Preocupa a Tlachinollan la militarización de la policía anunciada por el gobernador

Redacción

Integrantes de organizaciones El Monitor Civil de las Fuerzas de Seguridad de la Montaña (Mocipol), proyecto creado por Tlachinollan, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, expresaron su preocupación por el reciente anuncio del gobernador Ángel Aguirre Rivero referente a que en breve iniciará el reemplazo de policías que se encuentren en edad de jubilación o que no hayan aprobado los exámenes de acreditación del Ejército
El martes 8 de mayo, el gobernador Ángel Aguirre Rivero visitó las instalaciones del cuartel de la Policía Acreditable en Acapulco, que se encontraban en paro de labores, ahí dijo que contratará 500 policías militares.
Anunció que comenzará un programa de “retiro voluntario” para los policías que tienen muchos años de servicio y otros porque no acreditaron las diversas pruebas para su certificación.
De acuerdo con un comunicado de prensa los integrantes de las organizaciones antes mencionadas expresaron que su preocupación se basa en dos razones principales y es porque la militarización de las filas de las instituciones de seguridad pública va en sentido contrario a los estándares internacionales en materia de seguridad ciudadana.
Debido a que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.
Además de reemplazar a elementos policiales por militares, el estado de Guerrero estaría, eludiendo la obligación de profesionalizar y acreditar a los servidores públicos que integra|n las fuerzan policiales.
Ello también va en contra de los estándares internacionales, particularmente aquellos referentes a la  necesidad de capacitar y elaborar políticas preventivas y no reactivas. También contraviene lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009, que establece marcos para la selección y profesionalización de la policía.
En el informe  de las organizaciones, Desde la mirada ciudadana publicado en diciembre 2011, señaló que la militarización de las instituciones de seguridad pública no es un fenómeno reciente en el país y tampoco en Guerrero.
Esta expansión de la participación del Ejército en tareas de seguridad pública ha supuesto un desplazamiento de mandos policiales por servidores públicos adscritos al Ejército, incluso en las áreas encargadas de la selección y formación de policías. A su vez, del total de casos documenta dos entre noviembre 2007 y mayo 2011, dicho informe concluyó que las más graves violaciones a los derechos humanos fueron cometidas por miembros del Ejército.
Frente a las condiciones de inseguridad prevalecientes, reiteran que las autoridades estatales, más que apostar por la militarización de las policías se deben impulsar la modernización de estas instituciones para enfrentar los retos.