Pide el obispo Raúl Vera la liberación de policías comunitarios a un año de que fueron detenidos

 
Lourdes Chávez

Chilpancingo

A un año de la detención de policías comunitarios na savi, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en la casa de Justicia de El Paraíso, con sede Ayutla, la Red Solidaria Década Contra la impunidad, que preside el obispo Raúl Vera López, demandó al gobernador Ángel Aguirre Rivero que sean liberados de inmediato.
A través de un oficio dirigido al Ejecutivo del estado, denunció que el único delito de los policías indígenas detenidos en el penal de Acapulco, fue haber aceptado los nombramientos que su pueblo les asignó, para dar un servicio sin goce de sueldo.
En el documento que inicia con la leyenda de Jon Sobrino: Los pobres son la esperanza, inquietan a los poderosos, los integrantes de la Red recordaron que hoy, 21 de agosto, se cumple un año de que los convoyes de marinos, Ejercito, Policía Federal y Ministerial irrumpieron con un uso excesivo de armas de fuego y de fuerza pública en la Casa de Justicia de El Paraíso de la CRAC-CP, en Ayutla.
Condenaron la acción policiaca y militar “a todas luces contrario a la convencionalidad y violatorio al convenio 169 de la OIT, a los artículos 1 y 2 constitucionales y a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos Cultura y de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero”.
Por esa detención, señalaron que siguen en la prisión de Las Cruces, en Acapulco, los policías comunitarios na saavis Bernardino García Francisco, sobreviviente de la masacre de El Charco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Justo.
Señalaron que su único delito fue haber aceptado los nombramientos que le confirió la comunidad indígena na savi, sin recibir un sueldo por prestar este servicio, porque la CRAC-PC tiene entre sus principios investigar, conciliar y educar, así como impartir una justicia pronta y expedita.
En ese sentido, los comunitarios no son responsables del delito de secuestro del que fueron acusados por personas sometidas a un proceso de reeducación, en la casa de Justicia de El Paraíso, sostiene el documento.
En este sentido, exigieron al gobernador la libertad de los seis policías comunitarios indígenas, a quienes la Red Solidaria Década contra la Impunidad está acompañando en su lucha por la libertad.
La Procuraduría General de Justicia del Estado acusó a los policías comunitarios indígenas de Ayutla de los mismos cargos de secuestro por los que fue señalada la coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, por personas que fueron llevadas a la justicia comunitaria.