Fernando Pineda Ochoa

Retos y perspectiva del PRD en Guerrero

 (Segunda parte)  

El modelo económico neoliberal fue implantado desde el régimen de Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas lo profundizó, Zedillo mantuvo el rumbo que continúa bajo el impulso del gobierno foxista. El triunfo de Vicente Fox, postulado por el Partido de Acción Nacional, en las elecciones presidenciales de 2000, después de 71 años de presidentes del Partido Revolucionario Institucional, tiene varias vertientes. El hartazgo mayoritario de los mexicanos hacia el PRI, manifestado ese 2 de julio de 2000, es consecuencia directa de la permanente lucha de los de abajo: campesinos, asalariados, colonos, amas de casa, indígenas, estudiantes, a la participación decidida de miles de personas anónimas, sin dejar de lado el papel de los líderes sociales y dirigentes partidarios, de derecha e izquierda. Este proceso alternativo ha abonado aspectos importantes al contexto político-social, como la incorporación ciudadana en los quehaceres políticos que anteriormente consideraban asunto de los “profesionales de la política”; se ha consolidado una mayor libertad de expresión y el Congreso de la Unión dejó de ser un apéndice del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, las expectativas que generó el relevo presidencial terminaron sepultadas ante el fracaso de la administración que encabeza Vicente Fox. Varios son los signos que lo tipifican. Los vaivenes de la política internacional (la guerra contra Irak, el caso cubano), el nulo interés para discutir con Bush lo sustantivo del problema de la emigración, indolencia que deja en el desamparo a los indocumentados mexicanos; sus propuestas de reformas estructurales pro empresariales (políticas fiscales preferenciales) y su poco interés en la problemática social; la amenaza permanente de privatizar Pemex, lo que queda de la energía eléctrica y las reformas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Otro rasgo distintivo es la desafiante participación en puestois clave de su gabinete de la derecha más retrógrada del grupo El Yunque.

Otra modalidad es la alianza PAN-PRI (hasta ahora coyuntural y parcial, pero que se puede convertir en una estrategia total y permanente). El contubernio se centra en el intento de frenar el avance, hacia el 2006, de Andrés Manuel López Obrador (desafuero, modificación al artículo 122 constitucional, etc.) y en la coincidencia de que ambos partidos impulsan el mismo proyecto económico neoliberal, que después de 22 años ha mostrado fehacientemente su fracaso: devastación productiva del campo, insuficiencia alimentaria, deterioro permanente del valor adquisitivo del salario, desempleo, incertidumbre e inseguridad. El saldo es elocuente: 60 millones de pobres, de los cuales 45 millones viven en extrema pobreza.

Pero la ofensiva PRI-PAN, va más allá del hostigamiento al mandatario del Distrito Federal. Tiene como telón de fondo detener el avance del PRD, de la izquierda en general y ante ese fuego cruzado, sólo quedan dos alternativas: sucumbir ante la embestida reaccionaria o hacerles frente en todos los ámbitos del espacio político-social. Para ello se precisa de un partido de izquierda ideológicamente sólido y unido en torno de un nuevo proyecto de nación.

Diversas particularidades determinan las características de Guerrero, entre ellas destacan dos: la pobreza y la violencia. Su historia así lo determina. Es conocido que en los sexenios de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, se le designó a la entidad un papel subordinado, como exportador de divisas vía turismo, productor de materias primas y proveedor de mano de obra barata. Esta política económica profundizó aún más las contradicciones sociales y acentuó el desequilibrio entre los tres sectores productivos.

Hasta hace algunos años a la agricultura le corresponde el 1.7% del PIB, a pesar que tiene el 41.3% de la PEA. El sector secundario aporta el 10% del PIB y se compone del 9.2% de la PEA. Al sector servicios le corresponde el papel estelar contribuyendo con el 70.3% del PIB y emplean el 23.5% de la PEA. Probablemente han variado las cifras pero la proporción sectorial no. Ahora habría que añadir la entrada de divisas de Estados Unidos. Aunque hay versiones de que en la actualidad la principal “industria” es la del secuestro, patrocinado por elementos del propio Estado.

Terminando la primera década de la política neoliberal, apoyándose en la contrarreforma salinista al artículo 27 constitucional, los mandatarios estatales intentaron integrar la empresa turística y la producción agrícola-forestal al proceso globalizador abriendo las puertas al capital foráneo y nacional. La autopista México-Acapulco (que luego el gobierno federal rescató de la quiebra y que ahora es un desastre), las inversiones millonarias, nativas y extranjeras, en Punta Diamante, las compañías meloneras en Tierra Caliente y el intento de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, forman parte del ensayo mencionado. Tal política, podemos afirmarlo de manera tajante, no ha beneficiado al pueblo de Guerrero.

Las estadísticas distinguen al estado suriano, como parte de las tres entidades con mayores rezagos del país. Una planta productiva casi inexistente, un sector agropecuario de subsistencia, en este ámbito, la actividad centrada en los servicios resulta insuficiente para solventar las múltiples necesidades básicas y de empleo. Una cuarta parte de la sociedad guerrerense es analfabeta, más de dos millones no poseen infraestructura de salud, ni cuentan con los mínimos de nutrientes, carecen de viviendas adecuadas (sin servicios elementales) y, desde luego, no tienen acceso a empleos justamente remunerados lo que torna explosiva la situación social. De los tres millones de personas que habitan el estado el 60 por ciento viven en la pobreza.

El manejo político no está mejor. Los caudillos pos revolucionarios aplicaron para Guerrero un férreo control que les permitiera consolidar el poder local. El partido oficial (PNR-PRM-PRI) fue el instrumento principal para organizar y controlar a los campesinos guerrerenses como la base política del régimen. Desde entonces se impuso una forma de gobierno autoritario, “…las demandas que no se supeditan a los sectores del partido oficial tienen como consecuencia la represión. La intolerancia gubernamental con los movimientos disidentes puede explicarse por lo decisivo que ha sido para la hegemonía del partido oficial y del Ejecutivo el control oficialista de las demandas como condición de esa estructura de poder”. (Rendón Alarcón Jorge: Sociedad y conflicto en el estado de Guerrero. Poder político y estructura social de la entidad. P. 113, Plaza y Valdes Editores, 2003).

La masacre de Aguas Blancas, ordenada por el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, donde fueron asesinados 17 campesinos, pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), el 28 de junio de 1995, es elocuente.

No obstante, el movimiento social ha sido el instrumento recurrente para enfrentar y frenar las actitudes autoritarias del Estado.