Pide la PGR a un juez federal el arraigo del tercer General

Abel Barajas / Agencia Reforma

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez federal girar una orden de arraigo domiciliario por 40 días en contra del General de Brigada en retiro Ricardo Escorcia Vargas, indagado por supuestos vínculos con los Beltrán Leyva.
De acuerdo con informes de la dependencia federal, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) pidió esta tarde la medida cautelar a un juez Penal Federal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.
El arraigo contra el militar fue autorizado para que sea indagado por el delito de delincuencia organizada; en las próximas horas el juzgado definirá si concede o no la medida requerida por el Ministerio Público y, de ser el caso, el plazo específico por el que quedaría sujeto a ella.
Escorcia fue retenido ayer por elementos de la Policía Judicial Militar, con base en una orden de presentación y localización de la SIEDO, órgano que buscaba al General por una indagatoria donde lo vinculan con narcotraficantes.
El jueves la PGR arraigó por 40 días a los generales Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González, también investigados por supuestamente colaborar con la misma organización de traficantes de droga.

Impide la PGR defensa a Angeles Dahuahare: abogado

Alejandro Ortega Sánchez, abogado de Ángeles Dauahare, acusó que la PGR le ha negado tener contacto con su cliente y con ello asumir formalmente la defensa del caso.
Afirmó que tiene un documento con la firma del divisionario donde lo acredita como su legítimo representante.
“No lo he podido ver y resulta que el día de ayer en la tarde que fui a tratar de aceptar el cargo de defensor me fue negado el acceso”, dijo Ortega en entrevista para Radio Fórmula.
“Yo hablé a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y me dijeron que yo ya había aceptado el cargo, que eso les había informado la PGR a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; que un abogado de mi oficina había ido y que ya había aceptado el cargo y eso es una falsedad y están engañando a todo mundo, hasta a la CNDH, hasta eso están llegando”, agregó.
Ortega pidió que la procuradora Marisela Morales explique bajo qué elementos se ha negado la comunicación y exigió el derecho a una adecuada defensa.
El 16 de mayo la defensa interpuso una queja ante la CNDH por los abusos a las garantías constitucionales y el proceso en el que se llevó a cabo la detención del militar.