Carlos Pérez Aguirre

Caso Chavarría:  complicidad o justicia

El conocimiento de la información que publicó este diario del caso del asesinado presidente del Congreso local, ha desatado una enorme crisis respecto del cumplimiento de la justicia.
La génesis del caso es ampliamente conocida por la sociedad al haber circulado en todos los medios esta contundente información –la declaración ministerial del comandante Trinidad Zamora Rojo y la existencia de un arma con la que se perpetró el asesinato. Habrá que recordar que la investigación estaba totalmente detenida, sin que se vertiera alguna información a la ciudadanía, aunque esta siempre ha estado interesada en que se cumpla la pesquisa con trasparencia e imparcialidad, pero nada se decía, parecía que había interés del actual gobierno en dejar pasar este ilícito y apostaba al olvido. Incluso, en algún momento se informó que el expediente había desaparecido, pero todo se modificó al trascender parte de las declaraciones vertidas por un involucrado directo en el hecho delictivo.
Sin embargo, en vez de investigar esa línea, se ha llegado ahora al extremo de poner en tela de juicio las actuaciones y responsabilizar al procurador que en su momento le tocó recibirlas y asentarlas, un absurdo evidente pues se voltea la justicia contra quien investigó de manera oficial el delito e integró actuaciones y declaraciones, pero en vez de retomar el caso y continuar la investigación, se enderezan reservas en su contra.
Pero la situación, independientemente de lo anterior, es que las actuales autoridades de justicia tienen este expediente y los ciudadanos entenderíamos que es “prioritario”. Luego entonces, si así fuera ¿por qué no realizaron y siguieron las pistas de esas declaraciones desde hace un buen rato y entonces sí tendrían todos los elementos para corroborarlas o con fundamentos e investigaciones creíbles desecharlas o tomarlas parcialmente? Porque ha pasado mucho tiempo y tal parece que hasta ahora solo se sorprenden y dan muestras de desechar sin ningún argumento el caso.
Entramos entonces a un terreno demasiado lodoso en donde nos preguntamos qué interés tienen las autoridades para comportarse así. Por normatividad jurídica e incluso por sentido común, ya debería haberse investigado esa línea y como entendemos que no se ha hecho, entonces lo tienen que hacer, solo que ahora, habiéndose convertido ya en un problema de credibilidad respecto a la actuación del gobierno de Ángel Aguirre, debe llevarse seguimiento puntual e informar con trasparencia a la sociedad, por el simple hecho de que hasta ahora no existe avance y parece que interés para resolver el caso.
No podemos reducir un hecho tan lamentable pero tan trascendente en la vida política de la entidad, como un problema de costo-beneficio político para conseguir impunidad.
El caso es tan relevante que trascenderá evidentemente a esta administración y tendrá necesariamente que resolverse, y en su momento involucrará también a todos aquellos que por comisión u omisión quisieron ser cómplices. Justicia es lo que demandamos.

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