Los agentes acusados no están detenidos; sólo se les aplicó otro mes de arraigo, aclara la PGJE

Los policías ministeriales acusados por el gobierno del estado, Rey David Cortés e Ismael Matadama, a la derecha, durante una audiencia en el juzgado con sede en la cárcel de Chilpancingo, acompañados por su abogado Antonio Nogueda y un asistente de éste * Foto: Éric Chavelas Hernández

 
Los agentes acusados no están detenidos; sólo se les aplicó otro mes de arraigo

Jesús Saavedra

Chilpancingo

El encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Juan Manuel Herrera Campos, informó que solicitó una ampliación del arraigo contra los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas, acusados de ser responsables del asesinato de dos normalistas en el desalojo violento del pasado 12 de diciembre.
El funcionario dijo que aún no tiene fecha para la consignación de los agentes ante el juez.
Herrera Campos manifestó lo anterior un momento antes de que iniciara la toma de protesta del nuevo comandante de la 35 Zona Militar en las instalaciones del Ejército en esta ciudad.
Herrera Campos hizo dos declaraciones a reporteros, y en las dos ocasiones estuvo frente a él el vocero del gobierno del estado, Arturo Martínez Núñez, quien con gesticulaciones o señas reprobaba o avalaba las declaraciones que hacía.
Primero se le preguntó los motivos por los que se había dejado en libertad a seis policías del estado y cuatro de la Ministerial el domingo por la tarde, y dijo que “vamos a hacer una precisión, no es que queden exonerados, están puestos en libertad, el arraigo se canceló y el expediente queda abierto con las reservas de ley para el efecto de seguir integrando el mismo. Sí, ya se encuentran en libertad”.
Entonces se le pidió que explicara la situación jurídica de los dos policías ministeriales acusados como probables responsables del asesinato de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el pasado 12 de diciembre, y señaló que “aún se encuentran arraigados y se está terminando de integrar la averiguación previa”.
Sobre si en las próximas horas podrían ser llevados ante un juez penal, dijo que “no, tenemos un término específico, la ampliación del arraigo se concedió por 30 días, es la manera que fue obsequiado (por un juez) y es el término que tenemos para resolver”.
–¿Qué elementos de prueba tienen para determinar que ellos son responsables del asesinato de los dos estudiantes? –se le preguntó.
–Mire, todavía está la investigación en curso, no podemos hablar en detalle de esos medios de prueba, pero sí serán en su momento oportuno dados a conocer.
–¿Entonces el arraigo se amplía porque son sospechosos simplemente?
–Porque ya tenemos elementos suficientes para considerarlos responsables.
Otro reportero le preguntó si con esa acusación directa a los dos ministeriales el gobierno del estado estaba validando el informe preliminar que rindió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Dijo que “en cuanto tengamos a la vista, si tenemos la oportunidad de tener a la vista ese informe, podría contestar esa pregunta, o sea, ahorita han sido no resultados de un peritaje, sino manifestaciones de los funcionarios de derechos humanos en ese sentido. Hay un informe preliminar, recordemos, pero también no se han recibido resultados de pruebas periciales, algunas como tal todavía las practicaron hace algunos días, y yo supongo que estarán trabajando todavía en el dictamen correspondiente”.
Y adelantó, sin precisar cuáles, que la PGJE ha hecho sus propias pruebas, “hay una batería de pruebas importante que la Procuraduría ha desahogado, y como les insisto, una vez que sea oportuno será dado a conocer”.
–En esta investigación que realiza la PGJE se establece que al menos hay dos presuntos autores materiales del asesinato de los dos normalistas, pero ¿no hay responsabilidades de sus jefes inmediatos o de sus superiores, por omisión o por haber recibido alguna instrucción de disparar?
–En tanto estemos en la investigación no podemos darles esa información, lo que sí les digo es que se van a agotar todas las líneas y las personas que resulten responsables serán puestas a disposición del juez correspondiente.
–Digamos que no sólo están investigando a los autores materiales, ¿también a quienes provocaron estos asesinatos?
–No, no, es bien importante que ahorita se dieron resultados por lo que respecta a la cuestión de los homicidios, siendo los hechos más graves, pero se continúa la investigación por todos y cada uno de los ilícitos del orden del fuero común que resulten —añadió.
También dijo que se está investigando el deceso del empleado de la gasolinera, “estamos desahogando aún diligencias en ese sentido, no voy a comentar nada que no sean cuestiones oficiales, que obran en el expediente y que está en el expediente, no voy a comentar nada más hasta el momento oportuno”.
Se le preguntó por qué en el comunicado oficial que leyó el domingo en Acapulco, se identifica a Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas como “ex agentes”, y si ya se había realizado un procedimiento administrativo para decir eso.
“No, no, yo no sé, en lo particular no he dicho que sean ex agentes”, dijo.
Aceptó que “entonces fue una cuestión de error, sin embargo, hasta el momento son elementos de la Policía Ministerial”.
Se le recordó que Ismael Matadamas aún era estudiante y no había egresado de la capacitación que se le daba como agente de la Policía Ministerial, y señaló que “no son elementos, bueno ya estaba dentro de la plantilla de personal. Estas dos personas son elementos”.
Descartó que esté actuando bajo presión, “no, no, no, estamos actuando en términos de la averiguación previa, les solicito que nos mantengamos en esa línea, en su momento les daré información”.
–¿Por qué tanta opacidad en este caso tan grave? –se le preguntó finalmente.
–Porque estamos obligados a actuar con la secrecía que la averiguación requiere, no es opacidad –respondió.
–¿Cómo encuentra la PGJE?
–Aún estamos trabajando en hacer un diagnóstico de la misma y el plan de trabajo se dará a conocer en su momento.

