Tlachinollan

La masacre del 26 de septiembre en Iguala: una atrocidad sin límites

*Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

*No permitamos más atrocidades auspiciadas por el gobierno y por la impunidad. La masacre del 26 de septiembre en Iguala debe remover las entrañas del pueblo digno de Guerrero y convocarnos, con renovada vocación de unidad, a sacudir los cimientos de un poder que sólo se sirve a sí mismo. A exigir que estos hechos no queden impunes, para que invocar el nombre de nuestro estado deje de ser sinónimo de violencia, impunidad e indefensión.

Iguala, primera capital del estado erigida el 27 de octubre de 1847; cuna de la bandera nacional; lugar donde se reconoció a México como país independiente el 24 de febrero de 1821, cuando se firmó el Plan que lleva el nombre de la ciudad.
Iguala, 193 años después nadie daría crédito a lo que hoy está sucediendo en la tercera ciudad más importante del estado de Guerrero.
El 30 de mayo de 2013, ocho integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala fueron desaparecidos por un comando de civiles armados al concluir una manifestación pacífica. El 3 de junio fueron encontrados los cuerpos sin vida de su dirigente, Arturo Hernández Cardona, y de sus compañeros Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Ramón. En aquel momento se denunció que el atentado contra los luchadores sociales de la UP había sido precedido por una fuerte confrontación contra las autoridades municipales de Iguala, e incluso se difundió que en los hechos pudieron haber participado policías municipales.
Posteriormente, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2014 se registró una riña en el Cereso de Iguala que dejó un muerto. En este contexto, el 3 de enero seis desconocidos armados acudieron al mismo penal, con el argumento de que eran servidores públicos y que llevaban un reo para ingresarlo. Una vez adentro, los desconocidos se metieron hasta el área de los presos y mataron a cuatro personas. Ante esta agresión, los custodios accionaron sus armas y mataron a cinco de los agresores. Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades no deslindaron las responsabilidades pertinentes.
Los hechos de Tlatlaya no pueden desligarse de este contexto. Las y los guerrerenses sabemos bien que lo acontecido en esa comunidad mexiquense tiene más que ver con la situación que impera en nuestra entidad suriana que con lo que acontece en el Estado de México.
Pero aunque la impunidad había sentado sus reales en Iguala y sus alrededores, y pese a que los hechos de violencia iban acumulándose, nadie imaginaba la magnitud del torbellino de violencia que azotó con furia a la cuna guerrerense de la Independencia, lacerando con saña a quienes son la riqueza y el futuro de la nación que se gestó en Iguala hace 193 años: la juventud.
El 26 de septiembre, cerca de las 9 de la noche, cuando se dirigían a Chilpancingo desde Iguala en tres autobuses de la empresa Costa Line después de llevar a cabo actividades de colecta de recursos para costear los gastos de su escuela, 80 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos fueron agredidos arteramente por policías municipales.
Al salir de la central de camiones, varias patrullas se obstinaron en cerrar el paso a los autobuses, y sin mediar alguna comunicación con los estudiantes empezaron a disparar a mansalva. Después de que los policías persiguieron a los estudiantes por varias calles de la ciudad, los normalistas fueron cercados, logrando posicionarse las patrullas 017, 018, 022, 027 y 028 de la Policía de Iguala en la parte trasera de la caravana de autobuses. Ante este amedrentamiento, los estudiantes descendieron de las unidades para dirigirse a las patrullas que se encontraban estacionadas frente a ellos.
