Zeferino Torreblanca ordenó el asesinato de Armando Chavarría, reveló un implicado

*La acusación la hizo en una declaración ministerial el comandante Trinidad Zamora Rojo. Con otros policías ministeriales ya identificados participó en el homicidio, según consta en el expediente del caso. Su testimonio le fue tomado en junio de 2011 y días después fue ejecutado en Chilapa. También señaló como participante al que era titular de la Auditoría General del Estado, Ignacio Rendón Romero

Redacción

Chilpancingo

El asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera, perpetrado el 20 de agosto de 2009, fue ordenado por el entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y ejecutado por un grupo de policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Así lo dijo en los primeros días de junio de 2011 el comandante de la Policía Ministerial, Trinidad Zamora Rojo, en una declaración ministerial rendida ante la Procuraduría e integrada al expediente del caso.
En esa declaración, Zamora Rojo manifestó que participó en el crimen y declaró que temía por su vida, de acuerdo con fuentes que revelaron a El Sur el contenido de la información aportada por el jefe policiaco.
Zamora Rojo dijo también que en la organización del homicidio estuvo implicado el entonces titular de la Auditoría General del Estado, Ignacio Rendón Romero.
Después de rendir por voluntad propia su declaración, Zamora Rojo fue asesinado y su cuerpo desmembrado fue arrojado el 17 de junio de 2011 cerca de la sede de la PGJE en Chilpancingo.
Zamora Rojo había sido levantado el 16 de junio por hombres armados que irrumpieron en la comandancia de la Policía Ministerial en Chilapa, y al día siguiente apareció descuartizado, con la cara desollada y con unos dedos dentro de su boca.
Junto a su cadáver fue dejado un papel con el siguiente mensaje: “sea quien sea… a todos los chaqueteros dedos y chapulines esto va para todos ustedes del color más fuerte los rojos”.
De acuerdo con las fuentes, el comandante Zamora Rojo describió a las autoridades la operación efectuada para privar de la vida al diputado del PRD, y proporcionó los nombres de los otros agentes ministeriales que mataron a Chavarría Barrera de diez balazos, uno de ellos en la frente.
El periodista Tomás Tenorio Galindo había difundido ya el 14 de mayo de 2012 en su columna “Otro País” que se publica en estas páginas algunos detalles de la trama urdida para asesinar al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado, entre ellos que la orden había provenido de “órdenes superiores” y que el crimen había sido ejecutado por agentes ministeriales en activo en aquella fecha.
Uno de los agentes que intervinieron en el crimen se hallaba preso a mediados de 2011 en una cárcel del estado de Guanajuato. El otro, de nombre “Jacinto”, estaba libre pero también sometido a proceso en aquel estado por delitos cometidos en esa región.
Como resultado de la declaración de Zamora Rojo, ambos ex agentes fueron interrogados por representantes de la PGJE, que para ello se trasladaron a Guanajuato.
La información obtenida ahora por El Sur confirma además que la Procuraduría de Justicia del estado tiene en su poder una de las pistolas utilizadas en el homicidio de Chavarría Barrera.
La declaración ministerial del comandante Zamora Rojo se realizó en los días en que el entonces procurador Alberto López Rosas había denunciado la desaparición del expediente del caso en el contexto del cambio de gobierno.
El próximo 20 de agosto se cumplirán cinco años del homicidio de Chavarría Barrera, quien en el momento de su muerte era presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado, y oficialmente no ha sido reportado avance alguno de las investigaciones.
Cuando fue acribillado afuera de su casa, Armando Chavarría se perfilaba como candidato del PRD a la gubernatura y en los meses anteriores había protagonizado un fuerte enfrentamiento político con el gobernador Zeferino Torreblanca, quien le retiró la escolta de seguridad oficial que lo protegía por haber sido secretario general de Gobierno.
Después del asesinato de Armando Chavarría, Torreblanca Galindo impulsó y pretendió imponer como candidato del PRD a Armando Ríos Piter, quien hasta unos meses atrás había sido su secretario de Desarrollo Rural y en el momento del crimen era diputado federal electo.
El gobernador Ángel Aguirre Rivero se comprometió en su campaña electoral a esclarecer y castigar el crimen, lo que hasta ahora no ha cumplido.
Aguirre Rivero ha designado a cuatro procuradores –Alberto López Rosas, Juan Manuel Herrera Campos, Martha Elva Garzón Bernal e Iñaky Blanco Cabrera–, pero hasta la fecha el homicidio sigue en la impunidad.