Fallido intento de embargo a los bienes del periódico El Sur

* Acepta el enviado de la Junta Local que la empresa Información del Sur no fue llamada a juicio ni vencida en él * No actúa bajo las órdenes del gobernador, dice el corresponsal de La Jornada

Alfredo Mondragón * Actuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) acompañados de policías estatales y municipales, ayer por la tarde se presentaron en las oficinas de Información del Sur SA de CV –empresa editora de este periódico– para ejecutar un laudo que ganó el corresponsal del diario nacional La Jornada, Domingo Misael Habana de Los Santos.

Sin embargo, el actuario Francisco Hernández Guzmán, al término de la diligencia dijo que ésta se canceló debido a que “al acudir al domicilio de esta empresa, es una persona diferente, un tercero que no tiene nada que ver, que no fue llamado a juicio ni fue vencido y como la parte actora cuando estuvo en uso de la palabra nunca me manifestó ni me señaló bienes para embargo propiedad de los condenados entonces me veo imposibilitado de proceder”.

Por su parte, el representante legal de la empresa Información del Sur, Juan Altamirano Pineda, adelantó que promoverá un juicio de amparo ante tribunales federales en contra de todas las actuaciones del juicio laboral de Misael Habana “sobre la base de que el demandante no trabajó para esta empresa, que nació el 6 de octubre del 2001, que Información del Sur no fue emplazada a juicio y por lo tanto, no tuvo oportunidad de ser escuchada ni vencida”.

Altamirano agregó que “no es Información del Sur la que tiene que pagar a Misael Habana, sino la empresa Medios del Sur”.

Habana de los Santos demandó y ganó el 13 de diciembre del 2002 el juicio laboral ante la JLCA en el expediente 2007/2001, a la empresa Medios del Sur, que editaba el periódico local La Jornada El Sur, que dejó de circular en Guerrero el 5 de octubre del 2001. Habana reclama el pago de 245 mil 678 pesos con 52 centavos de indemnización y salarios caídos.

Aproximadamente a las 13 horas, ocho policías municipales armados, a bordo de la patrulla 301 llegaron a las instalaciones de la empresa Información de El Sur, ubicadas en calle Vasco Núñez de Balboa 12, acompañando al periodista Habana de Los Santos, a su abogado Juan Rodríguez Villalobos, al actuario Hernández Guzmán con sus auxiliares y reporteros de diversos medios de comunicación.

Afuera, a media cuadra se observó la presencia de un vehículo Jetta, color negro, con cinco personas armadas que era conducido por el comandante de Asuntos Especiales de la Policía Judicial del Estado, Daniel Mañez Campos, y en las inmediaciones se observó la presencia de agentes de Gobernación federal, estatal y municipal.

Al principio, los agentes de la Policía Preventiva ingresaron a las instalaciones del periódico El Sur, pero luego se salieron y se apostaron sobre la banqueta.

El jefe de prensa de la Secretaría de Protección y Vialidad del municipio, Enrique Villagómez, aclaró que la Policía Preventiva “sólo acudió en auxilio y protección” del actuario a petición del presidente de la JLCA, Abad Orozco Rojas, mediante el oficio 306 de fecha 14 de febrero, con fundamento en el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo.

El secretario de Protección y Vialidad Antonio Valenzuela Valdez no fue localizado para saber si tenía conocimiento de este movimiento policiaco y si era usual que en este tipo de actuaciones se soliciten tantos policías.

El abogado Rodríguez Villalobos pertenece al bufete jurídico del laborista Eusebio Romero Hernández, asesor jurídico del líder priísta de ambulantes Antonio Valdés Andrade y de los ex agentes de Tránsito afines al PRI que pretendieron crear un sindicato en la corporación durante la administración de Zeferino Torreblanca Galindo.

El actuario notificó a la administradora de Información del Sur, Juana Hernández Infante, que realizaría la diligencia de embargo definitivo, pero el representante legal de El Sur, Juan Altamirano demostró con documentos que no se podía ejecutar esa acción debido a que Habana de los Santos ganó el juicio laboral a la empresa Medios de El Sur, que editaba La Jornada El Sur y porque “esta es otra empresa que nació el 6 de octubre del 2001 y en la cual no trabajó Misael Habana”.

Al actuario de la JLCA se le entregaron copias del acta constitutiva de la empresa editora de El Sur, del contrato de arrendamiento, el alta en la Secretaría de Hacienda, de la cédula fiscal y del acta de entrega-recepción de los bienes que formaban los activos de Medios del Sur –los equipos y la documentación contable– que recibió César Ortiz Jaramillo, nombrado por esa empresa para tal efecto y con fecha de 25 de octubre del 2001. “Todos los bienes que se encuentran en este local son propiedad de otras personas”, enfatizó Altamirano.

En entrevista, Habana dijo que “este es un asunto estrictamente laboral, no es un asunto político ni tengo nada contra este periódico, más que nada es un reclamo de mis derechos laborales, soy fundador de este periódico, a todo Acapulco y a todos los lectores de El Sur les consta lo que hizo Misael Habana por El Sur”.

–¿Cuánto tiempo trabajaste en el periódico y cuáles son tus demandas?

–Uff, para El Sur soy fundador súmale, échale cuentas, ustedes están aquí, conocen la historia, soy fundador, accionista principal, el tercer socio.

–¿Qué pasó, fue despido injustificado, cómo fue?

–Eso lo va a ver mi abogado ahorita, yo prefiero que lo digan ellos, yo nada más vine a acompañarlos, no tengo porque hablar.

–¿Cuáles son tus demandas?

–Una liquidación nada más.

–¿Cuántos años son los que trabajaste?

–No sé exactamente tendrías que hablar con mis abogados.

–¿Vienes por órdenes del gobernador?

–Cómo crees, este proceso lo tengo iniciado desde octubre, por eso digo que hables con mi abogado, octubre del año pasado ¿no? Se ha venido posponiendo por muchas cosas, bueno ustedes también tenían un proceso contra La Jornada ¿no? Incluso se iba a posponer dos meses más y yo dije hay que hacerlo ya, quiero que termine esto, no quiero perder tiempo, es un asunto estrictamente laboral.

El abogado de Habana de los Santos, Juan Rodríguez Villalobos, explicó que venían a ejecutar un embargo definitivo ordenado por la JLCA debido a que su cliente acreditó que fue despedido y demandaba el pago de 242 mil 678 pesos, más prestaciones, salarios caídos, indemnización de 90 días por despido injustificado, vacaciones y aguinaldo.

–¿De qué fechas a qué fechas reclama pago su cliente?

–Te digo, sobre la base de la demanda, él fue contratado el 3 de mayo de 1993 y fue despedido el 15 de octubre del 2001, sólo le dijeron que a partir de esta fecha a las 11:30 de la mañana que dejaba de prestar sus servicios para el periódico y se considerara despedido; el laudo tiene fecha 14 de agosto del 2002.

Sin embargo, el actuario de la JLCA, Hernández Guzmán, al término de la diligencia dijo que se canceló debido a que “al constituirme en este domicilio (de Información de El Sur) me acreditaron con documentos suficientes que la empresa demandada (Medios del Sur) ya no tienen su domicilio en este lugar, sino otra empresa”.

Luego explicó que el embargo no se llevó a cabo porque este domicilio es de una persona moral diferente “un tercero que no tiene nada que ver, que no fue llamado a juicio ni fue vencido y como la parte actora cuando estuvo en uso de la palabra nunca me manifestó ni me señaló bienes para embargo, propiedad de los condenados entonces me veo imposibilitado de proceder”.