Pero, ante la sorpresa de los jóvenes los policías municipales comenzaron a disparar de manera indiscriminada desde las distintas posiciones que mantenían, cayendo herido en ese instante Aldo Gutiérrez Solano, alumno de primer año de la normal, originario de El Refugio, Municipio de Ayutla, Guerrero, quien hasta este momento se encuentra grave. Los estudiantes que iban en el autobús de atrás fueron bajados con violencia por los policías municipales y sometidos a tratos crueles. A varios de ellos los obligaron a subir a las patrullas para llevárselos con rumbo desconocido. De acuerdo con el testimonio de los normalistas, los policías se llevaron a alrededor de 20 jóvenes en las patrullas 017, 018, 020, 022 y 028. Algunos estudiantes se reorganizaron en el lugar de los hechos, esperando que arribaran las autoridades del Ministerio Público para que procedieran a iniciar las investigaciones. Nunca imaginaron que en ese mismo lugar, cuando se encontraban denunciando los hechos ante la prensa y la sociedad de Iguala, llegaría un grupo de civiles armados en una camioneta, disparando contra los presentes. En esta agresión armada fue privado de la vida Daniel Solís Gallardo. Además cinco estudiantes resultaron gravemente heridos, lo mismo que dos de los profesores que se encontraban en el lugar.
La barbarie se desató. En el afán de hacer fuego contra los normalistas, policías y civiles en connivencia dispararon contra el autobús en que viajaba un equipo de futbol de Chilpancingo. Un joven de apenas 15 años que soñaba con jugar en la Primera Divisón, David Josué García Evangelista, y el conductor del vehículo que trabajaba con honestidad, Víctor Manuel Lugo Ortiz, fallecieron en el lugar de los hechos, quedando heridas más de una decena de personas. Un taxista que pasaba cerca resultó herido, y su pasajera, Blanca Montiel Sánchez, murió.
A las 7 de la mañana del 27 de septiembre, los normalistas se reagruparon en la Fiscalía de la zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE). Los jóvenes comenzaron a declarar sobre los hechos y solicitaron visitar los separos de la Policía para constatar la integridad física de los estudiantes que habían sido detenidos por los municipales; sin embargo, el director de Seguridad Publica aseguró que no tenía a ningún estudiante en los separos. Esta situación genera la más alta preocupación porque los estudiantes aseguran haber visto que sus compañeros eran subidos a las patrullas.
La atrocidad continuó. A las 4 de la tarde de ese mismo día, estando los estudiantes en la Fiscalía dando seguimiento a la denuncia, el Ministerio Público les informó que a tres cuadras de donde ocurrieron los hechos habían encontrado el cadáver de una persona con visibles huellas de tortura de la que hasta el momento se desconoce su identidad.
Han pasado más de 72 horas de que sucedieron los execrables hechos, y no hay certeza de las acciones legales que están emprendiendo las autoridades competentes, mucho menos se han implementado acciones efectivas para dar con el paradero de los 57 estudiantes que siguen desaparecidos.
¿Cómo entender lo ocurrido en Iguala este fin de semana? Los términos tradicionales de los derechos humanos parecen no alcanzar para nombrar estas realidades atroces; parecería que en Guerrero se han desatado los escuadrones de la muerte a los que se refería en su editorial El Sur o a la pudrición a la que se refiere Tomás Tenorio en el mismo diario.
Pero desde los derechos humanos hay una sentencia que permite encuadrar lo sucedido en un marco de sentido: lo que ocurrió en Iguala es, ante todo, consecuencia de la impunidad.
La impune desaparición y ejecución de los activistas de la UP, que apuntaba a la descomposición de Iguala y que exigía agotar la línea de investigación hacia el Palacio Municipal, fue la punta del iceberg de la impunidad
La impunidad en la que permanecen los hechos del 12 de diciembre de 2011 cuando, a consecuencia de una operación fallida de desalojo en la Autopista del Sol por una protesta de los normalistas, perdieron la vida tres personas –entre ellos, los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, quienes fueron extrajudicialmente ejecutados–, lo que dio pie para que la policía preventiva se atreviera a disparar contra estudiantes sin esperar ninguna consecuencia. Si la sanción de estos hechos hubiesen generado medidas de no repetición, hoy seis familias no estarían velando a sus muertos.
La impunidad, en fin, de tantos casos de asesinatos contra defensores de derechos humanos y activistas en circunstancias que sacan a relucir los pactos entre la clase política y las empresas del crimen organizado en la entidad, explica que la ley del fuego sea el único Estado de derecho que hoy prevalece en Guerrero.
