Netzahualcóyotl Bustamante Santín

Prioridades del gasto público

La presente administración estatal consolidó en cinco sectores agregados el gasto total contenido en el presupuesto público para cumplir con sus tareas y funciones.

El gasto público se organiza y distribuye bajo tres dimensiones lo mismo en el nivel federal que estatal; la clasificación funcional es una de ellas. Aquí se agrupan los gastos de acuerdo con los propósitos a que están destinados, asimismo, pretende informar la proporción de recursos públicos que se orientan a cada tipo de actividad o servicio que un gobierno considere prioritarios.

La clasificación funcional del gasto permite conocer la cantidad asignada a una campaña para disminuir el analfabetismo; combatir la delincuencia o prevenir enfermedades. Por eso, esta clasificación da una idea precisa de lo que hace el gobierno y de sus prioridades; para cumplir con ellas existe un amplio catálogo de programas y metas.

Entre 2001 y 2005 el gobierno guerrerense destinó el 3.8 por ciento de su gasto total al renglón de la impartición y procuración de justicia y a la seguridad pública. Pese a las múltiples exigencias de contar con mayores garantías de seguridad en todo el estado ante el significativo aumento de índices delictivos, en el año 2005, este rubro crecerá ligeramente pero sin acercarse a la cifra de 4.9 por ciento del año 2001.

En múltiples foros académicos y espacios gubernamentales existe unanimidad en torno a la demanda de orientar cada vez mayores partidas económicas para los municipios. El gobierno estatal determinó asignar menos del 16 por ciento al denominado Fortalecimiento Municipal entre los años 2001 y 2005. Considerando que es el municipio el órgano de gobierno más cercano al ciudadano y sobre quien inciden directamente las carencias de su localidad, no fue el fortalecimiento municipal una prioridad primaria de la administración estatal que ya se despide.

El renglón mayormente beneficiado por el gasto gubernamental es el relacionado con el Desarrollo Social, que en 2005 sufrirá un recorte respecto al año previo del 2 por ciento. El grueso de los recursos se dirigen fundamentalmente a la educación, y en menor medida a la salud y la vivienda.

El desarrollo social cobra una relevancia sin parangón en el gasto total explicable sólo por el monto de recursos que a la educación se asigna y que en promedio es del 50 por ciento del presupuesto total durante los últimos cinco años.

En el desarrollo social caben lo mismo el dinero asignado para cubrir salarios de maestros que el subsidio dado a los ancianos a través de Pensión Guerrero. Lo mismo una beca que el apoyo para familias de escasos recursos.

En el desarrollo social pues, se entremezclan y confunden, la dádiva, el subsidio y las transferencias; en el mismo período de cinco años, más del 70 por ciento de los recursos que gastó el actual gobierno los dirigió a cubrir las necesidades sociales –que son múltiples y dispares– contra el 1.5 por ciento que asignó a otro apartado no menos trascendente como el Desarrollo Económico.

El ahorro fomenta la inversión y ésta genera empleo que a su vez permite el crecimiento de la demanda, sostiene una premisa básica económica. Pero de manera asombrosa y contradictoria las autoridades económicas de la entidad han creído conveniente financiar el desarrollo estatal a través del apoyo a sectores vulnerables con un procedimiento equivocado: raquíticos y míseros cheques a grupos marginados sin alentar o fomentar cooperativas rurales de producción. En cambio, a los hombres del campo, tanto pequeños productores como agroindustrias económicamente viables entre ellas las relacionadas con el maíz, el coco y el café o sectores industriales y de servicios                           –por antonomasia potenciales detonadores de empleo–, la administración renejuarista ha limitado inexplicable y dramáticamente el financiamiento público manteniéndolos en condiciones de asfixia y agonía económicas.

La llamada Gestión Gubernamental es el quinto renglón de la dimensión funcional del gasto público. Los proyectos de presupuestos de egresos 2004 y 2005 enviados por el gobernador al legislativo local no explican con detalle qué debemos entender por gestión gubernamental a cuyos programas y objetivos se han asignado la nada despreciable suma del 7 por ciento del gasto en el último quinquenio. Más allá de justificar la necesaria modernización administrativa del aparato estatal de primer nivel así como cubrir previsiones y contingencias salariales, pocos saben a ciencia cierta cuál es el destino de los recursos que a la gestión gubernamental corresponden.

La intención de agrupar estos cinco rubros en la dimensión funcional del gasto es con objeto de conocer ¿para qué se gasta?; ¿para lograr qué?; esto es, permite al gobierno contar con elementos para cumplir con sus programas u objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

Si el dinero destinado al desarrollo social permite abatir índices de analfabetismo y no sólo construir escuelas y contratar maestros, el gasto público ha cumplido uno de sus objetivos desde la clasificación funcional, el abatimiento de la pobreza con base en resultados. Si en Guerrero a través de proyectos de cogestión o coinversión entre gobierno y particulares, se generan o reactivan empleos a través de la instalación de empresas productoras de bienes y servicios, el desarrollo económico habrá logrado su principal cometido. Lo mismo sucederá con la disminución del número de averiguaciones iniciadas tras un hecho delictivo en lo referente al ramo de justicia y seguridad pública.

Pero, si por el contrario, el gobierno local distribuye el presupuesto con base en criterios políticos y no económicos, si lo hace con una visión de rancio paternalismo o subsidio convertido en migajas, y por tanto el gasto público del que todos formamos parte no se traduce en resultados, estaremos posponiendo indefinidamente y aplazando peligrosamente el desarrollo de una entidad que ansiosa espera la llegada de una transición no sólo política sino también económica.