La denuncia de hechos oficial señala que en Diamante se construyó en predios inundables

*En el expediente aparece la declaración del subsecretario de Protección civil de que “los conjuntos fueron edificados en terrenos no aptos”. Según el plan urbano y el reglamento estatal, los permisos de construcción se justificaron, se defienden ex funcionarios. Algunos se han negado a atender los citatorios del MP y de otros se ignora su domicilio

Yee Trujillo / segunda y última

Acapulco

De acuerdo con una copia en poder de El Sur de la denuncia de hechos interpuesta por el entonces subsecretario de Protección Civil estatal, Constantino González en el Ministerio Público de Costa Azul el 4 de octubre por las inundaciones ocurridas hace un año, el funcionario expuso que desde la tarde del viernes 13 de septiembre la dependencia envió avisos preventivos a los directores municipales por correo electrónico, que ese día y el sábado sesionó el Consejo Estatal de Protección Civil para participar en las tareas de auxilio en la zona Diamante, y que en las primeras horas del domingo activaron los refugios en la Expo Mundo Imperial y el Centro Internacional Acapulco para evacuar a “más de 3000 personas que sus viviendas quedaron totalmente inundadas”.
Agregó que durante la evacuación “detectamos que los conjuntos habitacionales de reciente construcción fueron edificados en terrenos no aptos” porque el Atlas de Peligros Naturales de Acapulco elaborado por el Consejo de Recursos Minerales y la Secretaría de Desarrollo Social federal “señala precisamente que las zonas que ocupan estos fraccionamientos son inundables”.
Y mencionó los nombres de algunas de esas colonias: Tulipanes, Homex, Las Ceibas, Joyas del Marqués Llano Largo, Misión del Mar, Las Gaviotas, La Marquesita y Casa Dorada, y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente registraron que en el pasado reciente eran ocupadas por flora y fauna acuática en peligro de extinción como mangle y cocodrilos.
“Se tiene que investigar quiénes ejecutaron la obra de construcción y las autoridades que autorizaron las licencias y permisos de cambio de uso de suelo y las construcciones mismas para que se obliguen a resarcir los daños a los recursos naturales, así como realizar las obras que mitiguen o eliminen el riesgo por inundación”, declaró.
Aseguró que los hechos constan al coordinador regional de Protección Civil en Acapulco, al director municipal, Efrén Valdez Ramírez, y al personal operativo de ambas dependencias, porque fueron quienes participaron directamente en la evacuación de las familias, por lo que pidió que se libre la orden de aprehensión contra quien resulte indiciado.
De los 15 funcionarios que ya declararon se supo que refirieron haber autorizado permisos y licencias, en base a lo estipulado en el Plan Director Urbano y el Reglamento de Construcciones del estado, y que de los 12 ex funcionarios y funcionarios que no han declarado “algunos se han negado a atender los diversos citatorios enviados por el agente del Ministerio Público y algunos otros, se ignora su actual domicilio”.
Los ex secretarios generales del Ayuntamiento que ya se presentaron son el de la administración de López Rosas, Francisco Larequi Radilla; los de la administración de Salgado Macedonio, Daniel Ríos Abarca y Ludwig Marcial Reynoso Núñez; y el de la administración de Manuel Añorve, Miguel Ángel Ocampo Oliveros.
También se han presentado el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno de López Rosas, Orlando Soberanis Vargas; el del gobierno de Salgado Macedonio, Arquelao Manuel de la Cruz Piza; y el de la administración de Añorve Baños, Javier Morales Bugart.
El director de Desarrollo Urbano en la administración de López Rosas, Fernando Porfirio Arizmendi Lugo; el del gobierno de Salgado Macedonio, Rubén Leyva Santana; y la subdirectora de Administración y Operación Urbana en el periodo de Salgado Macedonio, Margarita Ramírez Bravo.
Así como los directores de Licencias y Verificación en el gobierno de Salgado Macedonio, Sonia Isela Arriaga Irabien y Demetrio Arciniega Cisneros; la directora en los últimos meses de la administración de Añorve Baños, Andrea Marquina Díaz; el ex director de Licencias en el gobierno de Luis Walton, Miguel Ángel Lanche Moreno, y el actual, Marcel Radilla Hernández.
Los que no se han presentado son la secretaria general del gobierno de López Rosas, María de la Luz Núñez Ramos; el secretario general de Salgado Macedonio, Florentino Cruz Ramírez; los de la administración priista, Vicente Trujillo Sandoval y Armando Terrazas Sánchez; y la actual secretaria general, Magdalena Camacho Díaz, a quien la PGJE solicitó los domicilios de los señalados desde febrero.
Tampoco lo han hecho los secretarios de Desarrollo Urbano en la administración de López Rosas, Jorge Juárez Soto y José Armando Salinas Santillán; el actual secretario Manuel Malváez Rosillo, quien desempeñó el mismo cargo en la administración de Félix Salgado; y el de la administración de Añorve Baños, Adolfo Ménez Galeana.
Faltan también los subdirectores de Administración y Operación Urbana en el gobierno de López Rosas, Ricardo Trejo Añorve y Domitilo Soto González; y el director de Desarrollo Urbano de la actual administración, David Acevedo Ugarte.

