Con desdén de funcionarios y legisladores se realizó el foro sobre el campo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El foro del Frente Popular para el Desarrollo Integral de Guerrero, que se convocó en el marco de las mesas de trabajo de organizaciones sociales con delegados y secretarios del gobierno sobre las políticas sociales y del campo, se realizó en la explanada del Congreso local sin funcionarios de primer nivel, ni diputados locales, federales y senadores de Guerrero, a quienes se había convocado para que conocieran los planteamientos.
Incluso los asistentes fueron tratados con desdén en el Poder Legislativo, porque los organizadores esperaron a que terminara un simulacro de sismo que se programó a la misma hora que el foro de las organizaciones, para instalar las carpas y las sillas que utilizaron en la actividad, y se les negó el acceso a las instalaciones sanitarias del edificio.
Transcurrida media actividad, el Congreso instruyó la instalación de dos sanitarios móviles en la parte alta de la explanada, insuficientes para la atención de unas 500 personas que llegaron de diferentes regiones del estado.
No obstante, el foro se desarrolló como estaba previsto, salvo por un par de reclamos de la representante de la organización Mujeres Guerreras, María Luisa Vargas Mejía, quien opinó que sólo van a ver a los diputados y senadores en las campañas políticas, y el dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI), Maclovio Avilés García, solicitó un saludo para los ausentes, al que respondieron con rechiflas.
Como ponentes participaron dos especialistas críticos de la política pública del campo, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), Víctor Suárez Carrera, y el académico de la facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Raúl Olmedo Carranza, que coincidieron en que en los ultimos 30 años las políticas de gobierno han sido “anticampesinas”.
El dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig), Rigoberto Acosta González, pidió a nombre del grupo de luchadores sociales y dirigentes de la Sierra que se incluya en las demandas del Frente Popular la creación de la octava región económica en el estado.
Denunció que tienen más de 20 años luchando porque la Sierra sea decretada como octava región del estado, porque con más de mil 200 comunidades, territorio en tres regiones de 14 municipios, no tiene presencia institucional; sólo dos ayuntamientos tienen sede en la parte alta de la zona: Tlacotepec y coahuayutla.
“No nos interesa (sólo) que el niño nazca, necesitamos que tenga madre y padre, que se le reconozca, que se le invierta y nos ayude a detonar el proceso de desarrollo”, dijo.
De la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur), Bulmaro Muñiz Olmedo también pidió que se incluya la legalización de la institución educativa cuyo proyecto comenzó a diseñarse hace 18 años con los cuatro pueblos originarios y afromexicanos.
A pesar de que no tiene reconocimiento oficial de las autoridades estatales, por la omisión de autoridades federales y estatales, indicó que ya ha formado a tres generaciones de egresados y se mantiene en pie por el respaldo de las comunidades.
El coordinador del Congreso Agrario Permanente —uno de los bloques de organizaciones productivas que conforman el Frente Popular—, Bertín Cabañas López, advirtió que el Congreso local es la caja resonancia de los conflictos en el estado, “al rato aquí se van a ventilar nuestras demandas; no queremos tomar carreteras ni oficinas, pero ¡carajo!, tómennos en cuenta”.
Denunció que en la primera de siete mesas de trabajo que se acordaron con la Segob en la ciudad de México, luego de una marcha al Distrito Federal y bloqueos en distintas regiones, se acordó la entrega de una lista de demandas incumplidas a las que se iba a dar respuesta en diez días.
Han pasado dos semanas, y consideró que aún no hay respuestas a sus planteamientos, “y si así fuera, no son positivas, volvemos a lo mismo, al rato que no se quejen de los movimientos que vamos a hacer, no queremos tomar acciones antisociales, pero ustedes nos obligan”.
Antes de clausurar el foro, el representante del coordinador de delegados en Guerrero, Juan Salgado Brito, aseguró que no están dejando de lado la mesa 7. Recordó que el acuerdo inicial con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, y las organizaciones, fue instalar las primeras seis mesas temáticas para abordar los problemas que se presentaron.
Informó que Salgado Brito ya se reunió con el secretario general de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, para construir el escenario donde autoridades, diputados y senadores, así como las organizaciones sociales estén representadas.
El coordinador del Foro Permanente de Organizaciones, Antonio Colín Ramírez, informó el balance de las seis mesas de trabajo, sobre campo, agua, educación, caminos y programas sociales. Estimó que se está solicitando un incremento de 20 millones de pesos al presupuesto que habían estimado las dependencias estatales y federales para el siguiente año.
De la mesa 1, sobre el campo, destacó que pidieron un incremento de 2 mil millones, y entre éstos, que se tripliquen los fondos para la producción de maíz y se fortalezca la contraloría social que se constituyó este año, para evitar irregularidades. Reconoció que faltó tiempo y experiencia de las organizaciones para hacer un seguimiento apropiado.
Asimismo, solicitaron que se refuerce el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), para que no sólo llegue a las localidades con menos habitantes, y su presupuesto se amplíe de 600 millones a 900.
Además de una partida especial de 500 millones en créditos para impulsar los cultivos que denominan sistemas-productos (jamaica, maíz, mango, entre otros) y que los campesinos y productores puedan acceder sin burocratismo y requisitos mínimos.
Al final se aprobó la inclusión del reconocimiento de la octava región, la legalización de la Unisur, así como la remunicipalización del estado, la liberación de los presos políticos (no precisó quiénes) y la instauración de la comunidad como cuarto orden de gobierno.