Cuestiona la CIDH la investigación en Guerrero del caso Digna Ochoa

 * Lamenta que no haya tomado la declaración a un testigo importante * Critica que la fiscalía de la Procuraduría del DF haya actuado por medio de la de Guerrero * Señala deficiencias en peritajes * Califica de “altamente preocupante”, el estado de la investigación * El Centro Prodh pide una respuesta de la Fiscalía

 El experto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Díaz Romero, dio a conocer el informe elaborado sobre la investigación de la muerte de la abogada Digna Ochoa, en el que manifiesta que resulta altamente preocupante el estado que guarda este caso, afirma que hay deficiencias en varias pruebas importantes, que las investigaciones en Guerrero no se hicieron adecuadamente, y que el Ejército no proporcionó la información que le fue requerida.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) difundió una reseña del informe, que la CIDH le envió el 16 de junio, debido a que es peticionario de la intervención de esa Comisión, y también lo envió a las autoridades del gobierno mexicano responsables del caso.

En lo que se refiere a las investigaciones en Guerrero, el experto de la CIDH cuestiona que la Fiscalía de la Procuraduría General de Justicia del DF, a cargo de Margarita Guerra, no atendió las recomendaciones que le fueron formuladas, y que haya seguido realizando las actuaciones por medio de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a quienes la comunidad ha cuestionado.

Critica que las preguntas que se hicieron a testigos de la entidad hayan sido de cajón, y orientadas no a testigos sino al descargo de sospechosos.

Asimismo, critica la falta del cuidado necesario para recibir las declaraciones de los campesinos ecologistas de Guerrero.

Ante las graves fallas que encontró en los peritajes, el experto recomienda la necesaria reforma y modificación de los cuerpos periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), como una medida para garantizar que futuros casos no adolecerán de inconsistencias técnicas que puedan minar la credibilidad de los resultados.

Señala que con base en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la implementación inmediata de esta recomendación.

Expone que “resulta altamente preocupante el estado que guarda este caso, a pesar de los apoyos y medios necesarios que tanto el Gobierno como la comunidad nacional e internacional han aportado para su impulso, preocupación que se extiende a la suerte que corren todos aquellos casos donde se reclama justicia en México y que carecen de estos apoyos para obtener resultados”.

Deficiencias técnicas

Los expertos de la CIDH del equipo encabezado por Pedro Díaz encontraron   deficiencias graves en las pruebas forenses de necropsia y autopsia y en los peritajes de rescate de huellas dactilares.

También encontraron falta de control necesario para garantizar la cadena de custodia tanto de la escena del crimen como de la propia evidencia.

El experto critica que los peritos “hayan emitido opiniones en términos absolutos y de certeza al momento de rendir sus conclusiones sin recurrir a los indicadores exigidos para ciertas pruebas y sin la debid fundamentación científica. Muchas de estas fallas son difícilmente subsanables”.

Plantea un cuestionamiento directo a los peritos: “su preparación no es adecuada, combinándose una falta de conocimiento profundo del ordenamiento jurídico vigente y desidia en el trabajo, que imposibilitan que el rendimiento en términos generales sea satisfactorio y la falta de un sistema de control adecuado termine burocratizando el trabajo”.

Los expertos atribuyen la mayoría de las fallas que presenta la investigación a  problemas de tipo estructural que, en materia de justicia penal, enfrenta el país, y no a una situación coyuntural derivada del caso.

En materia de balística, señala el experto que “uno de los problemas que gravitó negativamente sobre la investigación en esa área, fue la cadena de custodia, ya que se advirtió un deficiente control de la escena de los hechos y los peritos no llevaron regularmente notas de trabajo, además de existir excesivas interpretaciones de fondo”.

Agrega: “Aunque en el área de balística la prueba estuvo en términos generales ajustada a los estándares internacionales exigidos para este efecto con las observaciones apuntadas, sin que a partir de esa prueba se pueda determinar si el hecho se trató de un suicidio o de un homicidio”.

Dice que “las diferentes pruebas de genética no se desarrollaron dentro de los estándares internacionales existentes para este tipo de pruebas. Por ese motivo entraron en contradicción unas con otras. En cuanto a la recolección de muestras de saliva en forma indiscriminada a personas cercanas y familiares a la víctima, lleva a considerar que tales pruebas no eran pertinentes en esta forma, pues a quien se solicitaba la muestra de saliva, se le está indiciando en la investigación y al parecer no emergen del sumario los suficientes elementos para tal circunstancia”.