Es inconcebible que después de todos estos hechos de violencia que se han suscitado en la cuna de la Independencia, las autoridades estatales y federales no tengan una línea de investigación clara y que sigan alentando el ambiente de impunidad que impera en la región. El alto grado de descomposición en que se encuentra sumido el municipio es evidente, por la inseguridad que impera y por el control que ostentan los poderes fácticos. Minimizar lo ocurrido este fin de semana afirmando que se trató de un uso excesivo de la fuerza, cuando a todas luces es evidente que para hacer frente a los estudiantes la Policía Preventiva se reforzó con grupos civiles aliados, implica anunciar que no se atenderán las líneas de investigación que suben en la jerarquía de responsabilidades de esa municipalidad. El cierre de filas de la clase política en torno al titular del Ayuntamiento es anuncio de impunidad y refrenda la consabida imagen de un Partido de la Revolución Democrática (PRD) a cuyos dirigentes de la corriente sometida al poder sólo les importa el frío cálculo de la siguiente elección, dejando en los suelos incluso las banderas que históricamente le eran más propias, como la denuncia de la represión estudiantil.
De nueva cuenta se repite la historia del 12 de diciembre de 2011 y, más ampliamente, se repite la historia guerrerense donde las masacres son los hitos que van marcando la relación entre la sociedad y la clase política. Ante una manifestación de estudiantes que está muy lejos de atentar contra la vida de las personas, policías armados respondieron de manera furibunda, accionando sus armas no para amedrentar a los jóvenes sino para matarlos. Fue una acción totalmente desproporcionada, carente de justificación, agravada por la participación de grupos de civiles armados que actuaron en connivencia con esa corporación.
Lo que hoy constatamos es la barbarie. La simulación conlleva tragedias que causan agravios muy hondos entre la población que lucha por sus derechos básicos, así como los jóvenes de Ayotzinapa luchan por una educación gratuita y de calidad. Queda claro que entre las corporaciones policiacas no hay una formación seria en el uso adecuado de la fuerza, mucho menos en el respeto a los derechos humanos. No existen controles internos ni cadenas de mando que obliguen a los policías a respetar las normas mínimas de la institución que está obligada a garantizar seguridad a la población. Pero aún resta indagar cómo se cobijan los pactos de impunidad y las alianzas entre los poderes fácticos y los formales.
Un estado donde las fuerzas policiales atacan impunemente a la juventud, donde la policía persigue a los luchadores sociales mientras se alía con los grupos que delinquen, donde la clase política pondera más los votos que las vidas humanas, donde un joven que anhela ser futbolista puede perder la vida por las balas de quienes deberían proteger su sueño, es un estado sumido en la ignominia. Frente a hechos tan graves como la masacre del 26 de septiembre, aún más funestos si se ponen en el contexto de violencia que ha caracterizado los últimos años, se miran pequeñas e ínfimas las típicas y desgastadas promesas de hacer justicia caiga quien caiga.
Retomando al poeta Javier Sicilia, ¡estamos hartos de que nuestros jóvenes dejen la vida en el asfalto por ser lo que deben ser y tener rebeldía! ¡Estamos hastiados de que las autoridades se alíen con quienes roban, violan y secuestran! ¡Estamos fastidiados de que en Guerrero el velo en los ojos de la justicia sólo sirva para no ver los delitos de los poderosos mientras su espada flagela a los luchadores sociales!
No permitamos más atrocidades auspiciadas por el gobierno y por la impunidad. La masacre del 26 de septiembre debe remover las entrañas del pueblo digno de Guerrero y convocarnos, con renovada vocación de unidad, a sacudir los cimientos de un poder que sólo se sirve a sí mismo. A exigir que estos hechos no queden impunes, para que invocar el nombre de nuestro estado deje de ser sinónimo de violencia, impunidad e indefensión. Demandar la ubicación del paradero de todos y cada uno de los estudiantes de Ayotzinapa y, sobre todo, de los que fueron detenidos en las patrullas de la policía de Iguala es una demanda urgente para todos y un compromiso ineludible para las autoridades.