En Iguala, ejecuciones, detenciones, torturas, colusión de policías con sicarios e impunidad, desde hace más de un año

*Hay documentados asesinatos, agresiones y amenazas a luchadores sociales que no han sido atendidas por los gobiernos municipal ni estatal. En el caso de Hernández Cardona, un testigo señala la participación directa del entonces alcalde Abarca Velázquez

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Acciones irregulares de la policía municipal de Iguala, como sus operaciones combinadas con civiles armados, los retenes en las salidas de esa ciudad, en donde los agentes uniformados extorsionaban a los automovilistas y los pistoleros ejecutaban levantones, se habían venido denunciando desde hace más de un año.
Algunas de las denuncias, incluso, no sólo se hicieron públicas, sino ante el mismo gobierno del estado y ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) por dirigentes de organizaciones sociales y por las víctimas, tanto de los policías como de los civiles armados.
Entre éstas está la detención del coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Eliseo Villar Castillo, ocurrida el 8 de agosto de 2013, cuando incluso tuvieron que intervenir directamente el secretario de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, y el procurador Iñaky Blanco Cabrera, para que fuera liberado.
Asimismo, la detención y torturas que cometieron esos mismos policías y civiles al ahora desaparecido dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Alfonso Sánchez Celis y a al menos tres comisarios de la sierra del municipio de Chilpancingo, en julio del año pasado.
También la detención y tortura del abogado de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Manuel Vázquez Quintero, el 28 de agosto pasado, cuando los policías lo amenazaron diciéndole que en Iguala no permitirían que entrara la Policía Ciudadana, “y que se fuera a la chingada”.
Sin embargo, las autoridades estatales y las municipales de Iguala hicieron caso omiso a las denuncias y prefirieron dejar pasar todas esas arbitrariedades, y no procedieron ni contra los policías ni contra los pistoleros. Pero también dejaron en la impunidad hechos mucho más graves, como la ejecución del síndico procurador Justico Carvajal Salgado, cometido el 8 de marzo del 2013, y la ejecución y torturas del dirigente de Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona y dos de sus compañeros.
Todos estos actos fueron denunciados públicamente y atribuidos tanto a policías municipales como a pistoleros, contra quienes, sin embargo, no se procedió.

Antecedentes

El 8 de marzo de 2013, fue ejecutado a las 7:15 de la noche el síndico perredista Justino Carvajal Salgado cuando entraba a un edificio de la calle Zaragoza, cerca del centro de Iguala, por un grupo de hombres armados que se desplazaban en dos camionetas.
El perredista tenía apenas seis meses de haber tomado posesión como integrante del cabildo presidido por el también perredista, integrante de la corriente Nueva Izquierda, José Luis Abarca Velázquez. Tras su muerte, se supo que días antes de su asesinato ya había sido agredido por un grupo de hombres armados a la entrada del Palacio Municipal.
El 25 de mayo de 2013, siete policías municipales de Iguala fueron detenidos en una patrulla clonada en Teloloapan por militares, y fueron vinculados con el ataque a balazos al Palacio Municipal de esa localidad en el que fallecieron dos policías municipales. Los policías fueron arraigados el 30 de mayo, y un mes después fueron declarados formalmente presos.
El 30 de mayo, el dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona y sus compañeros Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Félix Rafael Bandera Román y Jimmy Castejón fueron levantados por un grupo armado que se desplazaban en dos camionetas, después de que habían participado en una protesta en contra del gobierno de Abarca Velázquez, a quien demandaban fertilizante y obras sociales.
El 3 de junio fueron encontrados cerca de la carretera federal Chilpancingo-Iguala los cadáveres de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román; tenían los ojos vendados y señales aparentes de tortura.
El 25 de noviembre del año pasado, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, encabezada por su presidente Raúl Vera López, en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos José Agustín Pro Juárez (Centroprodh), dio a conocer el testimonio del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa, certificado ante la Notaría Pública número 47del Distrito Federal, en el que aseguró que fue personalmente el presidente municipal Abarca Velázquez quien dio muerte a Hernández Cardona.
“Ya muy noche (del 31 de mayo) llegaron tres personas de los cuales conozco y conocí a dos, y si me los ponen enfrente puedo señalar y son: el presidente municipal (de Iguala) de nombre José Luís Abarca Velázquez, el secretario de Seguridad Pública y otra persona que no conozco, todas ellas con una cerveza barrilito en la mano. El presidente José Luís Abarca se dirigió al ingeniero Arturo Hernández Cardona diciéndole: qué tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte”, narró en el documento notariado.
Sin embargo, el procurador Iñaki Blanco Cabrera respondió ante los medios de comunicación que el testimonio carecía de validez porque no fue hecho ante una autoridad ministerial y conminó al sobreviviente a que lo hiciera aunque sea por escrito.