Mala actuación en Guerrero

Una línea de investigación se refería al probable origen del crimen en el apoyo que la abogada dio a los campesinos ecologistas de Guerrero, y la intervención de miembros del Ejército y de caciques en el asesinato.

Testigos de Guerrero señalaron datos que la Fiscalía no tomó en cuenta, en particular uno que tenía información precisa, y a quien la fiscal y sus agentes del Ministerio Público no le quisieron tomar declaración con el pretexto de que no llevaba su identificación.

Asimismo, los miembros de la Organización Ecologsita de la Sierra de Petatlán, que desde los primeros días demandaron que se investigara esta línea, cuestionaron la forma como se actuó en Guerrero, sin las condiciones necesarias para que los testigos declararan con libertad, sin la intervención de autoridades de la Procuraduría Estatal que son conocidas por sus nexos con los caciques, y además no tomaron la declaración de los campesinos que llamaron a Digna Ochoa para pedirle que viniera a ayudar en la defensa jurídica de presos ecologistas y de campesinos perseguidos por el Ejército con acusaciones falsas.

Por su parte, el Comité de Presos Políticos de Acapulco, que pidió que se investigara a los militares y caciques, y al ex presidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba, cuestionaron que los agentes de la Procuraduría del DF, no investigaron las pistas propuestas.

Sobre la línea Guerrero, el informe del experto de la CIDH dice:

“Respecto de las testimoniales de los campesinos de la región, no se atendió la recomendación en este sentido sino que, por el contrario, continuaron practicándose las declaraciones por exhorto a las autoridades de la Procuraduría de Guerrero con competencia en esa región y a quienes la comunidad ha cuestionado.

“Además, subsiste el estilo inconveniente de formular preguntas ‘de cajón’ o habituales que reflejan más una diligencia de descargos dirigida a un sospechoso que a un testigo.

“Por otra parte, lamenta que no se haya recibido la declaración de un testigo que podía tener información importante, debido a que carecía de identificación”.

El Ejército no dio información

Asimismo, el experto critica la actitud del Ejército:

“La Secretaría de la Defensa Nacional no entregó la información solicitada en forma concreta y directa, pese a los continuos requerimientos que se le hicieron y que en una investigación de esta naturaleza todas las entidades del Estado y los particulares tienen la obligación de colaborar suministrando información. No se puede admitir reserva alguna de datos e informaciones que en giro de sus funciones regulares le corresponde llevar”.

Afirma que “de ser los archivos y boletines de prensa los únicos existentes en esa dependencia de inteligencia en relación con la licenciada Ochoa, es absurda tanta cautela, demora y malestar para no permitir el acceso pleno y directo de los investigadores a los archivos físicos y electrónicos que poseen, pues la información suministrada es pública y se encuentra en forma más completa en las bibliotecas o hemerotecas de la ciudad”.

Posición del Prodh

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) plantea que ante la emisión del informe, la Fiscalía y la Procuraduría General de Justicia del DF deben dar una respuesta clara y públicamente, y decir cómo atenderá e incorporará a la investigación estas conclusiones que le fueron formuladas.

Además, deben establecer de qué manera investigará y sancionará las fallas cometidas por los equipos responsables en las distintas fases de la investigación.

Pide que “en los casos en que las fallas que generaron deficiencias en las pruebas no sean subsanables, la Fiscalía deberá determinar el grado de certeza que se pierde en la investigación por estas omisiones, de tal manera que el resultado que emita al final permita valorar la credibilidad del mismo”.

Plantea: “En caso de que las deficiencias de la investigación impidan la posibilidad de un resultado creíble, la Fiscalía, la PGJDF y el Estado mexicano, deberán de asumir su responsabilidad jurídica y política ante la sociedad nacional e internacional”.

El Prodh plantea: “Tomando en consideración el informe emitido por la CIDH, es obligación de la Fiscalía responder si en estas condiciones es factible dar una conclusión creíble sobre la investigación y que además contenga términos claros y precisos de las razones que fundamentan la misma”.