Piden indígenas al gobierno federal y estatal respeto a la Policía Comunitaria y cese el hostigamiento

 Jesús Trigo Colombia de Guadalupe  

En los festejos del noveno aniversario de la Policía Comunitaria en esta comunidad del municipio de Malinaltepec, los pueblos indígenas                 Na Savi, Me’phaa, Nahuas y Ñom’ndaa’ de Gierrero y diversas organizaciones indígenas, sociales, civiles y académicos declararon que hace nueve años, en un contexto de crisis del sistema de justicia a nivel nacional y de las necesidades, y demandas de los pueblos para resolver sus problemas, nació esta organización comunitaria que actualmente es de las que más legitimidad han logrado a nivel estatal y nacional.

Los indígenas reunidos el 15 y 16 de octubre, pidieron al gobierno estatal y federal el respeto a la Policía Comunitaria y que cese el hostigamiento jurídico y político contra esta organización de justicia y seguridad pública de los pueblos de esta región.

El sábado, segundo días de actividades por el aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Montaña y la Costa Chica, alrededor de 300 policías desfilaron por las principales calles de Colombia de Guadalupe.

Después, los policías indígenas estuvieron en un acto cívico con honres a la bandera nacional, al que asistieron los alcaldes de Metlatónoc, Saúl Rivera Mercenario, de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís y de Malialtepec, Apolinar Cruz Rosas, así como los 62 comisarios de la región de las comunidades que participan en la Policía Comunitaria.

En el informe anual de la CRAC, encabezada por los coordinadores Marcos Santana Crisóstomo, Jaime Santos Salgado, Pedro Inés Policarpo y Miguel Guerrero Suástegui, destacaron que durante estos nueve años los pueblos han tenido problemas “con las autoridades de gobierno que no respeta nuestra institución”.

Indicaron que este proyecto va a seguir adelante “porque es de los pueblos y nace a necesidad de los pueblos”.

Indicaron que por segunda ocasión en junio del presente año, el gobierno del estado propuso a la CRAC pasar a formar parte del gobierno, pero que en esta ocasión se consultó a todas las comunidades que forman parte a la institución, y “en el mes de junio se realizó un foro Estatal en Chilpancingo, donde se dio a conocer que la respuesta de las comunidades era de no aceptar la prepuesta del gobierno del estado”.

Los coordinadores de la CRAC indicaron que el gobierno ha tratado de hacer en varias ocasiones que las comunidades abandonen su lucha, “por la buenas y por medio de amenazas”, además precisaron que aun falta mucho camino por recorrer y que, “en nuestra manos esta la construcción de nuestro propio futuro”.

Indicaron que desde que empezó a funcionar el proyecto comunitario han tenido en contra a la Policía Judicial, a los Ministerios Públicos, al juez de primera instancia y demás autoridades, además de que frecuentemente militares del Ejército visitan las oficinas de la CRAC para “amenazarnos e interrogarnos o para reclamarnos porque detenemos a gente que no es indígena”.

Defensa de la tierra y el territorio

En la mesa de trabajo denominada Tierra y Territorio destacó que actualmente los territorios de los pueblos indígenas son los lugares donde se ha conservado los recursos naturales y lo que se ha conservado es ambicionado por las empresas transnacionales, lo cual no permitirán.

Puntualizaron que la CRAC debe elaborar un plan para intervenir en los problemas de tierras, para evitar que las comunidades se confronten, además para cuidar que no saqueen los recursos naturales, como la madera. Además acordaron rechazar el programa del gobierno Procede, que lo único que pretende es dividir a las comunidades y que el interés del pueblo es defender la propia colectividad social.

Justicia alternativa

En la mesa sobre sistema de justicia alternativo, pidieron al gobierno estatal y federal que respete a la Policía Comunitaria como una forma propia de impartir justicia y seguridad de las comunidades tlapanecas, mixtecas y mestizas que la conforman, además exigen al gobierno federal y estatal que cesen el hostigamiento jurídico y político contra las autoridades de la CRAC y la Policía Comunitaria.

En la misma mesa del debate se propuso construir proyectos alternativos de educación, salud, alimentación  producción, y la formación de una comisión de derechos humanos basada en las formas propias del pueblo y que resuelvan los problemas.

