Incluye Amnistía Internacional en su informe cuatro casos de tortura de Guerrero

Son los de Inés Fernández, Valentina Rosendo, Marco Antonio Suástegui y el normalista Gerardo Torres. Las autoridades toleran la tortura, señala. El despliegue del Ejército y la Marina en las calles ha incrementado su incidencia, acusa la organización

Los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, del alumno de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Gerardo Torres Pérez, y de 23 de sus compañeros fueron incluidos como “casos ilustrativos” en el informe de Amnistía Internacional titulado Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México.
“La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes desempeñan un papel central en las actuaciones policiales y las operaciones de seguridad pública de las fuerzas militares y policiales en México”, señala el informe, y destaca que estas prácticas son generalizadas y habituales entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que algunas comisiones de derechos humanos las justifiquen, toleren o ignoren.
Ayer en estas páginas se informó que Amnistía Internacional (AI) presentó en la ciudad de México el documento que analiza el fenómeno de la tortura en el país durante diez años, donde señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido parte del problema porque no actúa a favor de las víctimas.
En el informe, disponible para su consulta en el portal de internet de AI, la organización expuso 24 casos de personas torturadas en todo el país, y además destacó en su apartado de defensores y defensoras de los derechos humanos, que Suástegui Muñoz es uno de los que ha sufrido tortura y malos tratos “como represalia por su activismo”, y criticó que aunque presentó una denuncia “no hay información sobre las medidas adoptadas para investigarla”.
Expuso que tras la detención del líder comunitario que encabeza la oposición a la presa La Parota, el 17 de junio, de acuerdo con el testimonio del vocero del Cecop, fue golpeado y amenazado por la policía en su traslado de Acapulco a una lejana prisión de Tepic, Nayarit, a más de mil kilómetros de distancia, “en circunstancias irregulares que le impidieron ver a sus abogados defensores”, y posteriormente fue acusado de cuatro delitos “aparentemente como respuesta a su papel de líder”.
Entre los primeros casos ilustrativos y dentro del apartado Fuerzas Armadas, AI destacó que después de ocho años de lucha por la justicia, Inés Fernández y Valentina Rosendo “en 2010 ganaron causas pioneras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
La Corte resolvió que debían pagarse las reparaciones de los daños y ordenó al Estado mexicano una investigación exhaustiva, civil y sensible al género de los casos de las indígenas.
Relató que en 2002 las integrantes de comunidades indígenas fueron torturadas sexualmente por miembros del Ejército, y durante más de un decenio han buscado justicia “ignorando las amenazas y el acoso contra ellas y contra sus abogados”, y que la Corte también confirmó una sentencia anterior que exigía al país garantizar que todas las denuncias cometidas por militares se investigaran, procesaran y juzgaran en el sistema de justicia civil.
“Cuatro años después, en 2014, cuatro miembros del Ejército presuntamente implicados en los abusos contra Inés y Valentina fueron detenidos y acusados en el sistema de justicia civil. Cuando se redacta este informe el caso seguía tramitándose”, concluyó.
En el apartado sobre la CNDH, la organización internacional expuso el caso de Gerardo Torres, uno de los 42 normalistas de Ayotzinapa detenidos el 12 de diciembre de 2011 por las policías federal, estatal y ministerial después de que fueran asesinados a balazos dos de los estudiantes durante una protesta de los alumnos en Chilpancingo.
Contó que el alumno y otros 23 detenidos recibieron golpes y patadas en el trayecto a la cárcel, y que tras vendarle los ojos seis agentes de la Policía Ministerial de Guerrero lo llevaron a un lugar aislado a las afueras de la ciudad, lo amenazaron de muerte, le propinaron puñetazos en el estómago, las costillas y los brazos para obligarlo a apretar el gatillo de un arma automática y plasmar sus huellas dactilares en casquillos de bala usados.
Señaló que este acto de tortura fue “a fin de culparlo falsamente de los disparos efectuados previamente”, y después lo pusieron bajo custodia y presentaron cargos contra él usando las pruebas falsas, pero tras la “preocupación nacional e internacional suscitada por los indicios de responsabilidad de la policía en la muerte” de los estudiantes, fue liberado el 13 de diciembre de 2011.
Criticó que aunque la CNDH aplicó en este caso sus nuevas facultades para investigar violaciones graves de derechos humanos, la investigación confirmó las denuncias de tortura y malos tratos y el organismo recomendó que los responsables fueran investigados y rindieran cuentas.
Recuerda que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) no han cumplido la recomendación, nadie ha respondido ante la justicia y la CNDH “no ha adoptado más medidas”.
En su resumen de las conclusiones, AI señaló que las autoridades siguen tolerando la tortura a pesar de las legislaciones nacionales e internacionales, y que el despliegue del Ejército y la Secretaría de Marina para combatir a la delincuencia ha sido un factor clave en su aumento porque los informes sobre tortura y malos tratos aumentaron a partir de 2006, y en 2013 se incrementaron en un 600 por ciento en comparación con 2003.
Además, destacó que el sistema de justicia “no puede o no quiere” prevenir estas prácticas, y entre los principales tipos se encuentran la semi-asfixia, las palizas, la violencia sexual, las amenazas de muerte y las descargas eléctricas para obtener “confesiones” y testimonios para enjuiciar a personas.
Señaló que los mecanismos para que los responsables rindan cuentas no son eficaces, es habitual que las autoridades descarten las denuncias o las minimicen y los exámenes médicos que se hacen a los detenidos que denuncian incumplen las normas internacionales, por lo que la ausencia de investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas imposibilitan su comprobación. (Redacción / Acapulco)