“El cobro de piso” se sufre en todo el puerto no solo en la zona Diamante, señalan empresarios

*La seguridad es una responsabilidad del Estado y no hay que quitársela tomando las armas, considera el ex presidente de Coparmex, Fernando Vargas. En reunión ex profeso toman protesta al nuevo Consejo Empresarial de Acapulco (Coeda) y eligen a Carlos Saavedra Luna como presidente

Mariana Labastida

Los empresarios Fernando Vargas Lozano y Víctor Jorrín Lozano consideraron que el estado debe de atender el problema de inseguridad en Acapulco, que se ha incrementado, y que siguen padeciendo “el cobro de piso”, no solo en la zona Diamante sino en todo el puerto.
Lo anterior, durante la reunión de un grupo de empresarios para la toma de protesta del Consejo Empresarial de Acapulco (Coeda), en las instalaciones del Colegio Español Diamante, y cuyo presidente Carlos Saavedra Luna manifestó que las iniciativas para impulsar nuevas empresas es una “alternativa” para contrarrestar el efecto social que está causando la inseguridad en Acapulco.
Al respecto, el ex presidente de Coparmex, Fernando Vargas Lozano, dijo que es condenable y que no se puede “permitir” que hechos como el asesinato del presidente del Club Rotarios de Acapulco, Gilberto Mendoza, sigan ocurriendo, por lo que es necesario que los tres ámbitos de gobierno revisen la estrategia de seguridad.
“Debemos de sacar de este letargo en la que se encuentra la seguridad pública municipal, a nivel estatal exigir que el Mando Único opere y a nivel federal que si es necesario explotar otras figuras que en otros estados se implementan también las veamos”, dijo el empresario.
Sobre la denuncia del presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio de Guerrero, Alejandro Martínez Sidney, de que se ha incrementado el cobro de piso en la zona Diamante, Vargas Lozano indicó que ha visto en los medios de comunicación el reflejo de la situación de inseguridad, que “es lo preocupante”, además “lo que estamos viviendo en Acapulco no es solo el aspecto de seguridad, se están juntando diversas situaciones”.
Y respecto a la posibilidad de que los empresarios busquen armarse, Vargas Lozano recalcó que es “responsabilidad total del estado la seguridad, no se le puede quitar porque eso es quitarle responsabilidades, para eso se pagan impuestos y las autoridades deben de cuidar a los ciudadanos en general. El ciudadano armado no es la solución, nos deben de brindar seguridad”.
Por su parte, el diputado federal y rector del Centro Universitario Español, Víctor Jorrín Lozano, señaló que el cobro de piso es “un fenómeno que se está dando en todo el país; a lo mejor es normal que incremente la falta de seguridad por el proceso del Mando Único”, y pidió a los ciudadanos tener paciencia y que esperan que en tres meses se defina el funcionamiento de la policía y con la recién presentada Gendarmería se ayude a la estabilidad.
Jorrín Lozano consideró que la delincuencia no ha ganado terreno en los últimos meses por el proceso del mando único sino que ha crecido desde hace 30 años “este asunto no es actual se ha generado y dejado crecer por la falta de empleo y oportunidades para la gente”, por lo que convocó a no desesperarse y a ir garantizando la seguridad a los inversionistas para que traigan sus recursos a Acapulco y desarrollar más industrias para no depender solo del turismo.
En otro tema, acerca de la generación de empleo criticó la lentitud de los trabajos de reconstrucción y que no se haya cumplido con la contratación de empresas locales como se estableció cuando los diputados aprobaron el presupuesto de 7 mil millones de pesos para la entidad, en el Fondo Guerrero, y que el gobierno federal haya traído empresas de otros lugares.
Alertó que la demora en la reconstrucción podría generar una situación similar a la de Michoacán con las autodefensas, porque hay “muchísima pobreza y delincuencia” que se pudo amortiguar con la derrama económica de los proyectos de reconstrucción al generar empleo.
En cuanto a los funcionarios federales que responsabilizaron al gobierno de Guerrero por el retraso en la reconstrucción por no tener la contraparte que se requería del Fonden, Jorrín Lozano aseguró que lo que faltó fue voluntad política para liberar los recursos, porque el gobierno federal aprobó leyes en 24 horas, “lo que pasa es que el recurso se manipula, se tarda mucho tiempo en llegar y no se atiende la afectación de la población”.
Tras la toma de protesta del Coeda, su presidente Carlos Saavedra Luna explicó que está conformado por 17 representantes de empresas de Acapulco, siete de los cuales se constituyen en un consejo central, que busca generar nuevos empleos que impulsen el desarrollo económico del puerto, brindando asesoría y búsqueda de inversión para los jóvenes con ideas innovadoras, explicó.
Actualmente –concluyó Saavedra Luna–, se tienen 17 proyectos en puerta, de los cuales dos están avanzados: la elaboración de mermelada de jamaica para exportación y tortillas de plátano; la meta que se han planteado es la creación de diez empresas al año que no compitan con las que actualmente están en el mercado, sino que diversifiquen o sean proveedores de las actuales.