones de vuelo “y representó un gasto sin soporte”, como lo comprobó en un peritaje la PGR, también se detectó que “la compra se adjudicó directamente”, es decir, que no hubo licitación.
Incluso, el ahora ex procurador de Justicia del estado, Alberto López Rosas, declaró en conferencia de prensa el 13 de noviembre del 2011 que las irregularidades encontradas eran “graves” y que la Procuraduría General de Justicia del Estado presentaría una denuncia penal por fraude en la compra de ese helicóptero, sin embargo, al final el caso sólo se turnó a la Contraloría del estado.
También dijo en esa ocasión que la aeronave no fue incluida en el acta de entrega-recepción levantada por la Contraloría General del Estado, “por lo que se tuvieron que levantar actas administrativas en las que se asienta que no consta documentación de esta aeronave”, explicó.

No sirve, señala el peritaje de la PGR

Mientras tanto, el peritaje que realizó la PGR y cuyos resultados se encuentran en el expediente que ahora tiene archivado la Contraloría del estado, arrojó que el helicóptero modelo 1966 tenía al momento de la compra por el gobierno de Guerrero, 6 mil 88.6 horas de vuelo.
Los resultados del peritaje de la dependencia federal refieren, asimismo, que esta aeronave fue fabricada en Estados Unidos por la Compañía Bell Helicopter en el año de 1966, y sirvió al Ejército de Estados Unidos desde el segundo mes del año 1967. En 1973 fue trasladado a la base Hambry de Okinawa, Japón, y en marzo de 1975 retornó a EU, traslados con los que se justifican las 6 mil 88.6 horas de vuelo.
El peritaje también refiere que para la venta de la aeronave al gobierno de Guerrero, se le realizaron modificaciones no soportadas por la documentación de mantenimiento para convertirla en modelo UH-1H, “es decir incrementar la potencia del motor a pesar de que las especificaciones de la compañía constructora indican que eso no es adecuado”, explica la dependencia federal.
Además subrayó que para tener la operatividad que se requiere le hicieron falta diversos aparatos de navegación, como el radio altímetro, además no tiene línea base ni hit (pruebas que realiza el piloto para saber los parámetros que indican las condiciones del motor de la aeronave), y a bordo no tiene peso y balance que considere el centro de gravedad con el blindaje instalado, expuso la PGR en su reporte.
Además, reveló que su certificado indica que no puede ser utilizado fuera de Estados Unidos.
“La aeronave está certificada como de categoría restringida de acuerdo al certificado tipo TCH13WE, lo que le impide volar en cualquier otro país que no sea en el que fue construida a menos de que exista una autorización expresa, misma que no se tiene actualmente para esta aeronave”, concluyó en su peritaje la PGR.
A pesar de estas observaciones, el aparato fue trasladado hasta Chilpancingo a finales del 2009 por el entonces director de la Policía Ministerial del estado, el piloto aviador Valentín Díaz Reyes.
Ya para finalizar su sexenio Zeferino Torreblanca reconoció que su gobierno fue víctima de un fraude en la compra de la aeronave, pero aseguró que contaba con una póliza de garantía, misma que haría valer para recuperar la inversión; dijo además que ya se habían iniciado las acciones legales correspondientes en contra de la empresa que les vendió el helicóptero, pero nada de eso se cumplió.
Ddebido a su mal estado, hasta principios del 2013 se encontraba estacionado en el hangar del gobierno estatal en la aeropista de esta capital, sin que pudiera operar, pues la única ocasión en que se intentó ponerlo en funcionamiento apenas logró una altura de 20 centímetros y se desplomó, confirmó en la conferencia de prensa del 13 de noviembre el entonces procurador López Rosas. Actualmente se le perdió la pista al aparato.
Como parte de la revisión administrativa, la Contraloría estatal encontró responsabilidad en el ex subsecretario de Administración y Finanzas del Estado, José Antonio Bajos Valverde, y la directora general de Adquisiciones de esa dependencia, Patricia Margarita Díaz Hernández.
El expediente fue enviado por la Contraloría a la Procuraduría de Justicia que logró en agosto de 2012 que un juez librara la orden de aprehensión, por ejercicio indebido y desempeño irregular de la función pública, con base en la causa penal 116-2012-II, pero ésta nunca fue ejecutada por un amparo que solicitó a su favor el despacho Sodi y Asociados de la ciudad de México.
Bajos Valverde y Díaz Hernández firmaron el documento donde a nombre del gobierno del estado se hizo la compra a la compañía Helicopters of América, SA de CV.
En el expediente que se encuentra en la Contraloría estatal también se pretendió implicar al piloto aviador de la PGR, Sergio Gustavo Rocha Lona, quien aparece como proveedor y representante de la empresa que realizó la transacción con el gobierno del estado, sin embargo también fue absuelto.