Presenta el Cecop demanda en el Tribunal Agrario contra la gravillera de Humberto Marín

*En reunión con el magistrado Eucario Cruz Reyes, los opositores a la presa La Parota solicitaron que se revisen los permisos de la empresa, pues señalaron que la “extracción exagerada” de las piedras del río afecta sus tierras

Karina Contreras

Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) acudieron al Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41 para interponer una demanda contra la gavillera Kimbar, propiedad de Humberto Marín, para que se revisen sus permisos, pues señalaron que la extracción de grava ha dañado las tierras de los comuneros.
Los integrantes del Cecop, que iban acompañados por el presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y el coordinador del área jurídica Vidulfo Rosales Sierra, fueron recibidos por el magistrado del TUA, Eucario Cruz Reyes, quien escuchó a los inconformes que insistieron en la revisión de los permisos de la gravillera para explotar el río.
Aclararon que ellos no son los mañosos y que no quieren que se saque más grava porque causa mucho daño, pues cuando el río crece se lleva paderones y los deja sin tierra.
Abel Barrera le explicó al magistrado que la situación se complica en los Bienes Comunales de Cacahutepec, donde los comuneros son los dueños de la tierra y los gravilleros impunemente la afectan porque hay una extracción “exagerada de volumen de grava” y por eso quieren que se revisen esos contratos y las concesiones para ver si se ajustan a derecho.
El magistrado respondió que va a analizar los documentos que le entregaron.
Reconoció que son problemas graves y se tienen que analizar bien pues “seguramente la otra parte va a ir o a mandar abogados al tribunal para defenderse”.
Los comuneros dijeron que confían en el tribunal y que no le piden que se pongan a su favor sino que resuelva conforme a derecho.
Antes, en entrevista, Vidulfo Rosales indicó que la demanda es para defender el territorio de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, “toda vez que hay empresarios que de manera ilegal han estado poseyendo algunas tierras”.
Recordó que desde hace muchos años los empresarios se han apropiado de terrenos sin que los comisarios en turno se preocupen por ello y pongan reglas para clarificar cuál es el estatus legal de las gravilleras que están en el río Papagayo, y que tampoco Profepa y Conagua lo han precisado.
El abogado dijo que por esa razón la demanda es primero para la gravillera Kimbar por la “ocupación ilegal de 37 mil metros cuadrados de superficie que ocupa en el margen del río Papagayo y que utilizan para almacenamiento, servidumbre de paso y de maquinaria al río.
Acusó que Humberto Marín adquirió un predio que no se ajusta a la ley agraria porque para tenerlo en los Bienes Comunales debe de ser comunero o avecindado, además de que la asamblea tiene que aprobarlo y por ello es ilegal la posesión.
Sobre el tema del vocero Marco Antonio Suástegui, indicó que se lleva un proceso de instrucción en las cinco causas penales que tiene, que ya están las apelaciones y amparos, “la causa más complicada es el robo calificado que se encuentra en el Juzgado Décimo”, y que espera que en las próximas semanas el vocero rinda su declaración, “un proceso que se ha estado dilatando, pues una vez que declare se podrán meter pruebas para probar su inocencia”.