Somos “chivos expiatorios” para tapar la
responsabilidad de otros: Rey David Cortés

Jesús Saavedra

Chilpancingo

El comandante de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), Rey David Cortés Flores, afirmó que él e Ismael Matadama Salinas “somos inocentes, se nos está acusando injustamente para tapar la responsabilidad de otros, y le recordamos al gobierno del estado que estábamos en servicio el 12 de diciembre y no en una cantina, nos han dejado solos, abandonados y como chivos expiatorios”.
Cortés Flores afirmó lo anterior al concluir la diligencia en el juzgado primero penal, donde se les informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó al juez Leoncio Molina Mercado la ampliación del arraigo contra ambos agentes de la Ministerial por otros 30 días.
Frente al abogado de los dos policías, Antonio Nogueda Carvajal, la agente auxiliar Everarda Pineda Andraca que envió el Ministerio Público argumentó que solicitaba la ampliación del arraigo en vez de consignar a los acusados ante un juez penal, porque la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha podido consolidar todas las pruebas contra los dos agentes pues aún “no nos han enviado los medios de comunicación a los que pedimos su colaboración, las fotografías, videograbaciones que hemos solicitado”.
Cortés y Matadama estuvieron fuertemente custodiados en el juzgado, donde sus familiares dijeron que temen que los dos arraigados y ellos mismos puedan ser “víctimas de algún atentado, responsabilizamos al gobierno estatal y federal de lo que nos pueda pasar”, dijo la esposa de uno de ellos.
“Somos inocentes, nos quieren poner como chivos expiatorios y todo eso se lo debemos al director de Averiguaciones Previas, Marciano Nicolás Peñaloza Agama, que quiere ser procurador de Justicia con el apoyo de Ernesto Aguirre Gutiérrez (coordinador de planes y proyectos estratégicos del gobernador Ángel Aguirre)”, añadió Cortés.
Lamentó que la PGJE haya argumentado en la petición de la ampliación del arraigo “que ustedes (se dirigió a los reporteros) les manden sus videos y sus fotos para inculparnos, tenemos más de 29 días arraigados y cuántos días quieren más; saben que somos chivos expiatorios mi compañero y su servidor, el que nada debe, nada teme”.
Aseveró que en ningún “momento pensamos huir, ese día (el 12 de diciembre) nos fuimos a comer a la casa, regresamos, y nos enteramos que esperan que los medios les den material para inculparnos, quieren que ustedes les hagan el trabajo que ellos no han podido”.
Informó que las pruebas de radizonato que les practicaron “salieron negativas, las hizo el Ministerio Público federal, esas pruebas obran en el expediente y efectivamente (en las fotografías que han sido públicas) estoy apuntando, pero ustedes vieron en esa dirección no cae ningún muchacho, soy esa persona apuntando, porque temía que uno de mis compañeros saliera herido, pero no disparé, cuando salimos de la Procuraduría ya estaban los disparos”.
Se le preguntó por qué iba armado, y dijo que “por lo regular, cuando va un contingente desarmado y había disparos, no eran cohetes, había disparos, y la mayoría iban desarmados, por eso fuimos en respaldo de los compañeros y no disparé, si hubiese disparado hubiera caído un muchacho, estamos a una distancia de 20 o 30 metros, hasta con los ojos cerrados le hubiera pegado, porque los muchachos están juntos y no cayó ningún muchacho, analicen los videos, no hay nadie caído”, agregó.
Dijo además que ese día iba a “cobrar” y que estaba “franco”, pero que “mi instinto policíaco, pensé que uno de mis compañeros que iban desarmados podría salir herido y fui en solidaridad, ese día me encontraba franco”.
Aseveró que hay “infinidad de evidencias” para sostener que los responsables del asesinato de los dos normalistas fueron policías federales, “pero como tienen todo el apoyo del gobierno federal y nosotros no tenemos ninguna solidaridad del gobierno del estado, para nada”.
Rey David Cortés afirmó que a su abogado le paga “nuestra familia y han pedido cooperación en las corporaciones, estamos solos, solos, solos”.
También manifestó que es “lógico” que el gobierno del estado esté “negociando culpables para que no vayan arriba, el gobierno del estado no va a caer y ustedes saben, como se dice vulgarmente, la cuerda se rompe por lo más delgado y sentimos que somos esa cuerda, estamos indefensos, porque a los policías del estado que estuvieron arraigados todo el tiempo fueron asistidos por abogados que la corporación pagó, y a nosotros no nos han dado nada”.
“No queremos que digan que somos inocentes, pero la PGJE tiene la obligación de asistirnos, porque fue en servicio, no fue en una cantina, no nos pusieron un abogado y los abogados se han solidarizado porque están viendo la injusticia que están cometiendo”, añadió.
Criticó además que el encargado de despacho de la PGJE, Juan Manuel Herrera Campos, haya afirmado el domingo en Acapulco que son ex ministeriales, “no somos culpables, sólo el juez puede decir si somos inocentes o culpables y ya se están deslindando de nosotros, eso quiere decir que nos dieron de baja y que ya hasta nos consignaron y en los hechos pidieron ampliación de arraigo”.
Dio a conocer que tiene  27 años de servicio en la corporación y que les siguen pagando sus salarios, y temió que a partir de esta quincena “se nos cancele el pago, eso sería injusto, porque no somos culpables, y que den a conocer las pruebas periciales porque tengo entendido que las balas que mataron a los dos muchachos son de calibre 7.62 que es el que utilizan normalmente el G-3, el Cuerno de Chivo o el Fal, hay cascajos de G-3 en las indagatorias, que sean claros y digan la verdad”.
Durante la diligencia Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas, a través de su abogado Antonio Nogueda, solicitaron al juez Leoncio Molina Mercado que no conceda el arraigo por otros 30 días y que sean liberados inmediatamente porque están violando sus derechos constitucionales.

López Rosas pide a la CNDH citar a García Luna; le dan apoyo abogados de Acapulco