Los alcaldes, síndicos y regidores son los que aprueban

En breves declaraciones telefónicas, el secretario general de 2007 a 2008 en el gobierno de Salgado Macedonio, Florentino Cruz, dijo que él no ha sido citado a declarar ante el Ministerio Público (MP) y “poco tendría que decir, porque yo no soy especialista”, quien hace las licencias y el trabajo técnico es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP).
“Es bastante sencillo, cada área construida tiene épocas en que fueron autorizadas y esas épocas pues corresponden a personajes que estuvieron en las áreas correspondientes, entonces, si es el asunto ese, pues pueden ubicar en qué momento y quiénes dieron las autorizaciones”, opinó, y dijo que no sabe ni podría decir si hubo irregularidades durante la administración perredista, pero los estudios se deben realizar en las “áreas especializadas de responsabilidad”.
También la secretaria general de 2002 a 2004 en el gobierno de López Rosas, María de la Luz Núñez, negó que haya sido citada a declarar y aseguró que no le ha llegado ninguna notificación formal, aunque en marzo hizo público su domicilio en Michoacán en estas páginas.
Opinó que es correcto que se investiguen las irregularidades y si hay cargos se sancione, pero subrayó que los secretarios generales o de gobierno “ni discuten, ni aprueban ni desaprueban ni tienen participación, ni nada”, sólo dan fe.
A pregunta expresa de quiénes podrían ser los responsables, respondió que los regidores, los alcaldes y los demás funcionarios que discuten los puntos de acuerdo del Cabildo, y reiteró que espera que la investigación no tenga que ver con sus aspiraciones políticas en Michoacán.
Por su parte, el subdirector de Desarrollo Urbano en el gobierno de López Rosas, Domitilo Soto, dijo que tiene un amparo ante la federación y no hay ningún requerimiento en su contra, pero el viernes se presentará en la agencia de Costa Azul con la documentación que indica que los permisos otorgados fueron con base en el Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco y no fue “una irresponsabilidad”.
Afirmó que en el periodo se otorgaron unos 10 desarrollos habitacionales “grandes” en la zona Diamante, principalmente de las empresas Geo, Ara y Homex, aunque justificó que fue porque el gobierno antecesor de Zeferino Torreblanca Galindo otorgó “los primeros permisos” y aprobó el Plan Director Urbano.
Insistió en que él sólo fue “un funcionario menor”, que quien autorizó los cambios de uso de suelo fueron el Cabildo: los regidores, los síndicos y el alcalde, y que antes de la aprobación toda la documentación fue revisada por los directores responsables de obra de los desarrollos, arquitectos de la SDUOP, el departamento de Licencias, la Subdirección y Dirección de Obras Públicas, el titular de la SDUOP y la Secretaría General.
El secretario general en el último año de la administración priista, Armando Terrazas, también aseguró que no ha recibido algún citatorio, pero dijo que “hace unos días” mandó a alguien al MP “correspondiente” a decir que estaba dispuesto a comparecer en el momento en que lo citaran, porque le parece “muy bien” que se investigue, que se encuentre al responsable y se proceda conforme a derecho, pero no quiso hacer más comentarios.
Muchos de los propietarios de las viviendas son originarios de otros estados y compraron sus viviendas a crédito en los fraccionamientos para vacacionar.
El 10 de mayo se publicó que el gobernador se reunió con vecinos de Rinconada del Mar para presentarles un proyecto que se pondría en marcha para prevenir inundaciones, y que la Conagua y CAPASEG detallaron que se construiría un cárcamo de bombeo y se instalaría tubería de conducción hasta el río de La Sabana, así como una planta de luz y otras acciones con una inversión de 14 millones de pesos, pero las inundaciones continúan.
Apenas el 14 de agosto se informó que vecinos de La Ceiba demandaron al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) por los daños, y el 2 de septiembre habitantes de la unidad Luis Donaldo Colosio presentaron denuncias contra quien resulte responsable por las inundaciones anuales.