El director de Cancerología dice que no hay nada contra Terán Porcayo

Karla Galarce Sosa

El director del Instituto Estatal de Cancerología (Iecan), Víctor Hugo Garzón Barrientos, se deslindó de la filtración de la información según la cual su antecesor, Marco Antonio Terán Porcayo, es acusado de desviar 200 millones de pesos de las cuentas de esa institución, como se informó ayer en estas páginas.
Aseguró que se entregó una liquidación dentro de la ley a los trabajadores de confianza que así la solicitaron, y que no estuvieron en la sesión de la Junta de Gobierno del Iecan la presidenta municipal de Acapulco, Verónica Escobar Romo, ni la presidenta del DIF Guerrero, Laura del Rocío Herrera de Aguirre.
Entrevistado en su oficina al interior del Iecan, Garzón Barrientos dijo ignorar quién hizo las declaraciones a este medio de comunicación.
Dijo que la nota de El Sur “está llena de imprecisiones”, mientras, al igual que ésta reportera, grababa lo que decía con su teléfono celular.
“La mayoría de las personas que mencionan que estuvieron en esta Junta de Gobierno no están, por lo tanto la primera situación (…) es falsa, no están tales personas”, expuso.
Mostró una hoja con cuatro fotografías en pequeño formato en las cuales se podía observar a un grupo de personas, entre ellos al secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso, y al titular del Iecan encabezando la reunión de la Junta de Gobierno celebrada el viernes.
Agregó que contra el ex director no hubo acusaciones, y que la reunión fue más bien para hablar de resultados, del modo en que se harían de más recursos para la operatividad del Iecan, partidas presupuestales para la ampliación de los servicios, así como la presentación de proyectos y la instauración de estrategias de ejecución para la protección patrimonial. AUnque luego dijo que también se abordaron los problemas financieros que vienen desde la gestión de su antecesor.
Negó que la Junta de Gobierno busque demandar al fundador del Iecan, Marco Antonio Terán Porcayo, por desvío de recursos.
“Nosotros bajo ninguna circunstancia ni realizamos, ni nos prestamos a realizar señalamientos políticos, judiciales o de ninguna índole que no corresponda a las funciones sustantivas del instituto”, declaró el funcionario estatal.
Agregó que “hemos sido muy respetuosos y no hemos vertido declaración contra nadie ni hemos subido al ring de lo mediático, absolutamente nada administrativo; hemos escuchado que van y vienen notas, quejas, suposiciones y afirmaciones (…) pero las instrucciones del Ejecutivo para trabajar son claras: apegarse estrictamente a la ley y en este caso nos apegamos a la ley 690 para las entidades paraestatales, a la ley de servidores públicos del estado y al artículo 172 de creación del Iecan”.
Aseguró que en el manejo de cifras también se tienen errores, y aunque se le preguntó por montos en las cuentas, las cantidades cuando recibió el instituto, expresó que “recibí un instituto operante para las funciones sustantivas”, y agregó que los montos son información confidencial.
“Los resultados de la auditoría le competen claramente a la Contraloría General del Estado, no al ámbito de Cancerología, y haremos acciones en el ámbito de la ley, nuestras funciones son médicas y gerenciales (…) nosotros no filtramos nada”, insistió.
Afirmó que los problemas financieros con los cuales recibió el Iecan persisten y que ese fue uno de los ocho temas abordados en la junta del viernes pasado, además de temas de administración y gestorías para que el instituto opere en mejores condiciones.
Habló también de que los integrantes de la Junta de Gobierno acordaron la cancelación de pagarés por un monto superior a 400 mil pesos debido a que más de la mitad de éstos eran deuda de personas de escasos recursos.
“Esta cancelación de pagarés es una demostración que existe apoyo a las personas de más bajos recursos del estado y apoyo a los indígenas de Guerrero (…) se consideraron incobrables por la falta de dinero de esta gente”, expuso Garzón Barrientos.
Indicó que se aplicó austeridad en los gastos de la institución para reducir el “déficit” presupuestario, cuotas de recuperación de trabajo fuera del instituto y aumento del horario de atención.