Daniel Velázquez

El ex procurador Alberto López Rosas pidió que el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, sea citado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que comparezca sobre la participación de la Policía Federal en el asesinato de los dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol.
De la acción penal contra dos policías ministeriales, López Rosas dijo que eso genera “incertidumbre”, porque si vuelven a arraigar a los policías quiere decir que no tienen elementos para consignarlos, y si los consignan saldrán libres porque las pruebas de radizonato de sodio y balística salieron negativas y no hay quien lo señale de manera directa. “Se les trata de inculpar por estar en posición de amago”, dijo.
El ex procurador presentó ante los integrantes de la Barra de Abogados de Acapulco “siete inconsistencias” en que, según él, incurre el informe preliminar de la CNDH sobre el homicidio de los dos normalistas, el que impugna por sus “inexactitudes”, la “manipulación informativa” y la “parcialidad” del organismo.
Luego de escuchar a López Rosas, los integrantes de la Barra de Abogados propusieron al presidente de la misma, Delfino Ambrosio Coronado, que se forme una comisión “que apoye la verdad”, porque todos tienen derecho a conocerla.
También propusieron que se publique un desplegado firmado por los barristas en respaldo a López Rosas, porque lo conocen y es un miembro distinguido de la Barra.
La primera inconsistencia que presentó López Rosas es que en el informe preliminar no se incluye la declaración de García Luna, responsable de la Policía Federal.
La segunda inconsistencia que señala es que la CNDH rindió su informe sin que la Secretaría de Seguridad Pública le haya informado sobre l actuación de los policías federales en el desalojo, y la CNDH “razona protectora y tutelarmente” y suple la omisión de la autoridad, pues señala que llevó a cabo “diversas diligencias con el objetivo de suplir esa falta de información”.
La tercera inconsistencia se refiere a que en el informe preliminar la CNDH incurre en contradicciones, porque mientras el chofer del tráiler amarillo que estaba a un costado de la Autopista del Sol cuando ocurrieron los hechos declaró que una piedra rompió el cristal izquierdo y fue la roca que lo golpeó en la frente, la CNDH señala que fueron disparos los que rompieron el cristal del vehículo, lo que el ex procurador interpreta como un “interés inusitado de establecer que los disparos que segaron la vida a los jóvenes normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús vinieron de poniente a oriente”, que es la posición que tenían los policías ministeriales.
La cuarta inconsistencia que señaló es que “la CNDH se resiste a investigar” a qué corporación pertenecen los policías que estaban de norte a sur a lo ancho de la Autopista del Sol y que tenían de frente a los normalistas, y si dispararon sus armas como se aprecia en los videos.
La quinta es que en los anexos del informe preliminar de la CNDH no se incluyen las fotografías de los vehículos de la Policía Federal que fueron apedreados por los estudiantes. Dijo que tampoco se han integrado a la investigación las fotografías que en los videos se aprecia que tomaron los policías federales ni la manta que recogieron del lugar.
