Nada concreto en el informe del fiscal, critican familiares de desaparecidos

* Carrillo Prieto se negó a dar nombres, pero en la revista Proceso se publica que serán llamados a declarar como indiciados al menos 25 militares y 12 civiles, entre ellos el ex presidente Luis Echeverría, el ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, el ex gobernador Nogueda Otero, el ex procurador Acosta Viques y los generales Acosta Chaparro y Quirós

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * Nada concreto, coinciden familiares y víctimas de la guerra sucia, después de lo que consideraron un informe sin avances, presentado por el fiscal para movimientos sociales y políticos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto.

Coinciden más de cien familiares de desaparecidos que acudieron este sábado a la oficina de la Fiscalía en Atoyac, que no ha avanzado a un año de su creación y sólo lamentaciones de carencias de personal fue lo que Carrillo Prieto difundió en su informe.

Antes de su desorganizado informe de avances, el fiscal se reunió en privado con los ex diputados locales del PRD Eloy Cisneros Guillén y Octaviano Santiago Dionicio, con la maestra universitaria Alejandra Cárdenas, y los familiares de desaparecidos Arturo Gallegos, Andrés Nájera y Vicente Estrada, así como con los dirigentes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), Julio Mata Montiel, Tita Radilla Martínez, Isaías Martínez Gervacio y Eduardo Durán.

Ahí, en privado, el fiscal les expuso, más que un informe, las quejas de que no contaba con recursos humanos suficientes para la integración de las denuncias.

Los asistentes reclamaron que no hay avances a más de un año de creada la Fiscalía Especial. La única novedad es la promesa de que en 90 días se realizarán las primeras consignaciones que resultaron de las averiguaciones previas, y se negó a decir nombres de los indiciados, con el argumento de que podrían evadirse de la acción de la justicia.

Tampoco quiso respoder si entre los consignados estarán los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, que son de los que más acusaciones tienen como responsables de las desapariciones forzadas, aun cuando en este caso no le sirvió el argumento de que se pueden evadir, porque están presos en el Campo Militar Número Uno. El fiscal dijo que no tiene aún una conclusión sobre estas tres personas.

Pubican nombres de presuntos indiciados

Un día después del hermetismo de Carrillo Prieto, se publicaron en la revista Procesoi los nombres de los indiciados.

Aparece en esa publicación que al menos 12 civiles y 25 militares serán citados a declarar como indiciados ante la Fiscalía Especial por su probable participación en la guerra sucia en Guerrero.

Aparecen los nombres del ex presidente Luis Echeverría, del ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, del ex jefe de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, el ex procurador general de Justicia de Guerrero, Carlos Ulises Acosta Viques, y el ex gobernador interiro, Israel Nogueda Otero.

También, los generales Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo, Eliseo Jiménez Ruiz, Miguel Bracamontes, y los coroneles Ambrosio Quinto Adrián, Antonio López Rivera, Alfredo Casini Mariña, el capitán retirado Luis de la Barreda Moreno y los mayores Francisco Escobedo y Eloy, así como una docena más de capitanes, tenientes, subtenientes, sargentos, cabos y soldados.

Entre los nombres de los civiles indiciados están además el ex procurador Oscar Flores Sánchez, Arturo Durazo Moreno, los ex comandantes de la Policía Judicial en Acapulco, Wilfrido Castro Contreras e Isidro Galeana Abarca, Ideo Maldonado Hernández, Sergio Villanueva y Dámaso Tostado.

Cuestionan la actuación de la Procuraduría de Justicia Militar

En la reunión con los familiares, Octaviano Santiago Dionicio le planteó el problema de que la justicia militar tiene bajo proceso a Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y el mayor Francisco Javier Barquín Alonso, acusados del delito de homicidio de 143 de los desaparecidos, cuando es un asunto que no corresponde a la justicia militar. El dirigente perredista pidió al fiscal que formalmente atrajera el caso o por lo menos hiciera un pronunciamiento público en contra de la actuación de la Procuraduría de Justicia Militar.

Sin mayor explicación, la respuesta de Carrillo Prieto fue que no podía hacerlo, lo que Octaviano Santiago consideró como una muestra de las limitaciones que tiene la Fiscalía, de su incapacidad de reclamar ante los militares una investigación que le corresponde, y de que el presidente Fox no le dio las facultades necesarias para su labor.

