Ordena la PGJE a la Policía Ministerial cesar todo hostigamiento contra periodistas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) instruyó a la Policía Ministerial a que “en el ejercicio de sus funciones evite incurrir en actos de hostigamiento e intimidación en perjuicio de toda persona, especial referencia a integrantes del gremio periodístico”.
Lo anterior, en respuesta a la denuncia de intimidación del corresponsal de El Sur en Iguala, Alejandro Guerrero, por parte de un grupo de policías ministeriales que estuvieron preguntando por él durante varios días.
A través de un boletín, la dependencia informó que se abrió una investigación de oficio por los actos de hostigamiento que denunció el comunicador, y que solicitó a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) un puntual seguimiento del caso.
Anunció que si el agraviado decide incorporarse al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, se le brindarán las facilidades necesarias.
El objetivo de este mecanismo, que opera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las poblaciones en situación de riesgo por el ejercicio de sus actividades o funciones de derechos humanos, políticas, sociales o humanitarias.
El corresponsal de este diario atribuyó el acoso de los ministeriales armados a una nota publicada el 22 de julio bajo el título “Investiga la Procuraduría una denuncia contra el alcalde de Iguala por amenazas”, donde se dio a conocer una averiguación previa en el Ministerio Público, por una denuncia del comisariado ejidal de Iguala, Marco Antonio Bustamante Nájera.
El reportero añadió que por fuentes extraoficiales supo que la orden de buscarlo fue girada por el procurador Iñaky Blanco Cabrera.
Ayer, la PGJE destacó que “el derecho a la integridad y seguridad personal es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro de un Estado de derecho, bajo la vigilancia de un sistema jurídico normativo, coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad, que defina los límites del poder público frente a los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado en sus diferente esferas de ejercicio”.
Por otra parte, dijo que la prerrogativa del derecho a la legalidad implica que los actos de la administración pública, de la administración y procuración de justicia, se realicen con apego a lo establecido por el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de sus titulares.
Subrayó el compromiso “ineludible” de la PGJE en el respeto a los derechos humanos y en aplicar sin distinción alguna la ley a quien haya incurrido en posibles actos delictivos.