La sexta, dijo López Rosas, se refiere a que mientras la CNDH toma como elementos de investigación las fotografías de policías ministeriales que tenían armas en las manos en posición de disparar, omite investigar las fotografías de los policías federales que tenían armas en posición de disparar.
La séptima se refiere a que los videos difundidos en los medios de comunicación y de las cámaras de seguridad del C-4 muestran que la Policía Federal llegó armada pero tarde, y mientras se escuchaban los disparos los policías ministeriales estaban “a considerable distancia” del lugar donde ocurrió el enfrentamiento.
Al final de la presentación de López Rosas, los barristas hicieron preguntas al ex procurador, y algunos comentarios y propuestas para apoyarlo.
Una de las preguntas que hicieron los barristas fue por qué la CNDH emitió un informe preliminar sesgado, otra por qué el gobierno del estado no sale a decir que la Policía Ministerial no es la responsable del asesinato de los dos normalistas. En ambas preguntas López Rosas dijo que no las podía responder porque estaban fuera de su ámbito, sólo dijo que él está a favor de la verdad.
En declaraciones a los reporteros, López Rosas dijo que el 22 de diciembre entregó todos los videos de lo sucedido a la CNDH, por lo que no hubo desconocimiento de los hechos.

Anticipa la agente Leticia Pinto que demandará a la PGJE por su arraigo

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

La agente de la Policía Investigadora Ministerial, Leticia Pinto Muñoz, fue dada de alta ayer en el hospital Anáhuac, luego de estar a punto de un paro cardíaco debido al estrés al que fue sometida por los 30 días de arraigo tras su participación en el de-salojo a balazos de normalistas el 12 de diciembre pasado en la Au-topista del Sol.
A su salida indicó que demandará “a toda la estructura de la Procuraduría”, porque se violaron sus derechos humanos y garantías individuales pues, afirm.o, fue detenida sin pruebas en su contra de que haya disparado.
Leticia Pinto fue arraigada junto a otros agentes ministeriales y policías del estado el 18 de diciembre por haber participado en el desalojo en el que fueron asesinados a balazos los estudiantes normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, pero la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) determinó que no tuvo responsabilidad en los hechos y la liberó el 15 de enero pasado.
En entrevista telefónica a las 11:15 de la mañana, indicó que estaba firmando los papeles para darse de alta del hospital Anáhuac, donde la atendió el cardiólogo “Manzanares” luego de que sufriera un desmayo e hipertensión, por lo que estuvo a punto de sufrir un paro cardiaco, según le indicó el médico que la atendió.
Respecto a su presunta responsabilidad en el caso de Ayotzinapa dijo que quedó “absuelta en su totalidad de todos los cargos que nos querían fabricar”.
Sin embargo, adelantó que ejercerá acción penal en contra de “toda la estructura de la Procuraduría, después de que salió el licenciado Alberto López Rosas (ex procurador), porque él nos apoyó y hasta le costó su cargo porque sabía bien de lo que hablaba”.
De su estado de salud indicó que no podrá trabajar al menos por un par de semanas, pero que está en recuperación.