Derechos indígenas

En la mesa de trabajo sobre Derechos Políticos Económicos, Sociales y Culturales, se acordó pedir el cumplimiento del Convenio 169 de la OTI, además de impulsar un proyecto macroregional para la venta de abono orgánico, así como asegurar que los maestros firmen un acuerdo de compromiso para que generen una educación adecuada a sus necesidades.

Además lucharán para que los centros médicos de salud tengan la infraestructura, médicos y medicinas necesarias, y exigen que los municipios     reconozcan su población indígena e incluya sus derechos en los bandos de policía y buen gobierno y entre otras leyes municipales, así como respetar a la Policía Comentaría.

En la mesa de mujeres y niños indígenas acordaron que las mujeres se deben integrar a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y a la Policía Comunitaria, y gozar de todos los derechos de manera igual, además de capacitarlas, uniformarlas y tomar decisiones sobre los asuntos de las mujeres, en una palabra que haya mujeres policías comunitarias.

Además plantearon que se integre como una línea de trabajo dentro de la comunitaria el Rescate de la Medicina Tradicional como una forma de preservar la cultura indígena.

Precisaron que se debe elaborar la reglamentación necesaria para poder castigar el delito de la violencia intrafamiliar, estudiar y evaluar la posibilidad de que se incluya en el reglamento de la CRAC, y también la formación de grupos en cada comunidad y que desempeñen la función de consejeros para casos de violencia intrafamiliar.

En la mesa sobre medios de comunicación y educación pluricultural se planteó impulsar una radio comunitaria,y buscar alternativas para obtener los equipos necesarios para generar medios independientes.

En la parte de la educación exigieron la inmediata contratación de maestros con el perfil académico para las escuelas cerradas o en abandono en al zona indígena, y el respeto total a las formas y práctica de los planes de trabajo de la organización, como los usos y costumbres.

Igualmente exigen el respeto a las radios comunitarias y que este medio esté al servicio del pueblo y no se monopolice.-

También demandaron el respeto a la tenencia de los ejidos y comunidades, y manifestaron el rechazo a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota sobre el río Papagayo.

Piden reconocimiento constitucional de los derechos indígenas

El coordinador de la Policía Comunitaria Santana Crisóstomo dijo que en la actualidad diversas organizaciones del estado y del país “viven violaciones sistemáticas a sus derechos, que ponen en riesgo no sólo la cultura de los pueblos sino la vida misma, ya que intereses ajenos quieren apropiarse de nuestros territorios por la gran riqueza que poseen”.

Además exigió que el respeto mutuo entre los gobiernos y las comunidades indígenas, en particular al sistema y justicia comunitaria implementado por la CRAC, y pidió el reconocimiento constitucional a los derechos como pueblos indígenas, de tal manera que se garantice la libre autodeterminación.

Igualmente demandó el retiro Ejército mexicano de los territorios indígenas e investigación, procesamiento y sanción a los elementos castrenses que han cometido violaciones a los derechos humanos en “nuestro perjucio”.

El coordinador demandó la aprobación de la ley Cocopa y el cumplimiento del convenio 169 de la OTI.

Agregó que a pesar de que ésta es una de las regiones más seguras del país, gracias al trabajo de la Policía Comunitaria y de la CRAC, “el gobierno nos sigue negando del derecho a ser reconocidos  como sujetos de derecho y a ejercer nuestra autodeterminación y nos califica de ilegales, cuando la verdadera ilegalidad es la falta de atención integral para los pueblos”.

Por último hizo un llamado a las distintas organizaciones de la sociedad civil a la creación de un frente contra los problemas que viven actualmente las comunidades indígenas y campesinas.

Entre las organizaciones que asistieron estuvo el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, el CNI, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota, Colectivo de Mujeres Indígenas Me’Phaa la Calandraia, La Coordinadora de Grupos Culturales Independientes y Populares de Morelos, Centro de estudios   Ecuménicos; Tlajtolkalpan, A.C de Iguala, la Organización de Independiente de Pueblos Mixtecos de Ayuta de los Libres, el Consejo de la Nación Amuzga,   UNOSCO de Oaxaca, Macehualine Atlin Tepetl, Organización Lucio Cabañas Barrientos, la Organización Tierra y Libertad, la Organización de Pueblos y Colonias.