El Carrillo Prieto informó que el trabajo en el Archivo General de la Nación ha sido intenso y “hay logros significativos como es el caso de documentos que hacen señalamientos sobre personas que participaron directamente o indirectamente en la comisión de ilícitos denunciados en esta región”.

Dijo que el procurador de la República, Rafael Macedo de la Concha, ha ordenado el reforzamiento del cuerpo de agentes ministeriales adscritos a su cargo para darle continuidad a los trabajos que realizan.

Mencionó que la reparación de daños a las víctimas y familiares de los desaparecidos corresponde al Comité Interdisciplinario de la Secretaría de Gobernación y será atendido en el momento procesal.

Santiago Dionicio, uno de los ciudadanos que víctimas de tortura por Acosta Chaparro, expresó: “Hay mucho ruido pero nada preciso y finalmente el tiempo esta corriendo”.

Opinó que tal parece que hay la intención de que se mueran los que están acusados y los propios acusadores para dejar sin materia a la Fiscalía que dijo nació con tanta publicidad.

Reiteró que existe preocupación por la actitud de poco avance, casi nulo, casi nada concreto.

Calificó como incorrecto que una instancia militar esté tratando de intervenir en los asuntos de una investigación que se supone ya está en manos de la Fiscalía y en referencia a los citatorios que la Procuraduría Militar está enviando a familiares de desaparecidos, dijo: “Pareciera que la línea es atemorizar a la gente”.

El fiscal informó que viajará a Ginebra, Suiza, para entrevistarse con expertos en la desaparición forzosa.

Al respecto, Octaviano Santiago opinó: “Más allá de organismos internacionales falta voluntad nacional”, y dijo: “yo no creo que vaya a pedir asesoría o no sé, hacer recapitulación de los sucesos de allá”.

Consideró que la Fiscalía hasta el momento es una pérdida inútil de tiempo y que debiera actuarse con mayor seriedad para encontrar no solamente a los responsables sino que se diga dónde están los desaparecidos.

Ríspida entrevista de banqueta

Por su parte, el fiscal dijo en una entrevista ríspida de banqueta con la prensa, en la cual contestó la mayoría de los cuestionamientos de manera déspota, que se están atendiendo 70 averiguaciones con 272 denuncias e inician una nueva etapa en el asunto de las indagaciones.

La nueva etapa señaló que es acelerar la marcha de la Fiscalía con la presencia de agentes del Ministerio Público federal que puedan realizar las múltiples diligencias de tantas averiguaciones que han iniciado y en 90 días podría haber consignaciones con civiles o militares reiterando que se ha avanzado en lo que se ha podido avanzar pero no quiso dar nombres de ningún caso concreto por que eso argumentó facilitaría a la sustracción de los probables responsables a la acción de la justicia y es lo que no van hacer.

Sobre su próxima reunión en Ginebra, Suiza, con expertos en desaparición forzada de diversos sitios del mundo para aprovechar las experiencias análogas en esta materia y enriquecer la acción de su dependencia, se le preguntó si es posible que en el caso de los desaparecidos se apliquen las leyes internacionales, y rspondió que no.

Del papel que juega Procuraduría Militar y si deja desfasado el trabajo de la Fiscalí, Carrillo Prieto señaló que los ciudadanos decidan con quien acuden y dijo que las investigaciones de los militares en Atoyac no representa impedimento para que continúe investigando la Fiscalía, ni viceversa, “cada cual hace su trabajo”.

Al término del informe el fiscal sostuvo una reunión muy breve con los integrantes de la Afadem, Tita Radilla Martínez y Julio Mata Montiel.

Los defensores de los derechos humanos informaron al fiscal que en la oficina alterna de esta ciudad el trato a los familiares de los desaparecidos es deficiente, pues los hacen esperar y no hay quien les tome la denuncia.

Le expusieron que la presunta atención médica es sólo una utopía ya que no hay medicamentos y cuando los dan son de los que ya caducaron.

Le plantearon que la Fiscalía se debe abocar exclusivamente a investigar situaciones de la guerra sucia y no distraerse con nuevas obligaciones como el caso Aguas Blancas, que señalan que debe ser tomado por la PGR.