Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Aguirre, en complicidad con Zeferino

El ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo cumplirá el ritual de comparecer ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el asesinato de Armando Chavarría Barrera, pero como testigo y no como acusado o indiciado, según informó antier el procurador Iñaky Blanco Cabrera. Pero la condición que le corresponde es la de acusado, y para quitarle ese estatus el gobierno recurrió a un juego de manos que dejó a la ley tirada en el fango.
Son dos las acusaciones que pesan contra el ex gobernador en el expediente oficial del caso: la del extinto comandante Trinidad Zamora Rojo y la de David Jiménez Rumbo. Los dos aseguran que Zeferino Torreblanca ordenó el homicidio.
Fue el gobernador Ángel Aguirre Rivero quien le regaló a Zeferino ese certificado de inmunidad. Lo dijo con toda claridad el propio Aguirre también el miércoles: “A mí no me gustaría que el día de mañana no siendo gobernador se emprendiera una campaña en contra mía si no se tienen los elementos o el sustento jurídico debido, esa fue la recomendación que yo le hice al procurador, jamás torcer el camino de la aplicación estricta con base a derecho”. ¿Cuál es la base que sustenta esa declaración del gobernador? ¿Es una cacería que en el curso de las investigaciones dos declarantes señalen al ex gobernador como el autor intelectual del crimen? ¿Acaso no están allí, en la averiguación previa, los elementos y el sustento jurídico que las autoridades requieren para activar el resorte de la justicia? Y más: ¿que no es responsabilidad de la Procuraduría investigar los hechos y en todo caso demostrar la culpabilidad o inocencia del acusado? ¿Ha torcido el derecho la misma Procuraduría al recoger las acusaciones contra el ex gobernador? ¿Por qué, entonces, ese apresuramiento oficial para declarar inocente al ex gobernador y obsequiarle la condición de simple testigo? Y todavía más: ¿quién emprendió una cacería en contra de Zeferino Torreblanca? ¿La Procuraduría y por consiguiente su gobierno por el hecho de recibir esas acusaciones? Con esa frase de antología y en plena posesión de su papel de cacique absoluto de Guerrero, Ángel Aguirre se colocó por encima de la ley y de la justicia. Él es la ley y la justicia. Él dice quién es culpable y quién inocente.
Es un hecho que la publicación en estas páginas de la versión del comandante Zamora Rojo –en la que señala al ex gobernador Torreblanca como el responsable de ordenar el asesinato de Chavarría– tomó dormido al gobierno de Ángel Aguirre. La publicación de esa información proveniente del expediente integrado por la Procuraduría obedeció a su obvio interés público, y cuando Aguirre habla de cacería se refiere a eso, a la publicación de datos que son de interés público, que aunque el expediente esté bajo la custodia de la PGJE, en última instancia constituyen información que pertenece a la sociedad.
Es evidente que la pretensión del gobierno y de Aguirre era hacer que la acusación del comandante Zamora Rojo yaciera para siempre en el cementerio de papeles de la Procuraduría, y su aparición pública rompió esos planes. Ángel Aguirre no tuvo nunca la intención de honrar su palabra y cumplir con el compromiso de resolver y castigar el asesinato de Chavarría, y lo comprueba la insólita declaración en la que absuelve a Zeferino Torreblanca nada más para que a él no le suceda lo mismo. ¿Se da cuenta el gobernador de que con ello prácticamente dice que en Guerrero hay permiso para matar? ¿Y de que cierra la posibilidad de justicia?
Sólo aquí, en Guerrero, podía darse con este cinismo espectacular el caso de un gobierno que investiga un crimen y frena todo al toparse con un hombre del poder. Como puede constatarse en las declaraciones del procurador Iñaky Blanco, no le ha importado al gobierno de Aguirre incurrir en el extremo de atacarse a sí mismo. El ex procurador Alberto López Rosas, a quien se debe acreditar el testimonio de Zamora Rojo y los avances que de él se derivaron, es ahora motivo de sospecha y fue llamado a declarar. De acuerdo con la abierta indisposición que Iñaky Blanco tomó contra su antecesor, López Rosas ha sido llamado a declarar porque en una actitud ejemplar confirmó públicamente la declaración ministerial y los señalamientos de Zamora Rojo contra Zeferino. Es más o menos como reclamarle por haber conseguido los únicos avances ciertos en la investigación del asesinato, que no fueron retomados ni continuados por ninguno de sus tres sucesores, incluido Iñaky Blanco. Lo que Iñaky Blanco no asimila son las siguientes palabras de López Rosas: “Yo dejé las investigaciones cuando yo salí de procurador, lo que considero es que las dejé avanzadas, creo que íbamos por la línea adecuada, lo que haya ocurrido después de que salgo de la Procuraduría, pues ya me es ajeno y por lo mismo no puedo yo abundar información”, y que sobre el señalamiento contra Torreblanca haya manifestado que esa es “una línea correcta para conocer la verdad histórica de esos lamentables acontecimientos” (El Sur 19-08). Pero, para ser justos, ¿no tendría el actual procurador que ser llamado también a cuentas por dejar que la versión de Zamora Rojo se pudriera en los sótanos de la PGJE?
En esa paz sepulcral de los papeles bien guardados, en la que estuvo la acusación contra Zeferino Torreblanca, fincaba Aguirre el tránsito al final de su gobierno sin ningún sobresalto por el caso Chavarría. La revelación publicada en estas páginas y la confirmación de López Rosas removieron todo. Desde la perspectiva del interés público, la situación generada ofrece la oportunidad de resolver el caso y aplicar la justicia, y es evidente que eso movió a López Rosas, pero desde la óptica gubernamental y de Aguirre es un problema que debía ser afrontado con un golpe de autoritarismo, echándole tierra al asunto.
Por eso Zeferino sólo será testigo y no será investigado, por eso la animadversión de Iñaky Blanco hacia López Rosas –y hacia la viuda Martha Obeso, habría que señalar también–y por eso el intento del procurador para desacreditar el testimonio de Zamora Rojo, sobre el cual ha mantenido sucesivamente tres posturas al considerarlo “simple trascendido”, “un elemento más que nosotros tenemos que considerar”, y otra vez “trascendido” y también “indicio” porque “se pueden entender como sinónimos”. Ese bailoteo del procurador con el lenguaje refleja muy bien la turbación que ha provocado en las autoridades el hecho de verse confrontadas por la opinión pública.
Al exonerar por su simple palabra a Zeferino, Aguirre firmó un pacto de complicidad con el ex gobernador, en el que seguramente confía para obtener impunidad él mismo, por ejemplo, por el asesinato de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Y juega a ser estadista –“no es un caso para revanchismos políticos”– cuando en realidad se exhibe como un atrabiliario cacique que repite las fórmulas que hunden al estado en un nuevo y más intimidante ciclo de impunidad.

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