Netzahualcóyotl Bustamante Santín

 Centralización fiscal

Históricamente en México cada nivel sucesivo de gobierno es más débil, más dependiente y más empobrecido que el nivel superior a él. Dado que el municipio se encuentra en la base de la estructura gubernamental es a la vez, la unidad de gobierno menos autónoma en materia económica, administrativa y política.

La naturaleza centralista del régimen mexicano, reproduce el fenómeno regionalmente manteniendo un mismo patrón de conducta que se traslada del nivel federal al estatal.

El federalismo implica un pacto entre dos o más poderes soberanos que acuerdan ejercerse y coexistir con respeto mutuo dentro de un mismo territorio.

El sistema político adoptado en el país es todo, menos federalista. Y el municipio libre tal como ha consignado la denominación oficial deviene quimera.

La dependencia presupuestal de los municipios de la entidad a quienes somete el gobierno, pervierte y distorsiona una relación que debe asumirse republicana entre ambos poderes. Es el presupuesto público un tema sensible por su importancia para el óptimo funcionamiento de los tres órdenes de gobierno.

En Guerrero, el gobierno estatal ejerce cotidianamente el vasallaje, la asfixia y la imposición en materia fiscal a los 77 municipios que integran la entidad, destacadamente los de la oposición.

Tan sólo entre 1993 y 2002 –un sexenio y medio– del total de recursos que ingresaron a las arcas del gobierno local, este únicamente destinó en promedio el 19% de estos a los municipios. En otras palabras, 81 de cada 100 pesos que captó la entidad en 9 años fueron ejercidos por las administraciones en turno.

En 1993, 1996, 1999 y 2002, años en que se celebraron procesos electorales locales, los porcentajes de recursos que destinó el estado a los municipios sumaron 20, 18, 14 y 16% respectivamente.

Ello tiene una explicación básica: en elecciones locales la administración estatal decidió ejercer un mayor número de recursos motu propio y asignar a los municipios una cantidad que no correspondía con la dinámica de sus necesidades ni con el comportamiento que venían desarrollando los fondos ejercidos por los territorios.

Hacia 2002 el presupuesto a los ayuntamientos consistentemente presenta una caída dramática de los fondos que el gobierno destinó a los municipios (ver cuadro).

Entretanto, en el mismo período que va de 1993 al 2002, mientras que los ingresos estatales crecieron en un 720%, los municipales en cambio, lo hicieron en un 576%. La diferencia es más profunda y la desproporción aún más exorbitante entre 1995 y el año 2002; mientras que los ingresos brutos del gobierno guerrerense observaron un aumento significativo de un inaudito 1060%, a los ayuntamientos acaso ingresaron menos de la mitad de aquellos para sumar un 420%. Ello da cuenta de la discrecionalidad en el manejo del presupuesto local y del trato inequitativo, parcial y dispar que hace el gobierno estatal de los fondos que van dirigidos a las alcaldías.

El artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal precisa que los municipios recibirán el 20% de la partida económica que corresponde al estado por concepto del Fondo General de Participaciones; este es uno de los rubros por los que la entidad obtiene ingresos de la federación.

El manejo y distribución a todas luces facciosa y sectaria de los recursos públicos hacia los municipios, contraviene y desafía la mística que debe caracterizar una política gubernamental justa, equitativa y democrática.

El artículo 115 constitucional aclara que entre el municipio y el estado no habrá autoridad intermedia. Empero la realidad, dista mucho del texto legal.

Entre delegados regionales de gobierno, coordinadores y gestores oficiales, el gobierno local mantiene una política de sometimiento, presión y coacción en casi todas las jurisdicciones de la entidad. Ello ha generado una relación tensa entre los ediles perredistas y el gobernador en lo referente al tema presupuestal.

Puntuales, los alcaldes del sol azteca acuden a todas las reuniones a que citan o cita el gobernador, con objeto de analizar las fechas en que les serán entregadas las ministraciones que por ley a sus ayuntamientos corresponde.

Es ofensivo e inconcebible que los alcaldes –de cualquier partido– tengan que acostumbrarse a la común rutina de hacer antesala en la oficina del secretario de Finanzas estatal con el fin de negociar primero y conocer después, la fecha en que les será depositado el monto de recursos públicos que en no pocas ocasiones desconocen con detalle.

Pese a que existen disposiciones jurídicas tales como la Ley de Coordinación Fiscal y estatales –excepto Guerrero que no cuenta con un precepto similar– donde se establecen puntualmente los criterios para las asignaciones de los montos a que se harán acreedores los municipios de acuerdo a lo presupuestado, lo cierto es que aún existen serias irregularidades en la entrega de las partidas presupuestarias hacia los municipios.

En entidades donde el legislativo no es dominado por el partido afín al gobernador, se cuentan con mayores reglas y mecanismos para transparentar el ejercicio del gasto público gubernamental. La pluralidad partidista y la discusión política así lo permiten. En Guerrero en cambio, distamos ahora de que se modifique tal circunstancia pues la Cuenta Pública no tiene nada de pública.

Un poder legislativo funcional ejerciendo su papel de contrapeso y de auténtico fiscalizador del ejercicio del gasto público local, permitiría a la sazón contar con instrumentos válidos en la correcta aplicación, destino y evaluación de los programas gubernamentales. Quizá entonces, nunca más en procesos electorales exista dispendio en los recursos públicos y desorden y libre arbitrio en el uso y ejecución de los mismos.