En desapariciones, el responsable es el autor material y quien lo manda: Corcuera

El integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Santiago Corcuera Cabezut, dijo que no puede opinar sobre la detención del ex comandante de la Policía Judicial del Estado (PJE), Wilfrido Castro Contreras, quien según uno de los testigos sólo se trata de un “mando medio” de la guerra sucia.

El funcionario de la ONU aseguró que en los casos de desaparición forzada la responsabilidad debe fincarse “no sólo al autor material, sino a quien lo ordena”.

El pasado sábado Wilfrido Castro Contreras fue encarcelado en Acapulco como presunto responsable de la desaparición forzada del campesino Bernardo Reyes Félix, durante la época de la guerra sucia.

El ex preso político y testigo de que en septiembre de 1972 Bernardo Reyes estaba detenido en los separos de la PJE a cargo de Wilfrido Castro, Octaviano Santiago Dionicio, criticó que el detenido no es un ex funcionario de “alto nivel” como anunció la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femosp), sino que se trata de un autor material, y faltan las cabezas.

Corcuera dijo que desde “la perspectiva teórica no hay excluyente en el tema de desaparición forzada de personas, no hay excluyente de responsabilidad por obediencia debida”.

Indicó que la responsabilidad en los casos de desaparición forzada “debe fincarse no sólo al ejecutor material, sino a quien la ordena, planifica e incita”.

Lamentó que la desaparición frozada de personas y la tortura se sigan practicando en México “por desgracia en muchos casos la conducta no se encuentra adecuadamente tipificada”, por ello dijo en el caso de Guerrero es “urgente” que el Congreso del Estado apruebe la ley especial.

Refirió que la percepción que se lleva de los legisladores locales es que entre las fracciones parlamentarias “no hay un desacuerdo, creo que hay voluntad y me voy contento con esa actitud positiva, mi deseo es que esto –la ley especial– saliera en el periodo de sesiones que comienza el 15 de noviembre, que saliera lo antes posible por el bien de Guerrero y México”.

Por su parte el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández coincidió en que se debe castigar a quien ejecuta la orden para la desaparición de una persona, aunque para ello aseguró que se “debe tener elementos probatorios”.

El ombudsman indicó que se “se supone que hay responsabilidad de autoridades superiores, pero si no hay elementos probatorios, se consigna sólo a quien es señalado por algún agraviado o por algún testigo”.

Afirmó que “lo ideal para los familiares de personas desaparecidas es que se castigue a los responsables de esos mandos medios, pero si no hay un elemento, uno se queda hasta donde se dio el señalamiento, yo creo que eso está sucediendo en ese caso” del ex comandante de la Policía Judicial.

Para el presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan,  Abel Barrera Hernández, la detención del ex comandante de la PJE es un “avance”, “el problema es que hay cierta desconfianza hacia la Fiscalía, por el tiempo que ha pasado”

Barrera Hernández consideró que la detención de mandos medios como presuntos responsables de la desaparición forzada de personas, muestra “las deficiencias de la fiscalía, parece que aún se construye la estrategia para girar las órdenes de aprehensión contra los altos mandos”.