Denuncian cateos ilegales y violentos de policías judiciales en Costa Grande

 * Pobladores de Lagunillas, Pantla, Las Ollas y San Ignacio, los afectados  

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Habitantes de la comunidad de Lagunillas denunciaron incursiones arbitrarias de policías judiciales en casas del poblado sin órdenes de aprehensión.

Entre martes y miércoles de esta semana, grupos de judiciales armados entraron sin órdenes de captura o cateo que avalaran la irrupción violenta que hicieron en viviendas de Lagunillas, Pantla, Las Ollas y San Ignacio.

En el caso de Lagunillas golpearon a quienes se opusieron o cuestionaron estas irrupciones y extrajeron del interior de las viviendas videos, fotografías, documentos y dinero de los habitantes.

El mediodía del martes 10 de junio un grupo de judiciales irrumpió en por lo menos tres viviendas de la comunidad de Lagunillas, a plena luz del día. Los afectados, aseguraron que entraron “directo a esculcar las cosas de uno” sin siquiera explicar el motivo de las revisiones.

En Lagunillas un grupo de judiciales entró a la casa de la señora María Engracia Pacheco Orozco en la que sólo estaba su padre de 75 años, Hilacio Pacheco León. Ahí los judiciales entraron y empezaron a revisar roperos, camas, anaqueles, documentos y alhajeros. El señor Pacheco León dijo que como no ve bien, sólo escuchó que los perros empezaron a ladrar porque un grupo de hombres estaba entrando a la casa. Al preguntarles quiénes eran y qué buscaban no les contestaron y sólo vio que “estaban esculcando la casa”, revisando desde “los papeles que siempre tenemos guardados en bolsas” hasta “otras cosas”.

De esa casa los judiciales sacaron una cadena y una gargantilla de oro y 100 pesos que estaban “en un alhajerito”.

Revisaron las casas vecinas, ubicadas también atrás de la tortillería del poblado. La irrupción se dio en iguales condiciones de acuerdo a los afectados. No les presentaron ordenes de aprehensión y tampoco les pidieron permiso o les dieron explicación alguna del motivo de la revisión a los asustados habitantes. En ambas casas los judiciales se llevaron álbumes de fotografías.

La señora Eugenia Pacheco Orozco, una de las dueñas de las casas cateadas, es prima del ganadero de Pantla que fue secuestrado el 3 de junio, Juvenal Orozco Oregón, motivo por el cual no se explican las incursiones de los judiciales a sus viviendas.

Los habitantes de Lagunillas por temor a ser cateados en sus casas, pidieron omitir sus nombres pero exigieron la intervención de derechos humanos para evitar este tipo de atropellos “porque no toda la gente es mala”. Acotaron que no se oponen a las investigaciones pero que consideran que no por ello deben de “faltarle al respeto a los demás”.

El mismo martes 10 a las 9:30 horas, un grupo de judiciales apoyados por “encapuchados” catearon casas e irrumpieron en viviendas para sacar con lujo de violencia a algunos habitantes sin mostrar ordenes de aprehensión.

Presuntamente irrumpieron como parte de las investigaciones que sigue el comandante regional de la Policía Judicial del Estado  (PJE) Federico Peredo Jiménez respecto a los presuntos secuestradores del ganadero Juvenal Orozco Oregón y su peón Jacinto Romero Alonso.

Los habitantes de San Ignacio hicieron la denuncia de los hechos ante el alcalde de Zihuatanejo, Amador Campos Aburto, en la entrada a la sierra el pasado miércoles 11 de junio pues tras la irrupción en el poblado y a la vista de los lugareños, los judiciales habían  sacado por la fuerza de su casa a José Juan Peña Valencia a quien le quitaron una pistola calibre 22 y 2 mil 500 pesos en efectivo que tenía en su casa y que no le han querido devolver a su familia. También sacaron de su casa a Adamacio Delgado Cortés a quien le catearon su casa y golpearon, pues es hermano del presunto secuestrador muerto, Miguel Delgado Cortez, de 27 años de edad. Adamacio fue liberado a las 2 de la madrugada del miércoles 11 y llegó por propio pie a la comunidad de Pantla, mientras que de Juan José Peña Valencia se desconoce el paradero.

En Pantla, los judiciales también han revisado casas entre ellas una que estaba abandonada y que es de una familia que se fue a trabajar a Estados Unidos desde hace varios años en busca de un mejor trabajo. También sacaron de otras casas videos y fotografías aunque los afectados tiene temor a dar sus nombres para evitar represalias de parte de la judicial.