Moisés Alcaraz Jiménez

CAPAMA, privatización encubierta y silenciosa

En contraste con las protestas vigorosas contra la venta al sector privado de la CFE y Pemex, pocas voces se han alzado contra otro intento de entregar un bien nacional a manos de particulares. Se trata de la privatización silenciosa y encubierta de los organismos públicos administradores del agua en los municipios del país.

Tal vez se piense que este es un caso mucho menor al lado de las dos grandes empresas públicas que se han convertido inclusive en símbolo de lo poco del nacionalismo mexicano que los gobiernos neoliberales han dejado. Pero no es así si se considera que el agua es desde ahora un asunto de seguridad nacional que adquirirá un valor aún más estratégico se si toman en cuenta los estudios hechos por expertos que anticipan una escasez severa en unos cuantos años más.

El agua alcanzará entonces, además, un alto valor monetario que si se deja en manos privadas se convertirá en uno de los más jugosos negocios de los que hasta ahora se tenga memoria. Empresas multinacionales de Suecia, Bélgica, Holanda, España, Estados Unidos y otros países, que tienen como socios a capitalistas en diversas partes del mundo, incluido México, buscan desde ahora afanosamente apropiarse de las empresas públicas que tienen a su cargo la distribución del líquido para consumo humano.

En el caso de nuestro país, la Comisión Nacional del Agua es el organismo que encabeza la nueva ofensiva privatizadora del vital líquido. Sus gerentes, así se nombran quienes dirigen esa dependencia, como en la iniciativa privada, responden más a los intereses del capital trasnacional que a los de la población y desde hace tiempo comenzaron a promover la privatización de este servicio en varios municipios del país.

Para ello han utilizado un chantajista programa, llamado Promagua, a través del cual ofrecen recursos a los gobiernos locales a cambio de que abran los organismos al capital privado. A últimas fechas han incrementado las presiones a las autoridades de los estado y municipios para que reformen sus leyes en la materia y se permita que intereses privado se apoderen de este servicio.

Las empresas interesadas en este negocio cuentan con hábiles vendedores, expertos en comercializar proyectos de este tipo, que invitan a autoridades municipales a que conozcan la cara amable de sus empresas y sin ningún escrúpulo esconden lo negativo y recurren a la mentira y a las técnicas de mercado para hacer pasar como buenos, proyectos que una vez aplicados demuestran su verdadero rostro fraudulento, sin que para entonces exista forma de revertirlos porque los habilidosos mercaderes hacen previamente todos los amarres jurídicos posibles, mediante convenios ventajosos para ellos, que impiden dar marcha atrás a ese tipo de negocios, no obstante que ya en operación se compruebe que son altamente perjudiciales para la población.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) está en riesgo de caer en poder de manos de particulares; no obstante que las autoridades municipales afirmen lo contrario. Tratar de ocultar la privatización mediante artimañas y argucias tales como que se venderá sólo una parte del organismo, que ésta será una empresa mixta, que los empleados también serán los dueños, o que el gobierno seguirá manteniendo el control de las tarifas, ha sido un procedimiento engañoso al que mayormente recurren gobiernos y empresarios cuando pretenden entregar un bien público a manos privadas. En el caso de CAPAMA se está siguiendo el mismo mecanismo, que es el primer paso que siempre sigue el capital privado para apropiarse de los bienes nacionales. Sería muy lamentable que el alcalde, los síndicos y los regidores aceptaran como válidas toda esa serie de falsedades.

El capital privado ya ha logrado apoderarse de los organismos administradores del agua en algunos municipios. Donde ahora operan esas empresas no existe ninguna mejoría del servicio, pero sí se han incrementado enormemente las tarifas, lesionando con ello aún más a la ya deteriorada economía familiar.

De las irregularidades con que esas empresas trabajan, a las cuales ya nos hemos referido con anterioridad en estas mismas páginas, ha dado cuenta con gran certeza Joel Mendoza Maciel, invitado junto con regidores y síndico de Acapulco a conocer cómo opera el organismo privado que administra el agua potable en Cancún. El desabasto, las deficiencias y la pésima administración persisten, con la salvedad de que ahora el servicio es más caro, elitista y discriminatorio pues se privilegia el suministro de agua a la zona hotelera y residencial, donde los empresarios pueden obtener más ganancias, y se margina a los sectores populares que ahora sufren periodos más largos de escasez de agua además de que tienen que pagarla a un precio más alto.

Gerardo Sierra Ulloa está en CAPAMA no para volverla más rentable y autosuficiente, sino para entregarla al capital privado. El director de la empresa y altos funcionarios municipales trabajan ya junto a los empresarios interesados en la paramunicipal, para concientizar a la población de que acepte transferirla al sector privado. Rara simbiosis de políticos que militan en un partido antineoliberal que se proclama de izquierda con grupos de privatizadores que, además, carecen de solvencia moral por sus antecedentes de corrupción y deshonestidad.

Sierra Ulloa repite y magnifica en cada foro donde se presenta las limitaciones que CAPAMA tiene para atender con eficiencia la cada vez mayor demanda de la población. El funcionario no presenta nunca alternativas de solución que no sea vender la empresa. No se trata de un funcionario inepto o incapaz, es más bien un personaje al servicio de los empresarios a los que les está allanando el camino en este gran negocio y se cierra a la búsqueda de otras alternativas para eficientar al organismo y preservarlo como un bien público.

Ciertamente su salida de CAPAMA no solucionaría el problema, pero se evitaría que el propio director de la paramunicipal sea una especie de principal agente de ventas de consorcios privados que sólo vendrían a enriquecerse más en medio de la pobreza en que viven miles de acapulqueños.

Deshacerse de un bien público es una clara muestra de la incapacidad administrativa de un gobierno. Se trata de una actitud claudicante, es declinar a la responsabilidad fundamental de todo gobierno de brindar directamente y no a través de terceros los bienes y servicios básicos indispensables para garantizar las condiciones mínimas de bienestar social que la iniciativa privada jamás podrá proporcionar.

Si bien las autoridades municipales reiteran que nada se ha tratado con miras a privatizar CAPAMA, la población acapulqueña debe estar preparada para lo que vendrá en unos días más, tal vez después de las elecciones del 6 de julio próximo, cuando el gobierno municipal y los empresarios lancen la ofensiva final que dejaría a la población de este municipio en manos de la voracidad mercantil de poderosos grupos económicos que paulatinamente se han venido apoderando de la riqueza nacional.