La ejecución del ganadero evidencia la crisis de seguridad en Guerrero: Tlachinollan

La violencia ya encendió un foco amarillo en la entidad, señala el coordinador del organismo, Abel Barrera. La matanza es “síntoma” de que las instituciones encargadas de procurar justicia dejan que los intereses de grupo impongan leyes, considera

Teresa de la Cruz

Chilpancingo

Para el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández, la ejecución de cuatro habitantes –dos de ellos menores de edad– del municipio de Juan R. Escudero, indica que la violencia en Guerrero ha encendido “el foco amarillo” y deja también en evidencia que la seguridad pública, así como el sistema de procuración y administración de justicia, “están en crisis”.

El domingo, el ganadero Víctor Pastrana Santaella y sus tres peones, dos de ellos menores, fueron baleados en el rancho del primero.

Al respecto, Barrera Hernández consideró que en Guerrero se ha encendido “un foco amarillo”, mismo que pone en “alerta” a las autoridades estatales y a partidos políticos para “atender con seriedad cuáles son las causas de está violencia”.

Consultado luego del 66 aniversario del a fundación del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), señaló que estas ejecuciones son un “síntoma” de que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia “dejan que los intereses de grupo impongan leyes”, aunque también mencionó que deja la evidencia de que junto con la seguridad pública “están en crisis”.

Ello porque –aseguró– “no ha habido una revisión de fondo del porqué la justicia sigue siendo una deuda para los guerrerenses, todavía la gente común desconfía de las autoridades e investigaciones, y es que cuando pasan las matanzas la primera hipótesis que sacan es que son problemas de vendetas personales, que son rivalidades por tierras, que son problemas de familiares”.

Pero –según Barrera Hernández– ese tipo de aseveraciones “no ayuda” porque se trata de “la improvisación de las autoridades para hacer investigación, y tratan de poner una cortina de humo, generan una opinión endeble para después ponerse a investigar”.

Aseguró que la violencia en Guerrero es “sintomática”, debido a que “la impunidad prevalece en nuestro diagnóstico, la justicia no forma parte de la democracia en el estado, se privilegian más las acciones autoritarias que los canales de institución y diálogo”.

Agregó que Tlachinollan ha sido “testigo”               de cómo las autoridades dejan crecer los conflictos, “se le apuesta a que la gente resuelva a su modo los problemas que enfrenta y se deja que sea la violencia un factor que dirima los conflictos”.

Ante los próximos comicios electorales, Barrera Hernández sugirió que los candidatos “deben entender cuál es el escenario previo”, ello porque “no se atienden las causas históricas que tienen que ver con un modelo de Estado donde los derechos humanos y la ley no rigen y orientan la vida democrática, los candidatos no deben entretenerse en una virtualidad sino en lo pantanoso que estamos viviendo con violencia, muerte”.

Dijo temer que quede impune la ejecución de los menores, debido a que “los niños no existen para las autoridades, existen en cuanto a estadísticas, pero no como personas o sujetos de derecho, como pasa con los indígenas y la gente discapacitada, hay actores invisibles en Guerrero y se les ningunea, por lo tanto se les niega la justicia”.

Mencionó que como organismo de derechos humanos han emitido propuestas para “empezar a trabajar de fondo con los derechos humanos”, asimismo indicó que también las autoridades estatales deben atender las recomendaciones que emiten las comisiones estatales, nacionales e internacionales de derechos humanos ya que es una manera “de darle una vuelta a la página de la impunidad”.