Héctor Manuel Popoca Boone

Copra, estrategia con futuro

 No es propio que yo lo diga, pero ha sido en el gobierno de René Juárez Cisneros donde los copreros de Guerrero han tenido los apoyos no otorgados durante varias décadas. Este gobierno estatal cubrió un vacío de atención generado desde la extinción de la Impulsora Guerrerense del Cocotero, organismo paraestatal establecido por el gobernador Rubén Figueroa Figueroa.

Pareciera que hubiera existido un síndrome, después de la masacre de 1967, porque ningún gobierno estatal auspició o permitió la realización de congresos copreros en el estado. En esta administración hemos promovido dos sendas convenciones copreras. La primera para la constitución del Consejo Estatal del Coco (Cecoco) y la segunda para refrendar la solicitud ante el gobierno federal de prorrogar el arancel establecido a la libre importación de aceite de coco o sucedáneos. Hemos gobernado de cara, para y con los copreros, respaldando sus demandas económicas justas y legítimas.

Los resultados están a la vista, aun para aquellos que no los quieren reconocer como mi amigo Francisco Abarca Escamilla; quizás porque está en campaña electoral y le urge consolidarse como político opositor.

Los ingresos económicos de las familias copreras mínimamente se han duplicado, puesto que el kilo de copra, de estar en 2 pesos 20 centavos pasó a 4 pesos 80 centavos en el mercado regional; sin omitir que la empresa paraestatal Agroindustrias del Sur, recibe la copra a 6 pesos. La derrama económica, provocada por las acciones del gobierno de René Juárez y la movilización organizada de los copreros para establecer el arancel, es de no menos de 250 millones de pesos anuales adicionales. No es ninguna bicoca el logro económico que repercute directamente en los bolsillos de la familia coprera.

Pero lo económico no es todo. Por instrucciones del gobernador del estado, la empresa coprera propiedad del gobierno del estado pasó a ser coadministrada conjuntamente con los propios copreros, a partir de fuertes señalamientos de ineficiencia y corrupción por parte de los administradores gubernamentales. El resultado es que hoy en día se han transparentado los ingresos y egresos económicos de las plantas; y además, es justo y necesario reconocerlo, los productores de copra encontraron clientes para el aceite que ahí se procesa a mejores precios de venta. Asimismo, se formó una comisión de vigilancia y transparencia, en donde todos nos vigilamos mutuamente, para inhibir posibles transas económicas de administradores y también de productores; puesto que aquí como en todas partes, el dinero es seductor, canijo y canalla.

El subsidio estatal a la copra que suma 36 millones de pesos anuales y los aranceles establecidos al aceite de coco y sucedáneos son de carácter eventual y transitorio, mientras prevalezca el dumping y el contrabando internacional detectado. Todos estamos conscientes de ello, gobierno y productores. Por eso nos hemos comprometido a caminar por dos vías paralelas: 1.- Fomentar y apoyar el establecimiento de agroindustrias del coco que no sean para la fabricación de aceite de copra (coco rayado, dulces de coco, agua embotellada, fibras para substratos o bajo alfombras, carbón activado, etc.). 2.- En la modernización de la huerta de coco (mejoras territoriales, ferti-irrigación y sanidad) para otorgarle mayor productividad, con establecimiento de cultivos asociados bajo palma (pastos mejorados, frutales, etc.). He ahí el reto que tenemos y estamos contra el tiempo. De no hacer nada, ya después ni llorar o lamentarnos será bueno.

De la escrupulosidad, honestidad, transparencia y equidad con que operemos los recursos económicos gubernamentales destinados al cocotero, a través del Cecoco y de la empresa Agroindustrias del Sur, dependerá el éxito que logremos de alcanzar los objetivos trazados a corto y mediano plazo. Las estrategias, por muy bien diseñadas que estén, pueden fracasar por el factor humano. El meollo del asunto estriba en que no nos crezcan las uñas a los servidores públicos y a los dirigentes copreros que tenemos la obligación de aplicar los programas, acciones y recursos acordados. Sería imperdonable que defraudáramos la confianza que han depositado en nosotros muchas de las familias copreras.

Después de la masacre del 67, los liderazgos copreros que emergieron, buena parte de ellos se dedicaron a chantajear y a centavear a las empresas aceiteras privadas, a los gobiernos estatales y a buscar posiciones políticas a costa, y sobre las espaldas, de miles de copreros; esgrimiendo que ellos podían tener controlados a los costeños productores de copra. Los tiempos actuales ya no están para eso, ni las circunstancias políticas y sociales lo permitirían.

PD. Arturo Martínez Nateras: mi gratitud por tu solidaridad. Tal parece que hoy en día, lo que prevalece es la mercantilización de la política y de los políticos, en un inmenso océano de pragmatismo ramplón. Los principios, las ideas, la congruencia, la honestidad y la ética brillan por su absoluta opacidad y ausencia. Mis saludos, refrendándote mi persistencia quijotesca de tratar de seguir grabando en el agua.