Recuento de atropellos

El 12 de julio, la agrupación Denuncia Ciudadana de Iguala alertó mediante las redes sociales, “¡Cuidado Iguala! Nos han llegado varias alertas vía inbox, que hay una patrulla municipal pirata que la usan para levantar gente, y (los ocupantes) se hacen pasar por policías municipales”.
El 8 de agosto de 2013, el coordinador de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luís Acatlán, Eliseo Villar Castillo, fue detenido por policías municipales a la entrada de Iguala, cuando regresaba de la ciudad de México.
Entrevistada vía telefónica minutos después, la también coordinadora Adelaida Hernández Nava denunció que a las 10 de la noche, Eliseo había sido detenido y golpeado sin motivo, igual que el taxista que los transportaba, por los policías de Iguala en un retén. Otro de los acompañantes del coordinador denunció que vio en el retén a gente armada vestida de civil.
Adelaida dijo que cuando se identificaron como miembros de la CRAC, el que parecía jefe de los policías les contestó que “a nosotros nos vale madre”, pero que dejaron de golpearlos y decidieron llevárselos a barandilla.
Minutos después, la coordinadora Adelaida Hernández denunció todo esto vía telefónica directamente al secretario de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, quien según ella, dio instrucciones al procurador Iñaki Blanco para que se hiciera cargo personalmente del caso.
Por la intervención del procurador, Eliseo salió libre a las 11 de la noche y el funcionario le recomendó que presentara la denuncia ante el Ministerio Público.
El 30 de julio de 2013, el integrante de la dirección colectiva de la APPG, Alfonso Sánchez Celis, quien se encuentra desaparecido desde el 6 de marzo, fue detenido, maniatado y golpeado por policías municipales de Iguala, cuando regresaba de Taxco junto con un grupo de comisarios de la Sierra de Chilpancingo.
Los comisarios habían participado, con la APPG, en una marcha con los mineros en huelga por los seis años de su movimiento.
Sánchez Celis denunció en esa ocasión que entre los policías había personas vestidas de civil, pero que no vio si portaban armas.
Apenas el viernes 27 de septiembre, el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame denunció que los policías pretendían levantar o desaparecer a Sánchez Celis junto con los comisarios de Ahuejitos, San Vicente y Amojileca, pero que el comisario de Huacalapa vio hacia donde se los llevaron y que cuando pasó el resto de la gente de la APPG fueron a reclamarlos.
Recordó que esa vez presentaron la queja ante la Codehum y la denuncia ante el gobierno del estado, pero que no quisieron proceder.
El 28 de agosto pasado, fue detenido golpeado y amenazado el abogado de la UPOEG y del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC) Manuel Vázquez Quintero y dos de sus acompañantes. La detención ocurrió a las 2:30 de la tarde cuando regresaban a Chilpancingo, en el crucero de Santa Teresa.
Habían ido a Iguala a dar seguimiento a los juicios de amparo que solicitaron ante los juzgados de distrito Quinto y Noveno, para evitar detenciones de los integrantes de su organización.
Los promotores del SSJC fueron liberados después de tres horas y media, y les advirtieron que siempre que regresen a Iguala deben pasar a reportarse a la comandancia de la policía municipal.
Entonces, Vázquez Quintero denunció que uno de los policías le advirtió que en Iguala no permitirán que entre la Policía Ciudadana, y que se fuera “a la chingada… bájale de huevos, ya te cargó la verga, como Policía Comunitaria no deben estar aquí”, le espetó.
Dijo que presentaría la queja ante la Codehum por la agresión y responsabilizó al alcalde, José Luis Abarca Velázquez y al director de Seguridad Pública municipal de lo que pueda pasarles.
Los policías municipales que en ocasiones se hacían acompañar por hombres vestidos de civil instalaban sus retenes en la carretera federal, a la entrada de Iguala, así como a la altura del Naranjo de la carretera Iguala-Taxco, y un tercero en la zona industrial del tramo Iguala-Teloloapan, según coincidieron las víctimas.
En estos sitios, sobre todo por las noches, los automovilistas eran extorsionados por los policías con cantidades que iban desde los 100 hasta los mil pesos, de lo contrario los amenazaban con detenerlos y llevarlos a barandilla.
Precisamente en el tramo Iguala–Teloloapan, el 22 de julio pasado cinco miembros de una familia desaparecieron cuando trasladaban herido de bala a Ismael Aguirre Martínez al hospital general de Chilpancingo.
Aguirre Martínez había sido herido durante un enfrentamiento en la cabecera municipal de Teloloapan, en hechos en los que un joven murió y otros dos resultaron heridos.
Las fuentes policiacas informaron que al llegar a Iguala desaparecieron Félix Aguirre Román, Gregoria Martínez Delgado, María Guadalupe Aranda Rabadán y Mauro Aguirre Martínez, quienes trasladaban en un vehículo particular a Ismael Aguirre, de quienes ya no se supo más.
En ese mismo tramo, el 17 de enero de este año, cinco policías municipales de Pungarabato fueron levantados, pero luego, tras la presión y la intervención inmediata de las autoridades estatales, aparecieron dos días después con huellas de torturas y se negaron a informar lo que les pasó.
Seguridad Pública de Pungarabato informó entonces que el 17 de enero por la tarde, los oficiales regresaban de Chilpancingo, donde asistieron a un curso de actualización en el Instituto de Formación y Capacitación Policial (Infocap), organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil estatal (SSPyPC), cuando misteriosamente desaparecieron al pasar por Iguala en un auto particular.