Las pruebas demuestran que no dispararon
los ministeriales acusados, dice su abogado

Jesús Saavedra

Chilpancingo

El abogado de los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas, Antonio Nogueda Carvajal, afirmó que si se tratase de una “investigación decente, desde hace tiempo las indagatorias que se siguen contra mis defendidos se hubiesen declarado nulas por las graves inconsistencias, lo pésimo que está integrada la averiguación previa y por las violaciones que han cometido a los derechos de los policías”.
El abogado dijo que las pruebas periciales de radizonato a los 12 policías que estuvieron arraigados salieron “negativas, y las dos ojivas con que cuenta la indagatoria son de un G-3, del que utiliza la Policía Federal”.
Señaló que a petición de él y como testigo de descargo ya compareció por esta averiguación previa el ex subsecretario de Seguridad, Ramón Arriola Ibaría, quien el día del desalojo dijo que el gobernador le ordenó “que limpiara la carretera y la carretera está limpia”.
El ex subprocurador de Justicia en el sexenio de René Juárez Cisneros es el abogado de los seis policías ministeriales que fueron arraigados desde el 18 de diciembre, por su presunta responsabilidad en el asesinato de los dos normalistas de Ayotzinapa.
Ayer lunes se entrevistó con los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas, y los familiares de éstos, en la casa de arraigo donde permanecen.
Cuando salieron de la casa de arraigo, se anunció que el abogado daría información en su despacho después de las tres de la tarde, y así fue.
Ahí, Nogueda Carvajal dio a conocer que el domingo a “las 3 de la tarde nos hablaron de la PGJE para pedir la asistencia nuestra como abogados de los arraigados, en el sentido de que se iba a levantar el arraigo sobre 10 personas, seis de la Policía del Estado, cuatro de la Ministerial; no asistí, asistió personal del despacho y desde el sábado un elemento de nombre Leticia Pinto fue internada en el hospital Anáhuac con la presión elevada y el médico pidió que se internara porque podría sufrir un infarto”.
Agregó que “a esta elemento se le notificó en el hospital y personal del juzgado primero penal les notificó a los restantes elementos ministeriales, que son dos, Matadamas y Rey David, les notificó que hoy (lunes) a las 6 de la tarde serían trasladados de la casa de arraigo a las instalaciones del juzgado primero penal, donde de acuerdo a petición de la PGJE se ampliaría el arraigo por otros 30 días más”.
Dijo que por esta ampliación del arraigo por otros 30 días, “presentamos un escrito al juzgado primero firmado por los dos policías ministeriales, en donde se oponen a la prorrogación del arraigo, argumentando algunas disposiciones de carácter internacional, los organismos internacionales de derechos humanos establecen que ese tipo de arraigo son ilegales”.
Explicó que “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de un arraigo hasta por 40 días, entonces si les prorrogan por otros 30 se irían a 60 días, que contraviene lo dispuesto en la Constitución; no hay que confundirse, porque a elementos o presuntos integrantes de la delincuencia organizada sí habla de 40 días y se puede prorrogar por otros 40 días, pero en la Constitución habla de delitos graves, pero se puede arraigar hasta por 40 días”.
Indicó que sus representados “se oponen a ese arraigo”, y se quejó de que la PGJE “les ha dado un mal trato a estos elementos, prueba de ello es que hasta que Leticia Pinto se desmayó, hasta entonces le dieron atención médica; a Rey David lo visita un médico y sólo va y le toma la presión, a tanta insistencia se visitó un medico internista porque es diabético y tiene problemas en los riñones, por eso se ordenaron exámenes médicos, pero es la fecha que no se le practican”, añadió.
Indicó que ha solicitado como abogado “una copia del expediente, hace más de 20 días y no se nos ha dado copia”.
