Los jueces, responsables de que no avancen los casos de desaparecidos

* Presentará el fiscal especial Carrillo Prieto una contrademanda, informa la senadora perredista * Critica que el trabajo de la Fiscalía es muy lento

Aurelio Peláez * En la víspera de la conmemoración de los 36 años de la matanza de padres de familia en Atoyac y del primer año de que la Fiscalía Especial abriera una oficina receptora de quejas en esa ciudad, la senadora perredista Leticia Burgos Ochoa, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, achacó al Poder Judicial que no haya resultados en el esclarecimiento de crímenes ocurridos durante la guerra sucia, investigados por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).

Para la senadora Burgos Ochoa, los jueces que han declarado prescritos los delitos contra activistas detenidos y desaparecidos por fuerzas gubernamentales tienen “una lectura equivocada del derecho”.

Dijo que pese a que haya abogados constitucionalistas que han dado la razón a los jueces, de Monterrey y Puebla que consideraron prescritos los delitos cometidos contra Jesús Piedra Ibarra y Joel Arriaga Navarro en abril pasado, “hay otros como el propio fiscal especial de la Asamblea Nacional de España (Carlos Castresana Fernández) que alega lo contrario, que dice que los jueces se están equivocando cuando pretenden prescribir este tipo de delitos”.

La senadora perredista, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, destacó que el fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto, está en proceso de presentar “una contra demanda” en la consignación de Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad a los que se les involucra con la desaparición de Jesús Piedra.

“Creo que le asiste la ley al fiscal cuando argumenta que no tienen razón los jueces para desechar la demanda del fiscal especial para que sean detenidos Nazar Haro y De la Barreda, porque el fundamento legal al que él hace mención es el código penal federal relacionado con delitos continuados como es el caso del secuestro”.

La senadora reconoció, no obstante, que el trabajo de la Fiscalía es “mucho muy lento”, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) debe respaldar a dicha oficina para que “su trabajo sea cada vez mejor”.

De los señalamientos de agentes del Ministerio Público adscritos a la FEMOSPP de que Carrillo ofrece recursos a testigos, por lo que el procurador General de la República anunció que se están investigando estás quejas, Burgos Ochoa, muy cercana a víctimas de la guerra sucia, dijo que “en primer lugar habría que esperar a que la autoridad deslindara debidamente todas las responsabilidades”.

De los militares involucrados en crímenes de la guerra sucia, la senadora perredista manifestó su confianza en que la FEMOSPP consigne a personajes como Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo, procesados por el Supremo Tribunal Militar por los delitos de homicidio calificado contra 22 personas, según la última consignación del juzgado castrense, cuyos cuerpos fueron arrojados al mar desde una aeronave militar que regularmente partía de la Base Aérea de Pie de la Cuesta, según testigos.

“El proceso desespera porque es tortuoso en los procesos de investigación y más aún el judicial, tenemos confianza de que la autoridad no va a empañarse los jueces van a tener que rectificar”, dijo Burgos Ochoa.

La senadora presentó unas iniciativas para que las convenciones internacionales sobre desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad sean acatadas por el Estado Mexicano sin reservas, como fueron aprobadas recientemente por el mismo Senado.

Pese a los limitantes legales, Burgos Ochoa estimó que los jueces que han considerado prescritos los crímenes de la guerra sucia olvidan que “el derecho internacional es el que está asistiendo al fiscal especial para que las investigaciones se persigan por delitos continuados”.