Informó que hasta el viernes de la semana pasada, “en las instalaciones de la PGJE nos prestaron los tomos para revisarlos, pero ahí, y no se nos dio ninguna copia de la averiguación previa. Primero nos prestaron los dos primeros tomos, el tercero y cuarto no quisieron y les dije que iba a traer a un notario público para que diera fe de que se nos estaba negando tener a la vista el expediente, y fue cuando nos prestaron otros dos, pero el tomo cinco no nos lo dieron a conocer”.
Antonio Nogueda reveló que en la revisión de los tomos pudo constatar que en el examen de radizonato de sodio “salen negativos todos los policías arraigados, y también la PGR les hizo examen a las armas para saber si habían sido disparadas recientemente y salen negativas”.
También dijo que en esa revisión, “con lo que vimos, los dictámenes de criminalística de campo, no le da visibilidad a los elementos ministeriales para el lugar donde cayeron los cuerpos de los estudiantes, eso de acuerdo a los dictámenes de la PGJE”.
Antonio Nogueda informó además que a petición de ellos como defensa de los ministeriales, solicitaron la declaración como testigo del ex subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arriola Ibaría, “el general Arriola no había declarado, fue citado, declaró y dice que cuando llega al apoyo, los federales están disparando, que gritó en varias ocasiones que dejaran de disparar porque pretendía dejar una columna de la policía estatal antimotín en medio, entre estudiantes y elementos de la federal, pero no fue posible porque no dejaron de disparar y dice que los ministeriales llegaron al último el día de los hechos”.
También indicó que acudió a declarar el comandante de la Policía Ministerial de la zona Centro y quien estaba a cargo de los agentes que acudieron al lugar el 12 de diciembre, David de Jesús Urquiza Molina, “él da la ubicación de sus elementos donde no hay visibilidad, de donde estaban los federales y estatales. Aparte de la otra declaración que conocen de un testigo identificado como El Diablo, quien es dueño de un taller, que dice que él observó y también en su declaración dice que fueron los federales los que dispararon”.
“Ahora la CNDH dice que ellos hicieron la reconstrucción, en primer lugar eso no puede ser una reconstrucción, porque para hacerlo tienen que ser llamadas las partes que participaron en el hecho, y segundo, ellos andaban con unos maniquís y los acomodaban según ellos partiendo de la ubicación de Rey David y Matadamas para demostrar, según ellos, que los disparos provinieron de ahí, pero un maniquí no se mueve, ese día de los hechos todos andaban en movimiento, ¿cómo poder demostrar cuál era la posición de las víctimas para establecer la posición de víctima y victimario, para establecer el curso del disparo?”, agregó.
Nogueda Carvajal afirmó que “está muy mal integrada la averiguación previa, pésimamente integrada, porque a los elementos de la Ministerial los citan verbalmente y los empiezan a declarar como testigos presenciales de los hechos, posteriormente los pasan en calidad de indiciados”.
Puntualizó que “no les dicen quién los acusa y de qué los acusan, esa es una violación muy grave a sus derechos, según el artículo 20 apartado a) fracción quinta de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y según el artículo 59 del código de procedimientos penales del estado, el cual incluso en su penúltimo párrafo dice que cuando se violan esos derechos, de esas garantías, las actuaciones deben de declararse nulas, eso debe de ser en condiciones decentes de investigación”.
También indicó que en las investigaciones hay dos ojivas que fueron disparadas en los hechos y que hirieron a dos personas, “una que extrajeron del pie de un muchacho, un estudiante de la Normal Rural, y otra a un chofer de un funcionario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), son dos ojivas de un fusil G-3, eso está en la PGR y no da acceso a nada, esa arma sólo la llevaba la Policía Federal y uno o dos policías estatales”.
Señaló que de lo que tiene conocimiento, es que “algunas armas de los policías estatales salieron positivas, también de los federales, pero no han sido llamados a declarar y eso es lo que sabemos”.